La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha avisado este lunes de que su partido ve 'bastantes problemas' en el 'procedimiento' adoptado para aforar al rey Juan Carlos 'y en su concepción', y ha dejado claro que los socialistas no han decidido aún su posición sobre esta reforma legislativa. En declaraciones a la Cadena Ser, Valenciano ha avanzado que los socialistas discutirán el asunto este lunes en la comisión permanente de la Ejecutiva Federal del PSOE, y por la tarde en la llamada permanente del Grupo Parlamentario, que reúne a la dirección del Grupo y a los portavoces de área.

La número dos del PSOE y actual eurodiputada ha dejado claro que todavía no ha visto el texto presentado por el grupo popular, pero sí ha avisado de que a los socialistas les parece que 'tiene bastantes problemas en su procedimiento y en su concepción'.

Por todo ello, el PSOE se abstendrá en la regulación del aforamiento del rey Juan Carlos, ya que no considera adecuado que este asunto se aborde a través de enmiendas a una ley que 'nada tiene que ver' con esta cuestión. En una rueda de prensa en Ferraz, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Soraya Rodríguez, ha anunciado que ha explicado que los socialistas consideran 'apropiado' estudiar 'la posibilidad de dar un tratamiento procesal a algunos miembros de la familia real', pero no admite 'la forma utilizada por el Gobierno para abordar esta cuestión'. Rodríguez ha criticado que se pretenda regular el aforamiento a través de unas enmiendas a la ley de racionalización del sector público y que se haga con esta 'rapidez' que impide el debate 'necesario' que, en su opinión, debería hacerse en el Congreso. Por eso, ha explicado que la comisión permanente de la Ejecutiva Federal propondrá la abstención a estas enmiendas.

El Congreso ha convocado para el próximo martes por la mañana la reunión de la Comisión de Justicia que aprobará la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que adapta al mundo de la Justicia medidas de racionalización del sector público y en la que el PP incorporará dos enmiendas que garanticen el aforamiento a los reyes Juan Carlos y Sofía, la reina Letizia, y la princesa de Asturias y su futuro consorte. Se trata de un texto que modifica apenas tres artículos de la Ley del Poder Judicial con el fin de adaptar el régimen laboral de jueces, fiscales y funcionarios a la nueva Ley de Racionalización del sector público.

Tras la abdicación de Juan Carlos I y la proclamación de su hijo como nuevo rey, el PP ha decidido que esta reforma en trámite de la LOPJ, que es la norma donde también se regula los aforamientos ante tribunales especiales, era la vía más adecuada para garantizar la protección jurídica a la familia del Jefe del Estado.

Anticipándose a lo que iba a regular la futura reforma global de la LOPJ, actualmente en fase de anteproyecto, y adaptándose al hecho inusual de tener reyes abdicados, el PP registró este viernes dos enmiendas para que pasen a considerarse aforados los reyes que abdican (ahora Juan Carlos), sus consortes (Sofía), los consortes del rey (la reina Letizia) y los príncipes de Asturias (de momento Leonor y su futuro cónyuge). Tendrán, por tanto, el mismo nivel de protección jurídica que los diputados y senadores, lo que implica que las acciones judiciales que se abran contra ellos deberán tramitarse en las salas civil y penal del Tribunal Supremo.

Además, a través de la segunda enmienda registrada por el PP se incluirá una disposición transitoria para que, en el caso de que algún tribunal esté tramitando alguna causa contra los nuevos aforados reales cuando la ley entre en vigor, éstas sean suspendidas y remitidas al Tribunal Supremo. Esa reforma puntual de la LOPJ, con las enmiendas que presenten los distintos grupos parlamentarios, será examinada este lunes en una ponencia parlamentaria nombrada al efecto y al día siguiente se debatirá y aprobará en la Comisión de Justicia, según la convocatoria cursada este mismo vienes.

Los grupos parlamentarios de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD y PNV coincidieron este lunes en rechazar el aforamiento especial para Juan Carlos y parte de la Familia Real, pues no comparten la necesidad ni la precipitación con que se va a llevar a cabo el cambio legal. Así las cosas, al inicio de la reunión de la ponencia parlamentaria encargada de estudiar la 'ley orgánica complementaria de la Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial', el PP no ha logrado recabar más apoyos de los que contaba el viernes, es decir la firma de UPN y Foro Asturias a la enmienda registrada. Es más, desde Izquierda Plural ya anuncian un recurso ante la Mesa del Congreso. Según ha indicado su portavoz de Justicia, Gaspar Llamazares, el plazo para la presentación de enmiendas finalizó el pasado viernes a las ocho de la tarde y, teniendo en cuenta que el domingo es inhábil, a su juicio no se han respetado los tiempos que fijan las normas de la Cámara.

Además, para Izquierda Plural, también vulnera el Reglamento y la doctrina del Tribunal Constitucional utilizar una ley cuyo contenido 'no tiene nada que ver' con los aforamientos reales que se quieren regular. En este caso, se trata de la ley orgánica de reforma de la del Poder Judicial, complementaria de la norma sobre la Racionalización del Sector Público.

Irene Lozano, de UPyD, ha insistido en la posición de su grupo en contra de todos los aforamientos, que en su opinión son 'un privilegio arcaico' que habría que eliminar, y de hecho en sus enmiendas al proyecto de ley plantean acabar directamente con todos los que no están en la Constitución y mantener los 600 del Gobierno y miembros de las Cortes Generales sólo a al espera de que se cambie la Carta Magna. En el caso e la Familia Real, sostiene que además el concepto de aforamiento se amplía porque no se condiciona al desempeño del cargo, ya que no ostentan ninguno. Su voto, por tanto, será contrario a la enmienda del PP, al considerar que se abre la puerta a una distinción entre la justicia para los ciudadanos, 'cara y lenta', y otra más 'cómoda' para los aforados, lo que a sy juicio mina la credibilidad de la democracia.

Por su parte, el portavoz de Justicia del PNV, Emilio Olabarria, ha expresado sus reservas tanto por el procedimiento, que a su juicio 'levanta suspicacias' dada su celeridad, como por el fondo, pues entiende que se otorga al Rey abdicado y demás miembros de la Familia Real una protección 'demasiado potente'. En ese sentido, interpreta que mientras que la Constitución da aforamiento al Gobierno, diputados y senadores por actos en el ejercicio de su cargo, para el Rey saliente es más amplio en tanto en cuanto no ocupa ningún cargo, lo cual ya está 'muy próximo al privilegio'.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha calculado que el rey Juan Carlos tendrá la condición de aforado en el plazo de unos 15 días, el tiempo que cree que tardará la tramitación parlamentaria de la norma en la que se ha incluido ese aforamiento. Rajoy ha defendido el aforamiento de Juan Carlos en declaraciones a los periodistas en la ciudad de Gdansk (Polonia) antes del inicio de la X cumbre hispano-polaca, informa Efe.

El jefe del Ejecutivo ha calificado de 'lógica y razonable' esa condición de aforado ante la Justicia y ha considerado difícil discutirlo cuando la tienen también muchos cargos, como los parlamentarios nacionales y autonómicos. Rajoy se ha mostrado convencido de que no va a haber ninguna actividad de Juan Carlos que precise de la intervención de los tribunales, pero ha insistido en defender su aforamiento tras casi 40 años como rey de España. Ante la fórmula elegida para el aforamiento, ha señalado que no se trata de que se haga más o menos rápido, sino de 'hacer las cosas bien'.

No obstante, ha explicado que, como no se podía hacer por real decreto, sino que es obligatoria una ley orgánica, presentar una nueva dilataría varios meses el proceso, mientras que hacerlo por vía de enmienda a una ley ya en las Cortes acorta el plazo a unos 15 días.

El presidente del Gobierno ha insistido en la normalidad del proceso de sucesión en la Corona que ha vivido España y en que la Constitución ha permitido que en 15 días se hayan cumplido todos los requisitos desde el anuncio de la abdicación de Juan Carlos hasta la proclamación de Felipe VI.