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Prisión sin fianza para el alcalde de Valdemoro y un alto cargo de la filial de GDF Suez en España

JULIA PÉREZ

El juez central de instrucción 6, Eloy Velasco, ha dictado la prisión incondicional contra el alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza, y un alto cargo de la empresa Cofely, filial de GDF Suez, Pedro García Pérez, director de Mercado Público de la compañía.

Para el director general de la filial de GDF Suez, Didier Maurice, el magistrado Velasco ha dictado prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros. La misma medida cautelar se ha adoptado para el director comercial de Cofely España, Constantino Álvarez y el empleado José Antonio Hernández, ambos con prisión bajo fianza de 100.000 euros.

Al mismo tiempo, ha dictado prisión incondicional para Ana María Ramírez, secretaria, accionista y administradora de varias empresas del presunto conseguidor David Marjaliza.

El juez Velasco sostiene en un auto dictado este jueves que el alcalde de Valdemoro ha favorecido 'de manera continuada' a empresas vinculadas a Marjaliza y otros empresarios en materia de contratación pública y promoción urbanística, mediante adjudicaciones irregulares, revelación de información y 'otras conductas que han subordinado el interés público y la objetividad e imparcailidad de la administración a los intereses particualres de ciertos empresarios'.

De Ana María Ramírez, el magistrado subraya que era la 'mano derecha' de Marjaliza y 'parte imprescindible' de la articulación de su complejo entramado empresarial para la comisión de sus actividades delictivas. Además, existen indicios de su participación directa, asegura el magistrado, en la entrega de cantidades económicas a autoridades y funcionarios públicos o en la trama de facturas falsas que se emplean para la generación de efectivo para el pago de cohechos.

Respecto al alto cargo de Cofely Pedro García, el juez señala que es el principal 'interlocutor y articulador de la red de tráfico de influencias y de pago de cohechos de la que se sirve la empresa para lograr la adjudicación de contratos públicos millonarios en diversas administraciones públicas'.La trama de la operación Púnica consiste en una supuesta organización criminal que sobornaba a políticos y funcionarios a cambio de contratos de obras y servicios públicos, con el pago de comisiones del 3%.La investigación ha revelado que las redes de conseguidores incluían el pago en cuentas de Suiza dinero que, tras su movimiento entre diversos países, retornaba a España en forma de exportaciones.

En total, este jueves por la tarde el juez ha tomado declaración a doce detenidos. Para otros ocho, Velasco ha acordado prisiones eludibles con fianzas de entre 25.000 y 100.000 euros, mientras que ha dejado en libertad al empresario José Antonio Alonso Conesa.

Así,el juez ha dictado prisión con fianza para el jefe de gabinete del alcalde de Valdemoro, Alfredo Ovejero (25.000 euros), y el concejal de Hacienda de este municipio, José Javier Hernández (60.000 euros). El arquitecto municipal de Valdemoro José Luis Navarro podrá eludir la prisión si deposita 100.000 euros ante el juzgado en los próximos diez días.

El juez también ha dictado prisión bajo fianza para el empresario Eduardo de la Peña (50.000 euros) y el administrador de una de las empresa de Marjaliza, Antonio Serrano (100.000 euros).De los quince que han declarado hoy, sólo ha dejado en libertad con imputación de varios delitos al exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso Conesa.

En total, el juez ha dictado prisión con o sin fianza para 14 detenidos, tres de ellos en la mañana de este jueves: el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, y uno de los supuestos cabecillas y 'conseguidor' de la trama Alejandro de Pedro Llorca -ambos sin fianza-, así como el empresario José Luis Huerta, sobre el que pesa prisión eludible con una fianza de 300.000 euros.


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