El exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, tiene un futuro carcelario a la vista del auto dictado hoy por el juez central de instrucción 6, Eloy Velasco, donde se acusa a un empresario de haberse beneficiado de adjudicaciones realizadas por este político cuando era consejero de la Comunidad de Madrid.

Granados y David Marjaliza esperan su turno para declarar en los calabozos de la Guardia Civil de Las Rozas (Madrid), aunque se prevé que declaren mañana ante el juez, al estar considerados supuestos líderes de la organización criminal.

El juez Velasco expone en un auto dictado este jueves que el empresario José Luis Huerta, administrador de Waiter Music, es adjudicatario de numerosos contratos públicos en diversos municipios de Madrid así como empresas públicas dependientes de la Comunidad de Madrid, donde Granados ocupó 'cargos de relevancia'.

El magistrado expone que Waiter Music vendió sus servicios a empresas públicas durante los ejercicios en los que Francisco Granados ocupaba cargos de relevancia en la Comunidad de Madrid, 'que le conferían la condición de administrador de estas sociedades públicas y por lo tanto la capacidad de influir sobre los contratos públicos dimanantes de dichas empresas públicas'.

El auto cita expresamente las empresas públicas Patronato Madrileño de Áreas de Montaña; Arpegio Áreas de Promoción Empresarial, S.A.; Instituto Madrileño de Desarrollo o Fundación Arpegio.

El futuro carcelario del exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid se apuntala también a la vista de las órdenes de prisión incondicional sin fianza dictadas este jueves contra los principales implicados que han declarado hasta ahora.

El juez Velasco dispone esta medida cautelar en el auto, a la vista de las redes clientelares descubiertas y la 'alta probabilidad de reiteración delictiva, pues en el caso de los conseguidores es un auténtico modus vivendi' lo que existe riesgo de alterar 'elementos relevantes para la investigación del delito' y de 'evitar trabas e intervenciones del patrimonio ilícito de los implicados.