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Casi 500 cargos públicos apoyan a Rommy Arce ante la investigación por sus tuits sobre la muerte del mantero de Lavapiés

La edil madrileña declara este viernes por un delito de injurias y calumnias. Concejales, diputados y representantes políticos denuncian "la instrumentalización de la justicia para coartar la libertad de expresión" en este caso.

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La concejala del Ayuntamiento de Madrid, Rommy Arce / Ayuntamiento de Madrid

La concejala del Ayuntamiento de Madrid, Rommy Arce, declara este viernes como investigada por un delito de injurias y calumnias derivado de sus críticas a la Policía por la muerte de un mantero en Lavapiés. Ante esta investigación judicial, casi 500 cargos públicos han firmado un documento a favor de la edil y "contra la instrumentalización de la justicia para coartar la libertad de expresión".

Entre los cargos que han apoyado este documento, destacan la diputada nacional de Podemos, Rita Bosaho, el alcalde de Cádiz, José María González Kichi, la líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, el eurodiputado Miguel Urbán, la portavoz de Podemos Madrid, Lorena Ruíz-Huerta o los diputados en la Asamblea regional como Beatriz Gimeno o Isabel Serra. Además, también están otros cargos como el presidente del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Madrid, Francisco Javier Martín TrigueroAngel Guillen Olmos, coportavoz IU Madrid Ciudad Lineal.

Rommy Arce fue llamada a declarar el día 25 de abril tras la interposición de una querella por un presunto delito de incitación al odio a raíz de sus tuits sobre la muerte del mantero de origen senegalés Mmame Mbyae. Esta declaración fue suspendida al haberse iniciado diligencias previas en otro juzgado en este caso por un delito de "calumnias e injurias con publicidad" contra el cuerpo de policía del Ayuntamiento de Madrid. 

El Juzgado de Instrucción madrileño aunó estas querellas interpuestas por UPM, AMPU y el Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM), aunque ha desestimado la de este último por delito de odio. Junto con Arce también están citados como investigados el portavoz del Sindicato de Manteros, Malick Gueye, y cuatro ciudadanos más, este 4 de mayo a las 10:30 horas.

Ante esta acusación, cargos públicos - concejales, diputados autonómicos y estatales y otros representantes políticos - han querido mostrar "solidaridad" con la edil y denunciar el "uso de las vías judiciales" para "acallar" y "amedentrar" voces disidentes y críticas".

Además, inciden en que los querellantes pretenden hacer "un uso torticero y perverso del tipo injurias y calumnias" hacia el cuerpo policial cuando "los tuits ni siquiera mencionan a la Policía". Señalan que a lo que hace referencia la concejala por la red social es a las "causas estructurales" que provocan situaciones como el fallecimiento de Mamem: el "sistema capitalista que levanta fronteras interiores y exteriores" o a las "políticas migratorias racistas y xenófobas que privan de derechos a las migrantes".

Por esto, alegan que la admisitón a trámite de esta querella es "carente de fundamento" y que "debe archivarse de inmediato". "El fondo de la cuestión que ese caso plantea (y que determinados sectores pretenden ocultar) es, precisamente, el que Rommy Arce puso encima de la mesa con sus tuits: la existencia de unas políticas migratorias y contra la población migrante que constituyen, estructuralmente, una práctica cotidiana y dramática de racismo institucional. Quienes firmamos este texto, suscribimos dicha denuncia porque no podemos ni queremos ocultar la violación sistemática de Derechos Humanos que sufre la población migrante", explican en el manifiesto firmado. 

De hecho, inciden en que es paradójico que ante la denuncia pública que hace Arce de la situación de la población migrante, "la denunciada es ella, precisamente una mujer migrante" que, además, "ha sido objeto de ataques mediáticos infundados por parte de la derecha que pretende usar este suceso para criticar su buena gestión como concejala de la ciudad de Madrid". 

Listado de firmas de los cargos públicos