El juez central de instrucción 5, Pablo Ruz, ha citado a declarar como imputado a Ángel Acebes, ex secretario general del PP, por un delito de apropiación indebida sobre las operaciones presuntamente realizadas a través de una contabilidad paralela del PP, llamada Caja B, destinadas a la adquisición de acciones de Libertad Digital, en octubre de 2004.

Ruz cita a Acebes para el martes a las 10:45 horas de la mañana. También deberán declarar como imputados ese día el extesorero del PP Álvaro Lapuerta y Antonio Vilela, el constructor del Grupo Rubau que ha reconocido haber realizado donativos al PP.

La Audiencia Nacional cita a Acebes como imputado, por 'su responsabilidad respecto al eventual conocimiento y autorización de la operación' y al hecho de que estos fondos de la contabilidad paralela popular terminaran 'siendo detraídos por sus iniciales destinatarios aprovechando estos la opacidad de los mismos'.

Además, Ruz acuerda citar como testigos Alberto Recarte, expresidente de Libertad Digital, así como a dos compradores de las acciones de este grupo: Alberto Dorrego, ex director general del Ministerio de Justicia y exletrado de las Cortes Generales y Borja Garcia Nieto, empresario y administrador de la sociedad Moltona Inversiones, S.L.

El juez ordena estas comparecencias una vez que se han practicado diligencias y se ha incorporado un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía (UDEF) sobre las operaciones presuntamente realizadas a través de la llamada Caja B del PP para la suscripción de acciones en la ampliación de capital de de Libertad Digital, en octubre de 2008.

 La policía ha investigado esta compra a partir de la declaración prestada por el extesorero Luis Bárcenas, así como sobre la base de 9 apuntes manuscritos que aparecían en la contabilidad paralela aportada por Barcenas entre 2004 y 2005.

La génesis de estas operaciones de compraventa de acciones de Libertad Digital fue solicitada por Recarte al entonces secretario general del partido popular, Angel Acebes.

Recarte pidió a Acebes encontrar personas que suscribiesen acciones en el proceso de ampliación de capital que estaba siguiendo, según consta en el sumario.

La investigación apunta a que Álvaro Lapuerta planteó a Acebes utilizar los fondos de la Caja B del PP para suscribir acciones y luego traspasar estas participaciones a terceros. Los suscriptores 'habrían de ser personas de confianza', según relató Bárcenas ante el juez. Las personas elegidas para comprar acciones con la contabilidad paralela fueron el propio Lapuerta, Francisco Yáñez y Rosalía Iglesias.

Los tres vendieron posteriormente las acciones. Pero en el caso de Lapuerta y Rosalia Iglesias no consta que el dinero retornase a la Caja B del partido.

El dinero utilizado por los Bárcenas para comprar acciones de Libertad Digital y que no fue devuelto a la caja oculta del PP asciende a 149.600 euros.

El juez Ruz investiga que los Bárcenas utilizaron este dinero para comprarse una casa en la estación de esquí de Baqueira Beret, en Lleida, por importe de 149.000 euros en el año 2005 y que está embargada por orden del magistrado desde el año 2013.

Por su parte, Lapuerta tampoco devolvió los 139.700 euros utilizados de la Caja B para comprar acciones a su nombre, participaciones que vendió a la propia Libertad Digital con las que obtuvo un beneficio de 69.850 euros que tampoco regresaron a la caja oculta, según el auto dictado este martes.

La imputación de Acebes supone un salto cualitativo en la instrucción del sumario ya que, hasta ahora, los secretarios generales del PP habían sido citados como testigos de la trama Gürtel. Son los casos de Javier Arenas, Francisco Álvarez-Cascos y María Dolores de Cospedal.

Ruz basa la imputación de Acebes en la doctrina del Tribunal Supremo, que aplica el delito de apropiación indebida por 'comisión por omisión'; esto es, en la responsabilidad por la conducta de terceros subordinados sobre los que el jefe tuviera la posibilidad de ejercer una vigilancia y una cierta autoridad que le hubiera permitido evitar el resultado 'cuando la actividad de aquellos fuera considerada como una fuente de peligros para intereses ajenos'.

Los Estatutos del PP atribuyen estas funciones a su secretario general, circunstancia que ha sido tenida en cuenta por el juez instructor en la imputación de Acebes.  En concreto, corresponde al secretario general popular 'la dirección de todos los servicios del Partido y la jefatura de su personal' (artículo 40.2c de los Estatutos del PP). 

Bárcenas revela que Lapuerta le trasladó la autorización que habría obtenido de Acebes para disponer de estos fondos ocultos y comprar las acciones.

Por su parte, Bárcenas y Rosalia Iglesias no son citados en esta diligencia porque, a su vez, ya están imputados por estos hechos en la pieza separada llamada 'Época 1 (1999-2005)'.

A su vez, Francisco Yáñez era un empleado del PP que accedió a ser testaferro de Bárcenas y que falleció el pasado enero, una semana después de ser imputado por ocultar 178.000 euros en Suiza del matrimonio Bárcenas.

En su auto el juez describe la dinámica utilizada por el PP en su caja negra. Se recibían los donativos, se anotaban en la Caja B y, después, Bárcenas y Lapuerta ingresaban como donaciones anónimas en las cuentas del partido pero teniendo siempre presente que no superase cada ingreso los 60.000 euros, el límite legal que existía entonces para cada donante. La policía ha detectado días en que se realizaban hasta cuatro y cinco operaciones similares.

A través de esa dinámica la Policia ha acreditado otra contabilidad paralela para financiar la adquisición por hipoteca y la reforma de la sede del PP en Vizcaya.

La Audiencia Nacional investiga la 'Caja B' del PP que funcionó entre los años 1990 a 2008. En concreto, investiga la posible apropiación ilícita de esta contabilidad paralela por parte de Luis Bárcenas, 'aprovechándose de las ventajas de su cargo y de la opacidad de los fondos de la referida contabilidad paralela, y  contando con el consentimiento' del tesorero Álvaro Lapuerta.

La caja oculta fue nutrida 'de donativos o aportaciones ajenos a la contabilidad oficial', según el juez instructor, y estaba destinada al pago de:

a) Gastos  generados en campañas electorales.

b) Complementos de sueldo a determinadas personas vinculadas al Partido.

c) Distintos servicios y gastos en beneficio del Partido político.

Los ingresos que se hacían en la contabilidad 'A' del partido como donación anónima se fraccionaban para no superar el límite legal permitido por la ley y establecido en 60.000 euros.

El instructor Pablo Ruz imputa a Ángel Acebes como secretario general que autorizó el uso de esta caja oculta para comprar acciones de Libertad Digital a través de personas de la confianza del partido. Sin embargo, dos de ellos no devolvieron el dinero a la Caja B, una vez vendidas las acciones. Son los casos de Lapuerta y Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas. En total, detrajeron 359.150 euros de la Caja paralela del PP.