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El Congreso celebra este martes una votación histórica sobre el referéndum monarquía-república

JUAN ANTONIO BLAY

El concepto de la república como forma de Estado ha quedado plasmado en no pocas ocasiones en los diarios de sesiones que registran los debates desarrollados en las diversas comisiones y en los plenos del Congreso de los Diputados, incluso durante las discusiones parlamentarias habidas en el proceso de elaboración de la actual Constitución de 1978.

Pero este martes será la primera vez que la Cámara baja deba pronunciarse expresamente sobre una moción del grupo La Izquierda Plural en la que se solicita la convocatoria de un referéndum para que el pueblo español se pronuncie entre monarquía o república como forma de Estado. La propuesta de este grupo será sometida a votación al final de la sesión plenaria que se celebrará por la tarde.

La moción es consecuencia de la interpelación urgente que planteó al Gobierno el diputado Alberto Garzón en la sesión de control del pasado miércoles. En esa ocasión intervino en nombre del Gobierno la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. El debate no suscitó gran expectación en el Hemiciclo —a juzgar por la escasa presencia de diputados en sus escaños—, aunque generó un duro enfrentamiento entre el diputado Garzón y la número dos del Ejecutivo.

El parlamentario de izquierdas consideró que nunca se había sometido a la consideración popular el modelo de Estado ya que 'con la Constitución la monarquía venía en el paquete. En aquellos momentos el debate era democracia o dictadura'. En consecuencia, argumentó Garzón, es el momento adecuado para la celebración de un referéndum al respecto. '¿A qué tiene miedo el Gobierno?', se preguntó el diputado.

La vicepresidenta esgrimió en todo momento que la propuesta de la interpelación era 'ilegal' y por lo tanto el Gobierno no puede contemplarla ya que va en contra de la Constitución. 'Convenza a una mayoría de ciudadanos y entones lo plantea', dijo. Sin embargo, Garzón sostuvo que el artículo 92 de la Constitución permite que 'las decisiones políticas de especial transcendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos'. Y añadió: 'La monarquía en este país es corrupción'.

La interpelación, un trámite parlamentario de control al Ejecutivo que se limita al debate político entre quien la plantea y el miembro del Gobierno que la responde, genera a la semana siguiente una moción que sí debe ser votada por el conjunto de la Cámara. La moción plantea puntos concretos sobre los que se insta al Gobierno para que los cumpla, siempre que sea aprobada por la mayoría de los parlamentarios presentes en la votación.

La moción de la Izquierda Plural plantea la forma republicana como alternativa de regeneración y recuperación de valores éticos y sociales desaparecidos La moción redactada por La Izquierda Plural, que defenderá el propio Alberto Garzón mañana, insta al Gobierno a 'hacer uso del artículo 92 de la Constitución Española de 1978, cuyo punto 1 establece que 'las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciduadanos'. El referéndum tendría que ser convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados, 'para que el pueblo español tenga la oportunidad de opinar sobre la forma política del Estado y elegir entre República o Monarquía'.

La exposición de motivos de la moción reproduce en gran parte los argumentos expuestos por Garzón la semana pasada en la sesión de control y supone un duro alegato en contra del papel de la monarquía hasta el punto de afirmar que 'tras la llamada Transición parece ser que esos buenos tiempos monárquicos han pasado a mejor vida'. Y para ello relata 'la trama de corrupción de Nóos que ha servido para acusar al entonces yerno real Iñaki Urdangarin y a la infanta Cristina de Borbón'. También cita los episodios del rey en África que han hecho que su valoración ciudadana haya descendido al 4,8 en 2011, suspendiendo por primera vez, y dos años después a una nota de 3,68.

El parlamentario de La Izquierda Plural hace también un análisis del grave deterioro económico y social sufrido por la ciudadanía española en los últimos años, que atribuye a unas prácticas políticas que han castigado a la mayoría de la sociedad por la connivencia de élites económicas y políticos corruptos. Frente a ello, plantea la forma republicana como alternativa de regeneración y recuperación de valores éticos y sociales desaparecidos.

Tras la defensa de la moción el resto de grupos parlamentarios tienen la opción de intervenir para fijar sus respectivas posiciones y explicar el sentido del voto que emitirán sus parlamentarios. En este trámite no hay posibilidad de entablar debates entre unos portavoces y otros, pero, en cambio, se exponen argumentos a favor o en contra del contenido de la moción sometida a votación.

Dada la actual composición de la Cámara baja, la moción no tiene la más mínima posibilidad de prosperar. De entrada, el PP, con mayoría absoluta, se mostrará en contra y en línea con lo expresado el pasado miércoles por la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. Es más que probable que desde la bancada de la derecha se dirijan fuertes descalificativos hacia el diputado proponente y su grupo parlamentario como ya ocurrió la semana anterior.

La incógnita estriba en conocer qué actitud adoptarán los grupos nacionalistas El grupo parlamentario socialista, con toda probabilidad, manifestará también su voto negativo a la moción. En este caso volverá a poner en evidencia la contradicción entre el 'alma' y 'convicciones' republicanas que proclama su ideario con la fidelidad al sistema monárquico que contempla la Constitución de 1978. En los debates generados en el ámbito parlamentario a raíz de la abdicación del rey Juan Carlos I el entonces líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya expuso claramente esa realidad del PSOE. El nuevo líder socialista, Pedro Sánchez, no va cambiar ni un ápice esa línea.

Las formaciones de izquierda minoritarias votarán a favor de la moción y la incógnita estriba en conocer qué actitud adoptarán los grupos nacionalistas, dada la tensa situación política generada hacia el Ejecutivo de Madrid a raíz del proceso soberanista abierto en Catalunya, especialmente, después de la jornada de la Diada del pasado jueves.

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