El Consejo de Ministros de este viernes, 4 de julio, ha aprobado la privatización del Registro Civil de España, bajo la presidencia del registrador de la propiedad Mariano Rajoy, hermano de dos registradores, y siendo ministro de Justicia el yerno de una registradora. No hay noticia de que alguno de ellos se haya abstenido.

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto para que el Registro Civil sea traspasado a los registradores mercantiles. Son funcionarios, pero sus registros son empresas privadas, que hacen concursos de acreedores y cuyos empleados pasan por despidos colectivos. Ahí quedará la vida jurídica de los españoles esta madrugada, cuando a las 07:00 horas se publique el Real Decreto .

La Ley 20/2011, del Registro Civil aprobada en la etapa del PSOE, desjudicializaba el Registro Civil, pero no determinaba qué funcionario se haría cargo del Registro, donde se custodian los nacimientos, matrimonios, incapacitaciones y fallecimientos de los españoles. No tenía mucho sentido que el Registro Civil fuera responsabilidad de los jueces, como hasta ahora, pero se pensaba que pasaría a ser responsabilidad de los secretarios judiciales, que sí son funcionarios.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, lleva meses de tira y afloja intentando que el Registro Civil pase a manos de los registradores. Sin embargo, los rumores hacían que el Ejecutivo se echara para atrás en cuanto los secretarios judiciales, los sindicatos y los juristas enseñaban los dientes ante esta medida.

El transcurrir el tiempo creaba una vacatio legis que ha llevado a Gallardón a resolverla vía Real Decreto que, en realidad, está reservada por la Constitución para los casos de urgencia y necesidad. 

La decisión ha sido adoptada a espaldas de la mayoría de los operadores jurídicos -sólo un pequeño núcleo de registradores estaba en las deliberaciones- y de los propios funcionarios y trabajadores. 

El Real Decreto provocó la protesta del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles , del Sindicato de Secretarios Judiciales (Sisej ), de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Comisiones Obreras de Justicia ... Todos ellos trataban la tarde del viernes de salvar 'in extremis' esta decisión, que no ha sido presentada en rueda de prensa por el ministro: se ha limitado a difundir un comunicado , tras avanzar la medida en una comparecencia en el Senado el 25 de junio pasado. (Se enlazan las notas de prensa difundidas).

El cuerpo de registradores está formado por los registradores de la propiedad y mercantiles. La atribución del Registro Civil a parte de cuerpo podría suponer un cisma, según este colegio que protesta no ya porque pase a sus manos la vida jurídica de los españoles sino por que no puedan cobrar por expedir la documentación. Para hacerse a la idea, un fallecimiento supone la expedición de al menos 15 certificados con el fin de dar de baja la cuenta corriente del fallecido, su móvil, el consumo de agua, luz, gas...

Nada más conocerse el Real Decreto, el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles ha emitido un comunicado en el que reitera su desacuerdo con la decisión del Gobierno: 'Los registradores tendrán que afrontar el coste del nuevo sistema informático sin conocer, de momento, ni el presupuesto del mismo ni las empresas que se encargarán de su desarrollo y mantenimiento', denuncian.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato mayoritario en el sector de Justicia, denunció este viernes la incertidumbre en la que quedarán 2.500 funcionarios que trabajan en los Registros Civiles de toda España. Allí donde la competencia de Justicia no ha sido transferida o la lleva el departamento de Gallardón, el ministerio se ha comprometido a recolocarlos en los juzgados. En el resto de las autonomías no hay ningún compromiso.

El traspaso de estos funcionarios pone en riesgo el empleo de otros 2.500 interinos que trabajan en los juzgados y tribunales.

El Registro Civil está digitalizado desde los documentos de 1870 hasta hoy. El coste de la digitalización ha supuesto para el erario público 130 millones de euros.

La última fase suponía la creación de una plataforma digital que integre todos los registros y que ya estaba siendo planificada de forma discreta por el Ministerio de Justicia desde hace tiempo y que internamente se ha denominado FUTUREG, según fuentes de los funcionarios de registros.

El Gobierno pretende que esta plataforma la financien los registradores y que el servicio sea gratuito para el ciudadano. Ahora, el Ejecutivo de Rajoy pasa este trabajo a los registradores, y deja para un reglamento posterior la fórmula de financiación.

La convocatoria de la empresa que elaborará la plataforma digital -y que cobrará por la prestación permanente- se realizará bajo control de Justicia.

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) responderá 'con la máxima contundencia' a la decisión del Gobierno de encomendar el servicio público del Registro Civil a los registradores mercantiles porque supondrá 'un gran perjuicio para toda la ciudadanía'. En un comunicado, CCOO destaca que con esta medida, los datos privados dejarán de estar gestionados por funcionarios públicos, desaparecerán todos los registros civiles, habrá que pagar por la tramitación de numerosos expedientes (matrimonios civiles, nacionalidad, etc.) y posiblemente en el futuro por determinadas inscripciones y certificaciones. El sindicato señala además que se perderán cerca de 4.000 empleos públicos.