Amanda Meyer Hidalgo
Secretaria General de Vivienda de la Junta de Andalucía
Secretaria de Programas y Convergencia de IU Andalucía

La historia de la política de vivienda en España es la historia de la alianza, absolutamente lesiva para el interés de las clases trabajadoras, entre el capitalismo inmobiliario y los poderes públicos. Ya en los años 50, el ministro falangista de Vivienda José Luis Arrese lo dejó dicho: 'Queremos un país de propietarios, no de proletarios'. A partir de la promoción de la idea falsa e interesada de que la única fórmula válida de tenencia de la vivienda es la propiedad, el discurso hegemónico fue construyendo a lo largo de décadas el lugar común de que la construcción masiva no sólo garantizaba el acceso generalizado a un techo, sino que además permitía, por la vía de una revalorización de los activos inmobiliarios que se prometía permanente, la posibilidad de que cualquiera pudiera hacer dinero revendiendo su casa.

El reventón de la burbuja inmobiliaria la década pasada echó abajo ese castillo de naipes. Los restos del naufragio son bien visibles. La cultura de la construcción masiva y de la especulación fue el caldo de cultivo para incontables casos de corrupción. Los daños medioambientales han sido sangrantes. El boom de la construcción propició la proliferación de un modelo de ciudad diseminada, cara y difícil de surtir de servicios. En los últimos 25 años, el incremento del tejido urbano continuo y discontinuo ha sido del 52%, un disparate totalmente insostenible. El INE, con datos de 2011, reveló que en España hay cerca de 3,5 millones de viviendas vacías.

Casi 640.000 de esas viviendas se encuentran en Andalucía, donde con toda probabilidad esa cifra supera hoy las 700.000. Ese inmenso stock permanece deshabitado mientras que desde 2007, año en que comienza el recrudecimiento de la gran crisis estafa, se han producido en Andalucía más de 80.000 desahucios, un fenómeno que la aprobación del desahucio exprés para inquilinos por parte del Gobierno está agravando dramáticamente. Los trabajadores del sector de la construcción han sufrido en muchos casos un doble castigo: el primero, perder su empleo; el segundo, perder su casa.

Con esos datos sobre la mesa, la Consejería de Fomento y Vivienda, dirigida por Izquierda Unida en el seno del Gobierno andaluz de coalición salido en 2012 de las últimas elecciones andaluzas, impulsó el pasado año la Ley de Función Social de la Vivienda, que a grandes rasgos perseguía dos objetivos: de un lado, evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social mediante la expropiación temporal del uso de las viviendas embargadas por entidades financieras, ofreciéndoles hasta tres años de alquiler social; de otro, propiciar la salida en alquiler de las viviendas deshabitadas mediante incentivos a personas físicas y sanciones a entidades financieras que mantuvieran viviendas deshabitadas, a fin de promover el alquiler, que sólo representa un 16% del total de tenencia de vivienda en Andalucía, la mitad de la media europea.

Impulsar el alquiler y rehabilitación de viviendas en vez de la compraventa

En paralelo, la Consejería ha impulsado un cambio profundo de las políticas públicas de vivienda en Andalucía, antes orientadas a la promoción de suelo para compraventa y ahora al alquiler y la rehabilitación, un viraje que ha encontrado su expresión más nítida en la reorientación de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA, antigua EPSA), que además de reducir en un 75% una estructura directiva sobredimensionada ha convertido en su seña de identidad las políticas de intervención física en las viviendas ya existentes, dejando atrás las inercias especulativas y mercantilistas.

En un contexto de imposición de políticas de austeridad por parte de la Troika y el Gobierno central, las partidas presupuestarias para rehabilitación en Andalucía han crecido en 2013 y 2014, al tiempo que el Gobierno autonómico ha asumido como iniciativa estratégica la rehabilitación energética de viviendas y edificios, con un programa de choque de 200 millones de euros actualmente en pleno desarrollo. La Consejería parte de la convicción de que la única vía para la reanimación del sector de la construcción, tan castigado por la especulación, es su reconversión hacia la rehabilitación, la eficiencia energética y la intervención urbana, actividades generadoras de empleo en la pequeña y mediana empresa.

Todas las políticas de IU en el Gobierno andaluz han ido pues orientadas a la defensa del derecho a la vivienda, desde las antedichas hasta la apertura de oficinas provinciales de intermediación ante las entidades financieras (que han logrado que miles de personas amenazadas de desahucio sigan en sus casas), pasando por el cambio de calificación de venta a alquiler asequible de las viviendas públicas deshabitadas. Por supuesto, ir a favor del derecho a la vivienda es inevitablemente ir en contra de la mercantilización y de la especulación.

Obviamente las resistencias han sido fuertes, y lo seguirán siendo. La expresión más cruda ha sido el recurso del presidente del Gobierno contra la Ley de Función Social de la Vivienda ante el Tribunal Constitucional, que la ha paralizado cautelarmente por siete votos a cinco hasta que falle sobre el fondo del asunto. El recurso, presentado sobre la base de informes demostradamente falsos y destinado a proteger los intereses de la élite financiera y los especuladores, ya se está cobrando víctimas en forma de desahuciados: en los primeros tres meses con la ley suspendida, el porcentaje de ejecuciones hipotecarias que se convierten efectivamente en lanzamientos ha subido cinco puntos, al frustrarse el efecto disuasorio de la norma contra los desahucios. La banca, rescatada por el Gobierno con multimillonarias cantidades de dinero público, vuelve a tener alfombra roja para desahuciar y especular.

Pero no ha sido la única resistencia. La criminalización y señalamiento por parte de la derecha de los movimientos en defensa del derecho a techo se ha hecho extensiva a las políticas de la Consejería de Fomento y Vivienda. Los beneficiarios del modelo de construcción masiva, de la especulación, de la acumulación de bienes de primera necesidad a costa de derechos consagrados, etc. han buscado subterfugios para oponerse a la alteración del statu quo que suponen las políticas de IU.

Mención expresa merece el realojo de familias con menores o en exclusión social de la conocida como Corrala Utopía, en Sevilla, realizado por la Consejería en cumplimiento de un mandato judicial y avalado tanto por los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla como por un auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) cuya elocuencia no deja lugar a dudas sobre la solvencia de todo el proceso. Transcurridos ahora tres meses desde aquel realojo, recordamos la forma en que la derecha lo quiso instrumentalizar para enfrentar a pobres contra pobres y para sembrar la falsa idea de arbitrariedad o injusticia del mismo, o incluso de ilegalidad. Todo ese discurso se ha ido por tierra.

La resolución judicial concluye que el realojo no tiene significación penal

El auto del TSJA establece que el realojo estuvo 'inducido por el mandato judicial de proveer lo necesario para el realojo de familias con menores o en riesgo de exclusión social', y agrega que las resoluciones administrativas que le han dado cobertura 'no están inspiradas por una finalidad arbitraria o injusta, sino por la necesidad de atender a una situación urgente, por mandato judicial'. En el realojo, concluye la resolución, no existe 'ningún hecho que remotamente pudiera tener alguna significación penal'. Se puede decir más alto, pero no más claro. La Consejería actuó con toda la razón desde el principio.

Andalucía y España necesitan debate sobre vivienda. A fondo. El caso de la Corrala Utopía alimentó ese debate en unos términos a nuestro juicio equivocados, pero ha dejado también conclusiones de gran interés, entre ellas que un Gobierno democrático en alianza con la mayoría social tiene la razón y la ley de su parte cuando actúa para dar cobertura a quien se ha quedado sin nada. Fue el debate alrededor de este realojo lo que permitió aflorar a la opinión pública que el Ayuntamiento de Sevilla posee más de 500 viviendas vacías y cerradas a cal y canto, mientras ignora a miles de demandantes. Fue este debate el que evidenció que hay un Gobierno, el Gobierno andaluz, que actúa cumpliendo con la doctrina sobre desahucios y derecho a la vivienda del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es este debate el que a la postre lleva a razonar que los que dan cada día la tan nombrada 'patada en la puerta' son los bancos, esos mismos bancos colmados de dinero de todos sin contraprestación alguna que siguen y siguen echando gente de sus casas para venderlas a fondos buitre.