El juez central de instrucción 6, Eloy Velasco, ha enviado a prisión eludible bajo fianza de 60.000 euros al exalcalde de Serranillos del Valle (Madrid) Antonio Sánchez Fernández (UDMA), imputado en la operación Púnica, tras haber cotejado los documentos que trataba de llevarse ayer lunes del Ayuntamiento cuando fue sorprendido por la Guardia Civil.

El juez instructor, Eloy Velasco, le imputa ocho delitos: organización criminal, revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación, malversación, falsedad documental, cohecho y fraude.

Velasco toma esta decisión tras tomarle declaración y haber analizado la documentación incautada en el ayuntamiento. Sánchez sería responsable de varias irregularidades en materia de contratación pública para beneficiar al empresario David Margaliza, considerado el líder de la trama Púnica.

En este caso existe riesgo 'objetivo y concurrente' de alteración de elementos 'relevantes para la investigación del delito puesto que fue descubierto huyendo del ayuntamiento con documentación probatoria que pretendía eludir de la acción de la Justicia', según resuelve el juez en un auto dictado este martes.

 El alcalde de Serranillos del Valle fue descubierto 'huyendo del ayuntamiento con documentación probatoria que pretendía eludir de la acción de la Justicia'

Sánchez Fernández, acompañado de su abogado, estuvo presente en el registro y análisis de los documentos que comenzó a las nueve de la mañana y que pretendía llevarse de la alcaldía de Serranillos del Valle.

Posteriormente, a las 12 del mediodía, comenzó su declaración que había eludido la semana pasada al alegar que estaba convaleciente de una operación cardíaca. Sánchez Fernández declaró ante el juez Velasco y las fiscales del caso, María Teresa Gálvez y Carmen García.

El exalcalde de Serranillos del Valle sería responsable de varios contratos públicos irregulares.El juez cita en su auto varios contratos. Por ejemplo, un contrato de eficiencia energética a favor de Cofely España, filial del gigante energético GDF Suez. Sánchez Fernández habría alterado su valoración en el concurso público, con la connivencia del técnico municipal.

Otro caso citado por el instructor es la gestión de los centros deportivos del municipio: las empresas de Marjaliza habrían estado trabajando sin contrato público que lo amparase y, posteriormente, el alcalde habría intentado articular un procedimiento de contratación predeterminado a favor de las compañías de Marjaliza, donde el mismo empresario 'habría intervenido en la redacción de los criterios de adjudicación'. Por si fuera poco, para amparar los trabajos realizados sin contrato público 'se habrían elaborado informes y facturas falsas' para pagar a Marjaliza.

Miembro de la Unión Demócrata Madrileña (UDMA), el exalcalde pillado 'in fraganti' fue detenido en la operación Púnica la semana pasada, imputado por los delitos de prevaricación, fraude, malversación y cohecho. Pero no pasó a disposición judicial ya que alegó que estaba convaleciente de una operación de corazón.

Sánchez Fernández fue descubierto in fraganti por un funcionario este mismo lunes, quien llamó al juzgado para alertar de que el entonces alcalde había llegado con cajas vacías al consistorio y las está llenando con documentación de su despacho.

El juez Velasco dictó ayer un auto para que interviniera la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ante el riesgo de que dichos documentos no fueran personales, como alegó el entonces alcalde, sino relacionados con la trama Púnica, 'por lo que podría estar tratando de hacer desaparecer o destruir pruebas imprescindibles para la averiguación de los hechos objeto de la presente causa'.

La Guardia Civil se personó en el ayuntamiento y retuvo las cajas, que ya estaban llenas. Además, levanto acta para el caso de que el juzgado estime conveniente su incautación e incorporación a la causa.

Horas después de ser cazado con la cajas de documentos rellenas, Sánchez Fernández presentó su dimisión como alcalde.