No es ningún secreto que el Senado no goza de un gran predicamento en el universo político español. Es más, como cámara de representación popular muchos ciudadanos desconocen el papel real que desempeña esta institución en el trabajo legislativo y en la labor de control al Gobierno de turno como corresponde a toda democracia parlamentaria; también como cámara de 'segunda lectura' de los textos que se convertirán en ley o como reflejo de  la complejidad territorial del Estado.

Los senadores y senadoras son conscientes de esta 'mala fama' y todos, sin excepción, aseguran que no está justificada. Es más, desde el arco parlamentario se aportan, sin distinciones ideológicas, todo tipo de razonamientos en un intento de demostrar la cantidad y calidad del trabajo que se desarrolla en la Cámara alta. Sin duda, el denominador común de las quejas se concentra en la escasa atención que los medios de comunicación prestan a su actividad cotidiana como causa no menor para atribuir la 'mala fama' que tiene la institución.

Pero el propio Senado no se ayuda para poder eliminar la lacra que supone la pregunta '¿para qué sirve?', que ya de por sí tiene una difícil respuesta. Algunos datos, altamente significativos, contribuyen a ahondar la deteriorada imagen pública que se tiene de su actividad. Además, un Hemiciclo con una mayoría absoluta, la del PP, abona la sensación de inutilidad que se le atribuye.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no pisa los pasillos de la Cámara alta desde el pasado día 5 de noviembre, cuando se sometió a la sesión de control mensual - instituida por Zapatero en 2004 -. Han pasado ya tres meses y seguramente se cumplirá un mes más sin que se someta a las preguntas de la oposición. De entrada, su presencia no está prevista en el pleno del próximo día 11, el primero tras las vacaciones parlamentarias por Navidad y el 'inhábil' mes de enero, según decisión de la Mesa de la institución que preside el popular Pío García Escudero.

En el caso de que a finales del mes de febrero se celebre el debate sobre el Estado de la Nación en el Congreso de los Diputados, el pleno del Senado de esa semana se trasladará al día 4 de marzo, momento en que Rajoy regresaría a una sesión de control en la Cámara alta. Justo cuatro meses después de su última actuación.

Desde noviembre hasta febrero sólo se ha convocdo un pleno de control

Pero los miembros de su Ejecutivo no se prodigan mucho más ni pueden ser considerados un referente de sometimiento al control de la Cámara alta. Entre el pasado 20 de noviembre y el próximo martes 11 de febrero tan solo se ha convocado un pleno de control, el celebrado el día 17 de diciembre. Es decir, una solitaria sesión de preguntas en 81 días. Todo un alarde de cómo escapar al control de la oposición en el Senado.

Hay ejemplos que revelan el escaso interés del Ejecutivo de Rajoy por someterse al control parlamentario y de la nula fuerza del Senado para obligar a los miembros del Gobierno a comparecer. El ejemplo más llamativo lo protagoniza el ministro Montoro que no ha hecho acto de presencia todavía en la comisión de Hacienda y Administraciones Públicas desde el inicio de la legislatura, en diciembre de 2011, pese a las reiteradas demandas formuladas por los diversos grupos parlamentarios de la oposición.

La ministra de Sanidad, Ana Mato, le ha copiado literalmente el hábito, mientras que otros ministros les siguen de cerca con apenas una comparecencia ante su correspondiente comisión parlamentaria a lo largo de estos dos años y sus cinco periodos de sesiones legislativas. Todo un ejercicio de transparencia y de colaboración. Y ejemplo de la escasa efectividad del Senado como instrumento de control al Gobierno.

En el apartado legislativo el papel de la Cámara alta no es mucho más brillante. La oposición socialista lo ha tildado como 'inútil y residual'; el resto de los grupos emplea calificativos diversos, todos del mismo tenor. Las cifras cantan: el Senado - cámara de segunda lectura - no ha visto ni en pintura el 35,79 % de las normas con rango de ley aprobadas en la actual legislatura. Sencillamente porque se trata de Reales Decretos Ley (RD-L) que el Congreso de los Diputados ha convalidado y que el Gobierno, con el apoyo de la mayoría absoluta del PP, no ha dejado que se tramiten como proyectos de ley, lo que permitiría su debate en el Senado, según un estudio realizado por el grupo parlamentario socialista al que ha tenido acceso Público.

La Cámara alta no ha leído el 35,79% de las normas con rango de ley aprobadas en la actual legislatura Pero hay más. El Gobierno, en lo que va de legislatura, ha utilizado la vía de los Reales Decreto-Ley en 47 ocasiones y de ellos tan solo 13 han sido tramitados, tras su convalidación en la Cámara baja,  como proyectos de ley con su correspondiente trámite parlamentario que implica su paso por el Senado, según los datos del citado informe del grupo parlamentario socialista.

Llegados a este punto todavía es posible dar una vuelta de tuerca más a la endeble actividad parlamentaria en el Senado gracias a la mayoría absoluta del PP. De los 58 proyectos de ley aprobados por esta cámara - según explica el referido informe - 38 de ellos han estado sometidos a un trámite parlamentario 'especial'  que contempla el Reglamento de la cámara: 35 iniciativas se han debatido por el trámite de 'urgencia' y otras 3 por el denominado trámite de 'un mes'. El paquete de los proyectos tramitados por la vía de urgencia se ha liquidado - añade el informe - con una media de 14,71 días por cada iniciativa legislativa. Y los tres que llevaban el sello de 'un mes' no consumieron ese plazo ya que se despacharon con una media de 19,33días por proyecto.  

Todos estos datos revelan un papel nada edificante del trabajo desarrollado por el Senado, tanto en su misión como instrumento parlamentario de control al Gobierno como en su capacidad de intervención en la tarea legislativa. Unas carencias que, con la mayoría absoluta del PP, se ven aumentadas y agravadas en desarrollo de la actual X Legislatura. Al menos hasta el momento, justo cuando se cruza el ecuador de su vigencia.