La pretenciosa agenda reformista de Mariano Rajoy se ha encontrado con un enemigo implacable contra el que no hay defensas conocidas: el tiempo. A la actual legislatura, la décima de la etapa constitucional, le quedan apenas dos periodos de sesiones parlamentarias. Esto se traduce en apenas 24 plenos ordinarios, 12 entre septiembre y diciembre, y otros tantos entre febrero y junio de 2015.

Aun contando con citas parlamentarias extraordinarias en los meses de enero y de julio —que se dan por seguras—, la cuenta atrás ya ha empezado de forma implacable para el Gobierno conservador del PP.  El presidente sólo cuenta con un instrumento que le puede ayudar a sacar una mayor rentabilidad a los exiguos plazos que tiene por delante: la mayoría absoluta con la que cuenta tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado.

De hecho, ya lleva algunos meses sacándole rentabilidad a esa circunstancia que no sólo le garantiza la aprobación de sus iniciativas como le venga en gana sino que, además, puede forzar los plazos establecidos para la tramitación parlamentaria de los proyectos legislativos.

El caso más reciente y escándaloso en términos parlamentarios ha sido la promulgación del decretazo del Ejecutivo: un real decreto-ley por el que se modifican ni más ni menos que 30 leyes diferentes que abarcan competencias de nueve ministerios distintos, es decir, más de medio Gobierno. La preceptiva convalidación parlamentaria se hizo en el último pleno extraodinario del pasado mes de julio pero forzando de tal manera los trámites que toda la oposición calificó de forma unánime el proceso como cacicada. El grupo socialista, La Izquierda Plural y UPyD, además, entienden que es ilegal y por ello el pasado día 30 presentaron conjuntamente un recurso de inconstitucionalidad.

La mayoría absoluta no es un remedio infalible contra el calendario   Como compensación, el Gobierno y el grupo parlamentario que le apoya consintieron la tramitación de esta iniciativa 'ómnibus' como proyecto de ley. Pero también aquí el PP fuerza la situación: se hace por el procedimiento de urgencia —una medida extraordinaria que acorta los plazos habituales— y con competencia legislativa plena por parte de la comisión de Economía, lo cual hace que el debate no pasa por el pleno. Todo ello en pleno mes de agosto, cuando el resto de la actividad parlamenatria está paralizada.

La apuesta por materializar una iniciativa de esas características, embutiendo en un real decreto-ley decenas de disposiciones que no tienen nada en común, 'es una prueba palpable de las prisas que le han entrado al Gobierno para forzar la maquinaria legislativa porque el tiempo se les está acabando', explican a Público fuentes parlamentarias de la oposición, que no descartan alguna sorpresa más en ese sentido de aquí a final de la legislatura.

Con todo, la mayoría absoluta no es un remedio infalible contra el calendario y, en consecuencia, el Gobierno y su grupo parlamentario van a tener que apretar el acelerador nada más se acabe el mes de agosto. Tajo tienen por delante si Rajoy quiere cumplir con su 'agenda de reformas', cuyo contenido ha vuelto a reiterar en el documento Balance de reformas. 2 años y medio de Gobierno [ver documento adjunto, en pdf] hecho público el pasado 1 de agosto tras su rueda de prensa de fin de curso.

En estos momentos hay un buen atasco legislativo en el Congreso de los Diputados. Un total de 21 proyectos de ley están pendientes de tramitación, la mitad de ellos en el plazo inicial de enmiendas a la totalidad; el resto, en los plazos de enmiendas al articulado (un trámite que en el juego parlamentario se emplea para ir adormeciendo en el tiempo un proyecto legislativo mientras se negocia sobre su contenido).

El proyecto más 'viejo' del Gobierno en el Congreso es la reforma del Código Penal de Gallardón

En ese caso se encuentra el proyecto del Gobierno más 'viejo' en la Cámara baja: la reforma de la ley, con rango de órgánica, del Código Penal. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, entregó el proyecto a finales de octubre del pasado año y desde antes de Navidades se encuentra en 'plazo de enmiendas', trámite que se renueva semana a semana por parte de la Mesa de la comisión de Justicia. El próximo acaba el día 2 de septiembre. En total, 10 meses prácticamente paralizado y sin visos de que vaya a haber consenso entre el Gobierno y la oposición.

Otras iniciativas 'polémicas' están empantanadas sin que acaben de arrancar. Por ejemplo, la ley —también orgánica— que pretende cambiar la financiación de los partidos políticos, otra de las medidas de la 'agenda de reformas' de Rajoy. Igual ocurre con la ley que regulará a los altos cargos de la Administración General del Estado, otro referente reformador del presidente del Gobierno. Ambas leyes están 'paralizadas' desde el mes de marzo pasado.

La Cámara baja  debe tramitar 25 proyectos legislativos en un periodo de sesiones con 12 plenos parlamentarios  A la saturación legislativa contribuyen leyes tan poco 'reformadoras' como la de metrología, la de reforma de la pesca marítima, la de concesión de nacionalidad a los sefardíes o la de creación del colegio oficial de terapeutas ocupacionales. Ninguna de estas iniciativas ha pasado el plazo de enmiendas a la totalidad pese a que alguna lleva tres meses en la cámara.

Los proyectos legislativos más recientes son de esta misma semana: los tres textos que reforman el IRPF, el impuesto de sociedades y el IVA; es decir la reforma fiscal tantas veces anunciada por Rajoy. También han entrado en estos días el proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana y el de reforma del papel de las mutuas laborales. Pero en los próximos días se formalizará la entrada de otros cuatro proyectos de ley del Gobierno aprobados en la reunión del Consejo de Ministros del pasado viernes día 1 de agosto: la ley del Estatuto de la Víctima del Delito, la de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para garantizar las traducciones en los juicios, la de la jurisdicción voluntaria y la que regula las nuevas cuotas a la Seguridad Social.

El Senado también acumula 12 proyectos en trámite

Con estos ya serán 25 proyectos legislativos que la Cámara baja debe tramitar en un periodo de sesiones con 12 plenos parlamentarios —bien es verdad que varias leyes se tramitarán en comisión con competencia legislativa plena—, que estarán condicionados por el debate del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2015 que habitualmente ocupa tres sesiones plenarias y mucha actividad de las comisiones.

Pero a este 'atasco' hay que sumar el que hay en el Senado, cámara que actualmente acumula 12 proyectos legislativos. En la Cámara alta los trámites son más ágiles porque una ley, desde que se 'recibe' el texto del Congreso, debe tramitarse en un plazo máximo de cuatro meses. Eso sí, en el caso de que el texto quede enmendado, aunque sea en una coma, debe regresar a la Cámara baja para su aprobación definitiva, lo cual retrasa su entrada en vigor.

A todo este embrollo hay que sumar aquellas iniciativas de la 'agenda de reformas' que el Gobierno se ha comprometido a transformar en proyectos legislativos y que todavía no han recibido el visto bueno del Consejo de Ministros. La más llamativa es la reforma de la actual legislación del aborto, sobre la que existe una gran confusión en el Gobierno por el generalizado rechazo social que suscitan las medidas contenidas en el anteproyecto dado a conocer.

¿El Gobierno y el PP van a querer complicarse la existencia con debates polémicos a medida que avance el calendario hacia las elecciones de 2015? Ese primer texto fue visto por el Consejo de Ministros el pasado 20 de diciembre y quedó reflejado como uno de los compromisos legislativos del Gobierno en el documento-resumen que se distribuyó una semana después con motivo de cumplirse los dos primeros años del actual Gobierno tras la rueda de prensa de Rajoy de aquel fin de año. Sin embargo, de forma significativa, esa referencia no aparece en la 'agenda de reformas' en el documento-resumen de los dos años y medio [adjunto al final de este reportaje] que se repartió el 1 de agosto con ocasión de la comparecencia de Rajoy.

En esa 'agenda', al Gobierno de Rajoy aún le quedan compromisos por cumplir. Entre ellos figuran los proyectos de ley de mejora del gobierno corporativo, de la protección a la infancia, del fomento de la financiación empresarial, del estatuto del mayor, del régimen jurídico del sector público y del procedimiento administrativo, así como un proyecto de ley orgánica de medidas penales y procesales contra la corrupción.

Por si todo esto fuera poco, en el reciente debate político el propio Gobierno y el PP han anunciado su voluntad de tomar medidas de 'regeneración democrática' como cambiar la actual ley electoral para facilitar que el alcalde sea directamente el candidato de la lista más votada, auque no se han aportado más concreciones salvo el deseo de que se aplique en los comicios municipales del próximo mes de mayo. Asimismo, desde el Gobierno también se ha suscrito el deseo de reducir significativamente el número aforamientos judiciales en función del cargo que se tenga.

Todo esto requiere cambios legislativos de gran calado, precisamente en medio de una agenda parlamenatria bastante cargada para lo que queda de legislatura. Pero, además, hay otro condicionante nada baladí: a partir del año nuevo toda la clase política entra en campaña electoral. ¿El Gobierno y el PP van a querer complicarse la existencia con debates polémicos a medida que avance el calendario y se acerquen las jornadas de votaciones?. Tal vez el ejemplo de la reforma del aborto sea todo un síntoma de qué pautas van a emplear Rajoy y sus correligionarios.