El Gobierno ha dado una vez más la callada por respuesta a las exigencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en este caso en relación a las peticiones de la relatora sobre pobreza extrema de la institución, Magdalena Sepúlveda, muy crítica con los criterios de atención sanitaria aplicados en nuestro país.

El 29 de abril, Sepúlveda exigió por escrito al Ejecutivo de Mariano Rajoy un 'cambio de rumbo' en este sentido, argumentado que ha sido informada de 'incidentes inaceptables', en relación a la falta de tratamiento para inmigrantes pobres e indocumentados y otras personas, y esgrimiendo que 'los principios básicos de Derechos Humanos no pueden ser ignorados a causa de presiones fiscales'.

ONU: 'Los principios básicos de DDHH no pueden ser ignorados a causa de presiones fiscales'

El mismo día en que remitió esta misiva, el diputado de Amaiur (Grupo Mixto), Jon Iñarritu, presentó tres preguntas al respecto al Ejecutivo, que ni siquiera ha nombrado a la Organización de las Naciones Unidas en su respuesta.

Las preguntas de Amaiur eran claras: '¿Qué opinión le merecen al Gobierno las opiniones de la ONU sobre el acceso a la sanidad de los extranjeros?; ¿Ha respondido el Gobierno de España a la ONU? ¿En qué términos?; ¿Considera el Gobierno realizar modificaciones para que todos los ciudadanos, con independencia de su estatus legal, tengan acceso general a la sanidad?'.

Sin embargo, en su respuesta presentada en el registro el 27 de junio el Ejecutivo ha evitado hacer mención a las exigencias de Naciones Unidas e incluso a la propia institución, haciendo caso omiso a las críticas de la relatora Sepúlveda, asegurando que el Real Decreto-Ley 16/2012 sobre atención sanitaria ha recibido el visto bueno del Consejo de la Unión Europea, e insistiendo en que 'cubre todas las contingencias de salud pública'.

También ha ignorado la pregunta directa de Amaiur sobre las posibles modificaciones a aplicar para garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la sanidad, y ha reivindicado la 'generosidad en el tratamiento a estas personas [en relación a los extranjeros sin papeles]'.

En su misiva, la relatora de la ONU corrigió al Gobierno en lo que a su interpretación de los conceptos universal, pública, gratuita y discriminación se refiere, al negar que la atención sanitaria en España pueda describirse usando las tres primeras palabras, como sostiene el Ejecutivo.'El Gobierno argumenta que el Real Decreto 16/2012 no es discriminatorio, porque trata la legalidad de residencia en el país y no en el origen nacional. Este argumento refleja una percepción errónea del principio de no discriminación', zanjó la relatora.