Greenpeace España, recurriendo a su naturaleza de organización que impulsa acciones de desobediencia civil para denunciar los 'desmanes' medioambientales, recuerda que, en democracia, los derechos fundamentales de libre expresión y reunión y manifestación, e incluso la desobediencia civil, son vías políticas legítimas para promover cambios y reformas sociales y ambientales. Unas horas después de que un grupo de activistas hayan amordazado de forma simbólica a los leones del Congreso de los Diputados para protestar contra el anteproyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, han presentado en su sede la capital un estudio que han hecho sobre dicha legislación, bautizada como Ley Mordaza. En él, exponen los graves riesgos que conlleva este proyecto de ley para los derechos de libre expresión y reunión y manifestación, recogidos en al Constitución.

En el informe, titulado 'No a la Ley Antiprotesta. Un análisis del anteproyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana', recuerdan que el anteproyecto, junto a la reforma del Código Penal, vulneran el Convenio para la protección de los derechos y de las libertades fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, firmada en 2007, vigente desde 2009 en la UE y jurídicamente vinculante. Igualmente, incumplen tanto los artículos sobre el derecho de reunión y de libertad de expresión recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 como en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966.

'Esta ley viola los derechos de libertad de expresión y de manifestación y se criminaliza la desobediencia civil' Por esta razón, tras la acción de esta mañana, Greepeace anima a los ciudadanos a que individualmente muestren su rechazo a la Ley colocando mordazas, este sábado 1 de marzo, para exponer de forma simbólica el descontento de la sociedad. En más de 20 ciudades españoles los activistas de Greenpeace también secundarán esta acción de protesta.

'Esta es una campaña por la defensa del derecho legítimo a hacer lo que llevamos haciendo durante décadas, protestar mediante la desobediencia civil no violenta contra los dramas mediambientales. Pero no van a amordazar a Greenpeace', ha afirmado en la rueda de prensa Mario Rodríguez, quien ha recordado que la organización tiene más de 100 activistas encausados por la Justicia y multas que ascienden a 900.000 euros.

En palabras del mismo Rodríguez, 'podría parecer que despenalizar algunas acciones y convertirlas en faltas sería una rebaja y algo más democrático. Pero es lo contrario. Al convertirlas en faltas administrativas se pierde la presunción de inocencia y la tutela judicial, además de tener que pagar las tasas, gracias a la ley de Gallardón'. Y, de esta forma, 'en el proceso administrativo prevalece lo que dice el agente y si se quiere recurrir hay que pagar'. De lo que se trata, en suma, es de 'cambiar la tutela judicial por la tutela policial', ha añadido Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace.

'Lo que provoca inseguridad es el paro, el rescate a los bancos o la corrupción de los políticos' 'Esta ley viola los derechos de libertad de expresión y de manifestación y se criminaliza la desobediencia civil, histórico motor de avances sociales', ha añadido Soto. También ha explicado cómo nadie hoy percibe un problema de seguridad en España, puesto que es uno de los países más seguros de Europa, por lo que no existe una demanda social que justifique el endurecimiento de la legislación impulsado el ministro Jorge Fernández Díaz. 'Lo que provoca inseguridad en los ciudadanos es el paro, el rescate a los bancos o la corrupción de los políticos', ha espetado.

Además, los ecologistas denuncian que el anteproyecto de ley busca sancionar acciones específicas que sólo hace su organización, como protestar en infraestructuras críticas. Han recordado que éstas se recogen sólo en un informe secreto, 'por lo que no podemos saber qué infraestructuras son críticas'. Y, con lo que establece, si a un activista le detienen también podrán multar a Greenpeace por responsabilidad solidaria. De esta forma, por la acción de hoy en el Congreso de los Diputados podrían ser multados triplemente con hasta 90.000 euros: 30.000 por protestar en el Congreso, 30.000 por desobediencia y otros 30.000 a Greenpeace por responsabilidad solidaria

La vulneración de los derechos de libre expresión y reunión.

El aumento de la indefensión debido a la ausencia de tutela judicial.

La arbitrariedad de la ley.

La inseguridad jurídica debido a la vaguedad e imprecisión del texto.

La equiparación de la autoría de un delito con su convocatoria.

El aumento de las sanciones y desproporcionalidad del régimen sancionador.

El regreso al listado de vagos y maleantes, con Registro de Infractores.