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El PP veta en el Congreso que Báñez explique el contrato "simulado" de Bárcenas

JUAN ANTONIO BLAY

La mayoría absoluta del grupo popular ha vetado esta mañana en la reunión de la Mesa del Congreso de los Diputados la tramitación de una serie de preguntas formuladas por el grupo parlamentario socialista destinadas a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, para que explicase la relación contractual de Luis Bárcenas con el Partido Popular, según han informado a Público fuentes del órgano de dirección de la Cámara baja.

El PP se ha negado a validar las preguntas por considerar que no responden a los criterios de control al Ejecutivo. Además, han solicitado a diputada Concha Gutiérrez que 'reformule' otra de las preguntas en la que solicitaba que, desde instancias oficiales, se aclarase la simulación contractual entre el PP y el ex tesorero. La pregunta planteaba 'cuándo tiene pensado decir la verdad de una vez por todas y adoptar las medias para que la Inspección de Trabajo depure las responsabilidades de su partido por simular esa relación laboral con infracción muy grave de Seguridad Social, como está ya la Justicia pidiendo que se haga'.

Según fuentes del grupo socialista, el veto de la mayoría del PP es otro obstáculo a la función de control de la oposición al Ejecutivo 'porque vulnera la normalidad y calidad democrática de la actividad parlamentaria'. La parlamentaria socialista ha formulado sus preguntas a raíz de la reciente sentencia de un tribunal de lo social en la que rechazaba la demanda de Bárcenas para que le indemnizasen con 900.000 euros pero al mismo tiempo concluía que no se puede establecer que la relación laboral entre ambas partes (el PP y su ex tesorero) haya finiquitado, en contra de lo afirmado reiteradamente por la secretaria general de la formación conservadora, María Dolores de Cospedal.

En opinión del grupo parlamentario socialista explica que en la sentencia se establece que 'pese a no prestar servicios al partido, Bárcenas fue dado de alta en la Seguridad Social en abril de 2010 y dado de baja en enero de 2013 y se pregunta por qué y deja constancia de que 'la respuesta cabría encontrarla en una simulación contractual' o 'negocio disimulado''. Según los socialistas, la magistrada 'avisa en la sentencia de que sigue abierta la posibilidad para plantear ante los tribunales la cuestión del 'negocio simulado''.


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