Cónclave conservador en Catalunya, del que ha salido un mensaje amenazante: el Gobierno español no dudará en emplear los medios necesarios para que no se celebre la consulta. 'Seguiremos haciendo lo que haya que hacer cuando tengamos que hacerlo, con la firmeza que haga falta y la serenidad y confianza del Estado de derecho que funciona', aseguró hoy Soraya Sáenz de Santamaría, ajena al 'clamor en Catalunya' al que ayer aludió Artur Mas.

'Esperemos que una vez hayamos votado el 9 de noviembre el Gobierno español entienda de una vez [...] que esto se ha de resolver por la vía del diálogo', dijo el president de la Generalitat, a quien ha hecho frente la vicepresidenta del Ejecutivo. 'El Gobierno seguirá actuando para que la ley se cumpla y la democracia se respete', afirmó Santamaría, que presidió en Barcelona la junta directiva del PPC, en la que también estuvieron presentes los políticos conservadores Alicia Sánchez-Camacho y Jordi Cornet, así como el ministro del Interior, Jorge Fernández-Díaz.

Mas, por su parte, ha vuelto a insistir hoy en que 'Catalunya tiene menos autogobierno ahora que hace unos años' y que 'mucha gente [...] en los últimos tiempos se ha sentido poco respetada', por lo que volvió a dejar claro que 'todos' tienen que ayudar 'para que este país llegue a ser uno normal', pues 'los que están delante son difíciles de pelar'.

El Gobierno, por ejemplo, ya ha recurrido ante el Constitucional el nombramiento de la junta electoral aprobada por el Parlament tras la suspensión de la consulta que dictó el citado Tribunal. Y, paralelamente, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha garantizado que la Fiscalía actuará de oficio 'sin ningún género de dudas' y 'respecto de cualquier persona' que cometa un hecho que esté tipificado en el Código Penal. Sin embargo, para algunos de los partidos implicados en el proceso soberanista, la sorpresa ha saltado en la propia Generalitat, cuyo conseller de Presidencia ha señalado que el 15 de octubre se sabrá si se puede celebrar la consulta o no.

'Nos ha desconcertado que Francesc Homs ponga una fecha de posible defunción de la consulta después de una reunión que acabó con muchas esperanzas, en la que fueron acordadas todas las garantías democráticas para hacerla posible', ha asegurado la portavoz de ERC, Anna Simó, quien considera que la consulta está 'encarrilada', aunque no 'blindada'.

Sin embargo, no todos los republicanos las tienen todas consigo y hay quienes piensan que algunos partidos podría bajarse del carro. Fuentes del entorno de ERC creen que CiU e ICV se van a echar atrás y consideran que 'hace falta más firmeza' por parte de las fuerzas que impulsan la consulta. 'Sin Convergència es difícil pensar que el proceso vaya para adelante, porque tal y como está el patio todo el mundo es necesario', añaden las mismas fuentes, conscientes de que 'Mas está recibiendo presiones muy duras' mientras que en algunos ámbitos de su partido 'le tienen pánico a las consecuencias sociales que pueda tener el 9-N'.

'ICV teme a Guanyem, al Procés Constituent y a Podemos, y eso les condiciona', explican las mismas voces, que critican la razón que ha ofrecido el catedrático de Ciencia Política de la Autónoma de Barcelona Joaquim Brugué (propuesto por ICV) para abandonar la Comisión de Control de la Ley de Consultas: el 9-N 'no ofrece garantías democráticas'.

'¿A cuáles se refiere? ¿A las que da el PP desde Madrid', se preguntan las mismas fuentes, que abogan por incorporar al 'socialismo catalanista que está por el derecho a decidir' a un 'necesario' organismo permanente de coordinación. Cuantos más, mejor. 'Hay un pulso con el Estado y ese pulso hay que ganarlo'.