El Juzgado de Primera Instancia número 11 de Palma de Mallorca ha dictado una resolución en la que suspende el plazo de la ejecución hipotecaria de una vivienda y aconseja a la mujer ejecutada que consulte con Stop Desahucios para conocer todos sus derechos.

En la resolución, la secretaria judicial, Aranzazu Galarraga, hace constar la comparecencia de una vecina de Palma, que comunica al juzgado haber recibido una providencia sobre la ejecución de la hipoteca de su casa. El crédito estaba firmado con el Banco Mare Nostrum y, si no paga la totalidad del dinero del crédito que le reclama la entidad, su vivienda saldrá a subasta y ella será desalojada si se opone.

En su comparecencia, la ejecutada comunica al juzgado que va a solicita abogado de oficio al colegio de abogados de Palma. Y la secretaria judicial agrega: 'En este acto, se le comunica la ubicación de la asociación STOP Desahucios a los efectos de que le asesoren en el presente procedimiento'.

El juzgado dejó en suspenso el breve plazo que existe para poder alegar en caso de ejecución hipotecaria, hasta que el Colegio de Abogados resuelva si la afectada puede acceder a un abogado de oficio y lo designe.

La deficiente situación de los edificios judiciales es un problema que se agrava. Hay edificios que no superarían una inspección de trabajo en muchos lugares de España.

El último derrumbe se ha producido en un juzgado de Palma, cuando el pasado viernes se cayó parte del techo del semisótano donde se guardan los expedientes de 2010 a 2012.

El juez decano de Palma, Francisco Martínez, ha prohibido el acceso al edificio donde se encuentra el Juzgado de lo Penal 8, así como a sus aledaños ante el peligro de derrumbe.

Este juzgado, situado en la Vía Alemania, ejecuta las sentencias de los partidos judiciales de Palma, Manacor e Inca y, en estos momentos, está pendiente de ejecutar 3.000 sentencias. Entre ellas se encuentran órdenes de busca y captura, averiguación de paraderos, expulsiones, abonos de multas e indemnizaciones, así como delitos de diversa índole.

El Ministerio de Justicia, responsable de los medios materiales y de los recursos humanos en Baleares, ya ha sido informado del problema.

Por su parte, los juzgados de lo Mercantil de Palma se han visto obligados a suspender juicios señalados meses antes debido a que el ministerio de Justicia ha rechazado autorizar la partida presupuestaria necesaria para renovar el contrato del juez de refuerzo que tenía el Juzgado de lo Mercantil 1.  El Consejo General del Poder Judicial aporta el juez, pero el pago salario de este juez de refuerzo depende del Ministerio.

Los jueces de lo Mercantil denunciaron el pasado miércoles la amenaza de bloqueo total que afecta a esa jurisdicción, sobrepasada por el aumento de los concursos de acreedores a raíz de la crisis económica surgida en 2008 que alcanza cifras nunca vistas. Los dos juzgados de lo Mercantil de la isla batieron en 2013 todos sus registros de entrada de concursos de acreedores, con un total de 437 asuntos, según los datos oficiales del Poder Judicial.