Novedades en el 'caso ERE'. La juez Mercedes Alaya, que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha ampliado formalmente la investigación del caso, que hasta ahora se limitaba al periodo comprendido entre los años 1999 y 2010, a las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía durante los años 2011 y 2012, periodo en el que ocupó la presidencia de la Junta José Antonio Griñán.

Alaya, además, ha imputado al exsecretario general de Hacienda y exviceconsejero de Economía y Hacienda José de Haro.

En un auto dictado con fecha de ayer, 15 de julio, la magistrada argumenta, respecto a la nueva investigación, que, 'siendo necesario completar la relación de subvenciones sociolaborales concedidas hasta el ejercicio 2012' con cargo al programa 31L de la Consejería de Empleo, la magistrada requiere a la Junta de Andalucía para que, en el plazo de dos días, 'remita relación de las ayudas concedidas e importe de las mismas durante los ejercicios 2011 y 2012, las resoluciones por las que se acordaba la concesión de éstas y la fecha de abono en su caso'.

En el mismo auto, y en relación a la imputación del exviceconsejero de Economía y Hacienda, la juez pone de manifiesto que José de Haro sucedió como secretario general de Hacienda a Antonio Estepa —también imputado en la causa— en abril de 2004, desempeñándolo hasta el mismo mes de 2009. Como secretario general de Hacienda, 'estuvo a las órdenes del titular en aquellas fechas, José Antonio Griñán', por entonces consejero de Economía y Hacienda, y 'le correspondería el impulso y la coordinación de la política presupuestaria y además se encontraba adscrito a la Secretaría General de la Intervención de la Junta de Andalucía'.

Según indica la juez, 'en virtud de lo anterior tendría una activa participación en el uso inadecuado de la partida presupuestaria de las transferencias de financiación en el programa 31L de la Dirección General de Trabajo en el proceso de elaboración de los Presupuestos y, de igual modo, conocería el falseamiento del presupuesto necesario en IDEA, creando gastos inexistentes para que el uso de las transferencias de financiación por parte de la Dirección General de Trabajo a dicha agencia fuera posible'.

Asimismo, el nuevo imputado 'formaría parte también en el proceso de elaboración presupuestaria de los grupos de trabajo de alta cualificación técnica que cada año se llevaban a cabo para examinar los distintos programas presupuestarios, su contenido, su finalidad y su coste'.