La reforma de la justicia universal no va a conseguir paralizar la investigación por el asesinato del cámara de Telecinco José Couso en Bagdad en 2003 a manos de militares de EEUU. Así lo ha decidido el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional este viernes, que ha avalado la decisión del juez Santiago Pedraz de continuar con la instrucción. Los 16 magistrados presentes en la reunión han rechazado el recurso presentado por la Fiscalía en el que pedía que el juez instructor cerrara la causa y la elevara a este órgano superior para su archivo.

Pedraz rechazó el pasado 17 de marzo archivar este procedimiento al considerar que la limitación de la justicia universal aprobada por el Congreso de los Diputados contravendría la cuarta Convención de Ginebra, que obliga a 'perseguir los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado'.

La nueva normativa establece que los tribunales españoles sólo son competentes para investigar causas de justicia universal cuando los investigados tengan la nacionalidad española, residan en nuestro país o existan indicios de que el delito se cometió en territorio nacional. Y eso ha provocado la puesta en libertad de numerosos narcotraficantes desde su aprobación. Sin ir más lejos, este mismo viernes otros cinco narcos podrían salir de prisión sin ser juzgados gracias a la reforma del ministro Alberto Ruiz-Gallardón.

'Esto demuestra la independencia de la Justicia frente a las presiones exteriores y que hay una jerarquía que está dispuesta a defender los derechos de los ciudadanos y que no va a permitir la impunidad', dijo a Público en una conversación telefónica David Couso, uno de los hermanos de José.

Cuestionado sobre si esto abre nuevas esperanzas para la familia después de 11 años de lucha para que se siguiera investigando el asesinato, Couso explica que 'nosotros no hemos perdido nunca la esperanza en la Justicia incluso pese a todos los intentos que hemos tenido que afrontar durante este tiempo para frenar la investigación. Hemos tenido dos intentos de archivo de la causa, después vinieron las filtraciones de WikiLeaks, en los últimos meses las declaraciones de miembros del PP tratando de influir en los magistrados diciendo que era una extravagancia que siguieran investigando...'.

La Fiscalía recurrió su decisiónalegando que Pedraz se había 'extralimitado' y había 'vulnerado palmariamente' las normas de competencia funcional, al negarse a cerrar la posibilidad de que las partes plantearan una cuestión de inconstitucionalidad contra la limitación de la justicia universal. El juez rechazó el 27 de marzo este recurso asegurando que la reforma, impulsada por el trámite de urgencia por el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, carece 'de sentido' y presenta 'evidentes lagunas' que hacen imposible su aplicación a este caso.

Ante este nuevo auto, el fiscal presentó su recurso de queja ante el Pleno de la Sala de lo Penal, al que el juez se opuso en un escrito de alegación en el que ponía de manifiesto la diferencia de criterio en este asunto entre la Fiscalía de la Audiencia Nacional y otras secciones del Ministerio Público como Anticorrupción o Antidroga. 'Mientras una Fiscalía aboga por una interpretación amplia, otra ─la de la Audiencia Nacional─ respalda una interpretación más restrictiva', señalaba Pedraz en su escrito, en el que criticaba el 'peculiar' trámite procesal que le solicitaba la acusación pública.

En la causa están procesados y bajo orden de busca y captura tres militares del Ejército estadounidense por un delito contra la comunidad internacional en concurso con otro de homicidio. Se trata del teniente coronel Philip de Camp, el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson.

Couso murió en el hotel Palestina de Bagdad (Irak) el 8 de abril de 2003 al ser disparado mientras grababa la entrada de las tropas estadounidenses en la ciudad.

La decisión sobre el caso Couso se ha conocido en un receso de la reunión que comenzó pasadas las 9.30 horas y que prosigue con la deliberación sobre el cierre de la causa por la represión en el Tíbet, que afecta a cinco exdirigentes chinos, entre ellos el expresidente Jian Zeming, y si tiene que excarcelar a otros cinco narcos extranjeros apresados en barcos fuera de aguas territoriales.

Sobre este último asunto, el pleno ha acordado devolver a la sección segunda el caso, que ayer iba a comenzar a ser juzgado, para que abra la vista oral y en sus cuestiones previas las partes planteen si cabe excarcelar a los acusados como consecuencia de la reforma. Se trata de cinco presuntos narcotraficantes ─un coreano y cuatro brasileños─ que fueron detenidos en marzo de 2013 en un buque fuera de las aguas territoriales españolas con 1,7 toneladas de cocaína valorada en 60 millones.

La Sala ya ha avalado la liberación de 47 narcotraficantes extranjeros apresados en barcos fuera del territorio nacional y hoy la Fiscalía ha recurrido ante el Tribunal Supremo la decisión del pleno de excarcelar a todos estos narcos al discrepar con la interpretación de la Audiencia Nacional sobre la competencia de la jurisdicción española en la persecución de estos casos, tras la nueva redacción del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.