Izquierda Unida (IU) quiere que los cargos políticos puedan ser movidos de sus puestos por los ciudadanos en caso de no cumplir sus compromisos o que se 'desconecten' de sus representados y, singularmente, plantea que se comience con los miembros de gobiernos a nivel nacional, autonómico o municipal.

Ésta es una las propuestas que IU ha incluido en el documento 'Revolución Democrática y Social' que ha lanzando este miércoles en su página de Internet y que, en principio, tiene previsto enviar a las asambleas de base de IU, al grupo parlamentario de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y a diversas organizaciones sociales y políticas.

El objetivo de esta iniciativa es abrir un debate con la sociedad basándose en una serie de ideas que la federación de izquierdas ha plasmado en un prolijo informe, en el que se recogen propuestas que buscan cambiar las reglas del juego democrático y plantean alternativas sociales 'a la estrategia neoliberal de ajuste económico'.

Según han explicado en rueda de prensa el coordinador y el portavoz de este texto, José Luis Centella y Alberto Garzón, a su vez miembros de la dirección de IU, se trata de una acción política, 'no de una campaña electoral', que pretende ser una plataforma para el debate 'honesto' y 'riguroso' de todas aquellas medidas sociales y de regeneración democrática que son necesarias abordar y en la que IU tendrá muy en cuentas las opiniones de la ciudadanía.

Los políticos podrían ser destituidos si no cumplen, sin necesidad de esperar a unas nuevas elecciones

Por ello, la federación de izquierdas recorrerá toda España en los próximos meses dando a conocer sus propuestas y recopilando todas las ideas que le aporten los ciudadanos porque el fin último es que las conclusiones de este debate tenga su traslación a las estructuras políticas y sociales.

De hecho, han avanzado que algunas de las iniciativas que salgan del mismo las llevarán a debate en el Congreso o de aquellas instituciones en las que estén presentes, pero, además, han apuntado que no se cierran a que también las apliquen a nivel interno de funcionamiento del partido, pudiendo incluso afectar a unos futuros estatutos de IU, y que las aprovechen para diseñar el programa electoral para las próximas generales.

Entre la multitud de propuestas del documento, el diputado de IU y portavoz económico de la Izquierda Plural, Alberto Garzón, ha destacado la urgente necesidad de crear el mecanismo del revocatorio para los cargos con tareas de gobierno, pero están abiertos a que esta figura se pueda extender a todos los cargos políticos.

Según ha explicado Garzón, el revocatorio que sugieren aboga por que los cargos de gobiernos puedan ser  destituidos a lo largo de su mandato sin necesidad de esperar a unas nuevas elecciones si éstos se 'desvinculan o desconectan' del representado o si se 'desvían' de la defensa de los intereses por los cuales fueron elegidos. 'Se trata de un mecanismo de fiscalización permanente que desincentiva comportamientos poco éticos', ha puntualizado.

En los sucesivos debates donde se abordará este asunto, según ha apuntado Centella, se irá tejiendo el diseño de esta figura que ya existe en otros países, como Venezuela, porque IU es consciente de que su configuración tiene complicaciones 'técnicas y jurídicas'.

En todo caso, han querido dejar claro que ésta es una de las muchas novedades que han incluido en un documento con el que se salen de 'la lógica perversa del PP de presentar como regeneración democrática lo que es simple márketing político'.

Unas medidas para recuperar los derechos sociales que el PP está 'arrebatando' a la ciudadanía

En este punto, Centella ha vuelto a advertir a los 'populares' de que no participarán de ningún acuerdo en este sentido si antes no 'abre los cajones' de lo que ha pasado en el partido en los últimos 20 años y su presidente, Mariano Rajoy, da la cara en el Congreso.

El documento elaborado por la Presidencia de IU trata de ser, en palabras de Garzón, 'una brújula democrática' que indicará 'dónde está el norte' respecto a las medidas a tomar para recuperar los derechos sociales que el PP está 'arrebatando' a la ciudadanía, para 'no restringir' la democracia y para que ésta sea 'más participativa', algunas de las cuales pueden necesitar 'una nueva Constitución'.