La soprano Montserrat Caballé ha negado este viernes ante el juez haber defraudado medio millón de euros a Hacienda en el ejercicio del IRPF de 2010 y ha mantenido que en ese año residía habitualmente en su casa de Andorra y sólo se desplazaba a Barcelona para acudir al médico.

Según han informado fuentes judiciales, la soprano ha estado declarando durante hora y media en su domicilio de Barcelona, al que ha acudido el juez que investiga la querella presentada contra ella por la Fiscalía por defraudar presuntamente medio millón de euros a Hacienda.

En medio de una gran expectación mediática, con una veintena de periodistas, cámaras de televisión y fotógrafos a las puertas de la vivienda, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona, Josep Maria Miquel Porres, ha llegado minutos después de las diez de la mañana, acompañado del secretario judicial y la fiscal del caso. La comitiva judicial abandonó el inmueble sobre las 11.45 horas sin hacer declaraciones.

Antes de las diez de la mañana ha llegado también al domicilio de Caballé su abogado, Santiago Ayesta, recibido por numerosos periodistas que esperaban en la puerta de la vivienda de la diva, situada en un edificio de la Avinguda Josep Tarradellas, al lado de la estación de Sants. El juez se ha presentado en el domicilio después de que la forense avalase un informe médico de Caballé que alegaba problemas de movilidad y de salud por su avanzada edad, 81 años.

La soprano ha devuelto ya a la Agencia Tributaria 300.000 euros de los 508.462 que se le acusa de hacer defraudado en su declaración de IRPF correspondiente al año 2010, simulando tener residencia andorrana. La Fiscalía considera que, pese a vivir en España en 2010, figuraba como residente en Andorra 'a los solos efectos de no tributar en la Hacienda Pública Española', viviendo en Barcelona y desplazándose sólo al extranjero por motivos profesionales.

Caballé está tratando de reunir la cantidad restante para saldar su deuda con Hacienda, de cara a evitar un eventual juicio. La diva deberá pagar el total de dinero evadido a Hacienda, más la multa correspondiente -que según el Código Penal oscila entre dos y seis veces la cantidad defraudada-, para pactar con la Fiscalía una rebaja en la condena por el delito de fraude fiscal.