El debate parlamentario este miércoles en sesiones de mañana y tarde en la comisión de Economía del Congreso de los Diputados del proyecto de ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficencia no ha aportado novedades sobre las posiciones conocidas de antemano: toda la oposición ha denunciado con duras críticas la iniciativa gubernamental, calificada como cacicada, mientras que el PP ha defendido su idoneidad sin la más mínima concesión.

El enfrentamiento entre ambas posiciones se ha puesto de manifiesto en el hecho de que apenas una docena de enmiendas de la oposición, de un total de 431, han sido admitidas por el grupo mayoritario, mientras que otras tantas han sido aceptadas tras recibir modificaciones por parte de los conservadores. La mayoría pertenecen a CiU mientras que las transaccionadas son de de este grupo y del PNV, fundamentalmente del área de Fomento.

Con todo, según estos grupos, se trata de modificaciones 'puramente estéticas y meramente formales', dijeron varios portavoces en sus intervenciones. Ocurre lo mismo que con una enmiendas en el apartado de empleo aceptada a La Izquierda Plural que según su portavoz, es puro maquillaje'. Del centenar de enmiendas planteadas por el grupo socialista el PP apenas ha aceptado una enmienda modificada en el apartado de energía.

'El trabajo de la comisión sobre este iniciativa del Gobierno es completamente inútil, un simple paripé', ha dicho a Público Valeriano Gómez, portavoz del grupo socialista, formación que junto con otros grupos ha presentado un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional porque tanto el fondo como la forma van en contra de lo establecido en la Carta Magna.

El proyecto de ley proviene de un real decreto-ley aprobado por el Gobierno el pasado 4 de julio y que fue convalidado en una sesión extraordinaria de la Cámara baja en un agitado y polémico debate en el que toda la oposición calificó la iniciativa como 'cacicada'.

De la trascendencia de esta nueva norma legal da idea el hecho de que modifica 30 leyes vigentes en la actualidad y abarca una amplia variedad de asuntos que competen a nueve ministerios. Así, aborda desde asuntos de Fomento como la posibilidad de privatizar Aena hasta una nueva regulación del Registro Civil, pasando por una normativa especial para el empleo juvenil, creando un nuevo registro que no computará en las listas del paro, y medidas fiscales o de modificación de la carrera militar, entre otras muchas materias.

La complejidad de los asuntos comprendidos en esta norma ha hecho que el debate se haya tenido que dividir en ocho bloques diferentes para aglutinar materias de contenidos similares. Aunque no en todos los bloques ha sido así. Por ejemplo, en el último tratado era una especie de cajón de sastre en el que cabían disposiciones transitorias relativas al terremoto de Lorca, de 2011, una exposición sobre Picasso, aspectos diversos sobre las relaciones financieras y la propia exposición de motivos de la ley.

El portavoz del grupo parlamentario popular, Vicente Martínez-Pujalte, ha defendido en su intervención inicial la idoneidad de esta iniciativa del Gobierno con el argumento de que 'hay que aprovechar la actual coyuntura favorable de la economía par acercar el bienestar a los ciudadanos. Esta ley es lo que hace, adecúa las normas legales a la buena situación económica; es la obligación del Gobierno. Sin embargo, ha reconocido que tal vez su nacimiento como real decreto-ley adolece de la dificultad de votar su contenido por separado, 'pero es cuestión del reglamento del Congreso, que tal vez debe modificarse porque hubiera revivido un respaldo mayor'.

La densidad del debate y la complejidad de las votaciones de las enmiendas - apenas 12 son del grupo popular - hace que el trámite final se postergue hasta este jueves por la mañana. Una vez aprobado sin apenas modificaciones el texto pasará directamente al Senado ya que el debate en el seno de la comisión de Economía se realiza por el procedimiento de urgencia y con competencia legislativa plena.