Los últimos datos sobre la implicación del PP en la trama Gürtel desvelados al juez por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía no han hecho mella en el empeño del Gobierno y el Partido Popular por desvincularse de ellos. El último argumentario que la formación ha distribuido a sus filas insiste en el mensaje de ignorar los datos policiales y judiciales y sacar pecho por que el PP es 'el primero que lucha contra la corrupción con hechos'. Los conservadores piden a 'todos los partidos' que se sumen a ellos y, como ha dicho esta mañana en TVE su número tres Carlos Floriano, alcancen 'un pacto por la transparencia para poner fin a la corrupción en el futuro'.

El texto de los conservadores recuerda que este 'paquete de medidas pioneras' en el que trabaja el Gobierno supone haber 'puesto en marcha la primera ley de Transparencia de la democracia', recuperar 'la responsabilidad penal de los partidos, que el PSOE había eliminado en 2010' o reformar 'la ley de partidos políticos, para que las cuentas de los partidos sean más claras'.

El PP recuerda asimismo que la reforma del Código Penal ha introducido 'por primera vez el delito de financiación ilegal de partidos y penas más duras contra el tráfico de influencias, medida a la que se opuso UPyD'. Asimismo, el Ejecutivo se jacta de haber 'agilizado los procedimientos contra la corrupción, con la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal' y el impulso de 'la colaboración con el Tribunal de Cuentas, la Agencia Tributaria, las entidades financieras y la Seguridad Social'.

El argumentario del PP evita referencias concretas a la dilatación en el tiempo de los principales casos de corrupción que hoy copan las portadas, como el caso Palma Arena, que empezó en 2008 (hace seis años) y del que se separó la pieza caso Nóos en 2010 (hace cuatro) o el caso Gürtel-Bárcenas, que reventó en 2009 (hace un lustro). Los conservadores se limitan a enumerar las medidas adoptadas o en adopción, son concretar sus resultados o impacto en las tramas de investigación abiertas, y, en este sentido, concluyen con que el Ejecutivo 'ha reformado la ley de contratos públicos y la de prevención de blanqueo de capitales'.