Amnistía Internacional pide al Gobierno español que 'deje de utilizar el Código Penal para disuadir a los ciudadanos de su derecho a manifestación'. Así de contundente se ha mostrado Belén Municio, activista de Relaciones Institucionales de la organización, en su intervención en la mesa redonda celebrada durante la tarde de este jueves, pasadas las 19.00 horas de la tarde, en El Foro de Madrid.

El acto, que ha contado además con la participación del diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares; Luis Vega, de la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores; y Carlos García Berro, de la Unión Progresista de Fiscales, se ha centrado en la 'criminalización de la protesta social' que según denuncian tiene lugar en los últimos tiempos.

Llamazares: 'Nunca ha habido una petición de pena tan alta, 130 años, por ejercer el derecho a huelga'

'Se corre el riesgo de restringir los derechos fundamentales', ha asegurado Llamazares. 'Podríamos pasar del estado penal al estado de excepción'. El diputado de Izquierda Unida afirma que 'todo gobierno se justifica a sí mismo cambiando el Código Penal' y ha remarcado que 'nunca ha habido una petición de pena tan alta, 130 años, por ejercer el derecho a huelga'. También ha apuntado que las elecciones europeas han supuesto un 'giro a la izquierda' en la política española.

Carlos García Berro, de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), ha señalado que existe una 'exacervación punitiva' y que, en consecuencia, España 'se está convirtiendo en un Estado con derecho y no de derecho'. 'Volvemos atrás', ha afirmado.

Luis Vega, de la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores (AMAL), ha asegurado que los artículos del 522 al 525 del Código Penal, que hablan del escarnio, al ligarse a la religión 'convierten el escarnio en blasfemia', con lo cual 'se pena la blasfemia', y ha puesto como ejemplo lo que ocurrió cuando su organización convocó una manifestación en jueves santo: les costó 5 querellas, además de no poder celebrar la concentración porque no hubieran podido pagar la multa consiguiente. Señala que convocaron la protesta para demostrar que 'España no es un Estado confesional, pero hay días que son propiedad de la Iglesia'.

Han recordado también a algunos de los afectados por las manifestaciones de los últimos meses, en concreto los detenidos y los heridos por policías con material antidisturbios, cuyo 'exceso de utilización' también condena Amnistía Internacional.