Su nombre, Mohamed Aziz, pasará a la historia jurídica de España. Porque la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que resuelve su caso dio todo un vuelco al sistema de ejecución hipotecaria.

Pero Mohamed Aziz no se ha podido beneficiar de la sentencia que le dio la razón y no ha recuperado su casa ejecutada por un banco. Aziz sigue viviendo en un piso de alquiler social de Martorell, ayudado por la comunidad marroquí. Le cuesta 150 euros de los 450 que gana al mes para mantener cuatro bocas: las de sus dos hijos y su esposa.

Hoy se cumple un año de la promulgación de aquella sentencia (Mohamed Aziz contra Caixa d´Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa, asunto C-415/11). Fue el 14 de marzo de 2013.

Es un aniversario 'agridulce' para su abogado, Dionisio Moreno, quien buscó los recovecos del sistema para alcanzar la cúpula del sistema judicial europeo. Moreno actuó a la desesperada, ante la inminencia de la ejecución de la casa de Aziz, como así ocurrió. Y el juez de lo Mercantil que le tocó, José María Fernández Seijo, titular del número 3 de Barcelona, presentó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE.

El TJUE respondió con una sentencia en la que establece que el juez español puede entrar a analizar una ejecución hipotecaria, porque antes no podía siquiera juzgar si contenía algún abuso.

Otro punto clave de aquella sentencia abrió todo un melón de demandas: el juez está obligado a estudiar si hay cláusulas abusivas.

El desequilibrio entre el consumidor y el profesional está especialmente protegido en la Directiva 93/13/CEE. Y a ella se agarró Dionisio Moreno para evitar la ejecución de Aziz.

Moreno entregó en el tribunal de Luxemburgo documentos, estadísticas... Más de 50 pruebas del desequilibrio existente en España entre el consumidor y los bancos.

Seijo tenía experiencia. Es un juez estudioso y sensibilizado, que ya en el año 2000 consiguió del TJUE la anulación, por abusivas, unas cláusulas del contrato de la editorial Salvat que obligaba a que cualquier discrepancia en la compra a plazos de enciclopedias y libros de la editorial se resolvieran en Barcelona, fuera cual fuera la residencia del consumidor.La

La sentencia del caso Aziz se dictó cuando la Plantaforma de Afectados por las Hipotecas llevaba cuatro años de acciones de protesta. Al mismo tiempo, se había presentado en las Cortes Generales una Iniciativa Legislativa Popular que reunión un millón y medio de firmas para cambiar la legislación, y un informe de jueces de lo civil, coordinados por el decano de Valencia, Pedro Viguer, había puesto previamente el dedo en la llaga y reclamó la necesidad de cambios.

Llegó una Ley que, en teoría, resolvería el problema , la Ley 1/2013. Pero no ha ocurrido así. Una disposición adicional prohíbe que Aziz recupere su casa, porque no se puede aplicar a quienes ya habían sufrido el lanzamiento de su casa, como ocurre con él.

Por si fuera poco, ha judicializado el proceso, llenando los juzgados de primera instancia y los de pueblo - los mixtos- de demandas, en lugar de situar dichos casos en los Juzgados de lo Mercantil, donde hay jueces especializados.

'Para mi esto sigue siendo una ruina. La gente que viene a mi es muy pobre, no puede pagar. Vienen del Banco de Alimentos, ¿qué le vas a cobrar? Son muertos sociales', se lamenta Dionisio Moreno.

Desde un pequeño despacho que ha habilitado, Moreno sigue respondiendo a las ejecuciones hipotecarias. 'Estamos agotados', destaca Moreno, quien celebra hoy este aniversario de forma discreta, con Verónica Dávalos, otra abogada vinculada a la PAH y de larga experiencia en materia de ejecuciones hipotecarias.