La pesadilla comenzaba con la derrota en las urnas en 2010, pero la crisis interna del PSC se fue cocinando a raíz de que en septiembre de 2012  el president de la Generalitat, Artur Mas, pusiera en marcha su hoja de ruta que debía culminar con una consulta al pueblo catalán acerca de su deseo de permanecer o no en España, y de qué manera. ¿Debían los socialistas primar su posición catalanista a su tradicional respaldo al Estado de las autonomías y su sintonía con su partido hermano, el PSOE?

Ayer, un año y siete meses después de que se comenzara a plantear esta cuestión, la pregunta seguía en el aire. La renuncia de una decena de miembros de la Ejecutiva regional del PSC de Girona a seguir permaneciendo en la dirección del partido, incluido el gesto de Joaquim Nadal, el que fuera el jefe de la oposición en Catalunya de 2010 a 2012, volvía a evidenciar la división existente entre quienes dan una u otra respuesta a ese interrogante.

La dirección nacional de los socialistas catalanes, encabezada por Pere Navarro, ha optado por acordar una estrategia con el PSOE que dista de las posturas que defienden CiU, ERC e ICV en Catalunya a favor de la celebración del referéndum del 9 de noviembre, y que pasa por una reforma constitucional en clave federal que posteriormente será consultada a los catalanes. El sector crítico, minoritario en el Consell Nacional pero con peso en Girona o en las Terres de l'Ebre, aboga por sumarse a la ola soberanista y reivindicar la consulta respaldada por la mayoría del Parlament.

Ese es pulso que han mantenido unos y otros a lo largo del último año y medio, y el que parece dejar claras unas diferencias que hasta el momento han resultado ser insalvables en el seno de un partido que nació en la transición precisamente de la integración de distintas sensibilidades y partidos socialdemócratas, y de fuerzas más o menos federalistas.

Diputados estatales cercanos a Navarro culpabilizaban ayer del clima que perdura en su partido a que los críticos 'no aceptan las posturas mayoritarias que han sido refrendadas por los órganos del PSC'.  Los críticos apelaban anoche a la resistencia de la Ejecutiva a 'escuchar la voluntad mayoritaria del pueblo catalán' por 'intereses electorales' y por ir 'a rebufo del PSOE de Rubalcaba'. 

Estas discrepancias se remontan ya a finales de septiembre de 2012, cuando a las puertas de las elecciones del 25 de noviembre el grupo parlamentario de los socialistas en el Parlament se dividió en dos a la hora de apoyar una resolución de CiU y ERC a favor de la consulta soberanista. Finalmente se optó por establecer la disciplina de voto en la abstención, si bien el entonces diputado, el exconseller Ernest Maragall, votó a favor. A los pocos días, éste abandonaba el PSC para crear Nova Esquerra Catalana.

Los socialistas catalanes incluían entonces el derecho a decidir en su programa electoral, provocando una histórica crisis con el PSOE. La discrepancia con el partido que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba hacía que los diputados del PSC en el Congreso rompieran hasta en dos ocasiones la disciplina de voto del Grupo Parlamentario Socialista, situando las relaciones entre ambas formaciones al borde de la ruptura. Y precisamente el acuerdo entre los dos, que se cerró primero durante el Consejo Territorial de Granada de junio de 2013, provocó una nueva crisis interna en el PSC.

La propuesta de reforma constitucional en clave federal que salió de la conocida como Declaración de Granada no resultó suficiente a los sectores críticos, a pesar de que el Consell Nacional del PSC ratificó estas posiciones. Tampoco el Comité de Coordinación Política entre ambos partidos hermanos, cuyos máximos responsables, Rubalcaba y Navarro, se reunieron el lunes en Madrid para acordar una posición común sobre Catalunya en la campaña de las próximas elecciones europeas. 

Pero quizás uno de los momentos más delicados de la crisis permanente que sufren los socialistas catalanes se produjo el pasado mes de enero, cuando el Parlament aprobó trasladar al Congreso de los Diputados una petición para que fueran traspasadas a las instituciones catalanas las competencias para convocar referendos, una exigencia que fue rechazada por el pleno de la Cámara Baja el pasado 8 de abril.

El Consell Nacional había aprobado en noviembre y por un 83% votar en contra de esa resolución del parlamento catalán. Pero tres diputados, Marina Geli, Joan Ignasi Elena y Nuria Ventura, se saltaron la disciplina de voto y apoyaron la iniciativa promulgada por las fuerzas nacionalistas, por lo que fueron apartados de sus responsabilidades parlamentarias, aunque no expulsados del partido. Además de la decisión de los tres diputados díscolos, el asunto motivó la salida de Rocío Martínez-Sampere de la Ejecutiva del partido -si bien finalmente cumplió la disciplina de voto-, al igual que la exdiputada Laia Bonet, que también dejó la dirección del PSC. Asimismo, el alcalde de Lleida Àngel Ros renunció a su escaño en el Parlament por este asunto para evitar escenificar la ruptura del partido en el Parlament.