Cuando este lunes, 16 de octubre, finalice a las 10 de la mañana el plazo dado por el Gobierno de Mariano Rajoy al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que responda si ha declarado o no la independencia de Catalunya se abrirá un escenario nunca visto en España en una de las más graves crisis de Estado desde el inicio de la democracia, en 1978.

Si Puigdemont responde que no proclamó que Catalunya era un estado independiente en forma de república en el Parlament el pasado martes y se hace eco de las llamadas al diálogo, en el Congreso podrá negociar la revisión del modelo territorial. Será dentro de una comisión creada por exigencia del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y del PSC.

En este caso, la CUP ya ha anunciado movilizaciones callejeras y en puntos estratégicos, mientras sus siete diputados -socios de Puigdemont y de ERC- no regresarán al Parlament. Rechazan una reforma constitucional porque "la gente ha votado república" y "hay que defender con coherencia" el resultado del referéndum del pasado 1 de octubre, según su portavoz, Núria Gibert, en alusión al referéndum que fue suspendido por el Tribunal Constitucional.

Balcones de un edificio de viviendas en Barcelona con la estelada y con la bandera española. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Rajoy aspira a que el propio Puigdemont convoque elecciones anticipadas, que el presidente catalán tendría que realizar si le abandonan ERC y la CUP en el caso de que no acceda a la proclamación 'exprés' de la independencia que le exigen.

Pero el escenario más previsible es que Puigdemont se mantenga en la ambigüedad o que responda que sí, que proclamó la república. En este caso, tendrá de plazo hasta el jueves 19 de octubre a las 10 de la mañana para revocar dicha declaración.

Si no la revoca, los planes del Gobierno pasan por activar el famoso artículo 155 de la Constitución, copiado de la Constitución alemana. Es un mecanismo de coerción federal destinado a obligar a una autonomía a cumplir la ley cuando incumple gravemente sus deberes o altere el interés general.

El Gobierno se adentrará entonces en territorios legales desconocidos hasta ahora, porque este procedimiento nunca ha sido utilizado en España más allá de una invocación realizada a Canarias: nunca se ha llegado a este extremo tan grave.

Gestionar competencias del Govern

El Gobierno acudirá al Senado para solicitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que exige detallar -y probar- los incumplimientos de las obligaciones por parte de la Generalitat. Tiene la mayoría absoluta para aprobarlo.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su escaño antes del inicio del Pleno del Congreso de la pasada semana sobre el crisis catalana. REUTERS/Sergio Perez

Este artículo tan abierto no implica suspender la autonomía de Catalunya, sino que el Senado apruebe la cobertura legal para que el Gobierno pueda dar instrucciones al Govern y, si es necesario, sustituir a las autoridades catalanas y conseguir el cumplimiento de la legalidad. El Senado tiene que detallar en su acuerdo las medidas que se vayan a adoptan y su alcance.

El Gobierno de Rajoy planea reemplazar al Gobierno catalán, con el fin de hacer cumplir la legalidad, y que se convoquen en unos meses elecciones autonómicas para que un nuevo Parlament elija a un nuevo Govern.

Mientras tanto, nombrará a un equipo técnico para gestionar competencias del Govern, bien compuesto por altos funcionarios o por políticos. Sólo podrán adoptar decisiones de gestión -no políticas-, con el fin de llegar a unas nuevas elecciones catalanas y restablecer la normalidad.

La mayoría de los expertos consultados considera que ni el Gobierno ni los gestores que nombre podrán convocar elecciones anticipadas. El Estatuto de autonomía de Catalunya sólo otorga la potestad de disolución anticipada del Parlament al president de la Generalitat; ni siquiera lo permite a la persona en quien delegue sus funciones ejecutivas.

Varias de las personas que se concentraron en el Paseo Lluis Companys para seguir la intervención de Carles Puigdemont en el Parlament. REUTERS/Ivan Alvarado

El Estatut es una ley orgánica que tiene un rango superior a lo que acuerde el Senado y consagra la soberanía del pueblo catalán en el Parlamento, que es inviolable.

En fuentes del Ejecutivo se asegura que disponen de estudios que avalan la posibilidad de quitar al presidente de la Generalitat la competencia de disolución anticipada del Parlament para así convocar elecciones, pero existen dudas sobre si los sectores independentistas boicotearían dichos comicios y se llegaría a un callejón sin salida.

El Gobierno tiene como objetivo asumir el mando de la policía autonómica -los Mossos d'Esquadra-, además de asegurarse el cumplimiento de las resoluciones judiciales: desde los tribunales ordinarios al Tribunal Constitucional.

Otro de los objetivos sería cortar las ayudas públicas a las organizaciones independentistas y controlar los medios de comunicación públicos. Por su parte, los independendistas temen la intervención de TV3 y de la Educación.

La diputada de la CUP Anna Gabriel junto al president catalán, Carles Puigdemont, y al vicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, en el Pleno del Parlament.. REUTERS/Albert Gea

Una vez restablecida la legalidad, su intención es que el actual Parlament convoque las elecciones.

¿Medidas cautelares para Trapero, Sànchez y Cuixar?

A esa misma hora del lunes, a las 10 de la mañana, en la Audiencia Nacional volverán a declarar el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y a los presidentes de Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, por el supuesto delito de sedición que se habría cometido durante los registros ordenados por un juzgado de Barcelona a despachos de altos cargos del Govern durante los días 20 y 21 de septiembre.

Serán interrogados por un informe de la Guardia Civil, de 300 páginas con abundantes pruebas audiovisuales, que explica cómo la comisión judicial que practicó aquellos registros quedó rodeada en la consejería de Economía por 40.000 personas mientras los Mossos no consideraron necesario reforzar la seguridad de dos agentes apostados en la puerta. La letrada de la administración de Justicia fue sacada por los tejados tras varias horas retenida, al tiempo que los coches de la Guardia Civil eran golpeados.

La Fiscalía baraja pedir para los tres investigados medidas cautelares, quizá incluso la prisión, porque el delito de sedición está penado con hasta 15 años de cárcel y entiende que existe reiteración delictiva por las movilizaciones posteriores. Las defensas insistirán en que, de existir, sería un delito relacionado con el orden público y no un alzamiento tumultuario propio de la sedición.

Si alguno de ellos ingresa en prisión provisional, la movilización en Catalunya está servida.

Agentes de los Mossos D'esquadra, haciendo guardia en el exterior del Parlament. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Llegará el escenario de la "asfixia judicial" de la que habla el documento sobre la estrategia para lograr una Declaración Unilateral de Independencia. Esta hoja de ruta fue descubierta en estos registros a Josep Maria Jové, secretario general de Economía y número dos de Oriol Junqueras (ERC), el vicepresidente de la Generalitat.

Bajo el título de #EnfoCATs, este documento diseña la propaganda y los distintos escenarios posibles para lograr la independencia, incluido un escenario con la "reacción violenta del Estado", la asfixia económica y judicial y que, en el caso de que "resistan", habría que "generar más conflicto" para conseguir la desconexión forzosa y llegar a un referéndum acordado.

Los partidarios de seguir adelante con la independencia rechazan toda reforma constitucional y buscan movilizar a sus bases para recuperar la calle, algo desinflada por el frenazo de Puigdemont del día 10, por la salida de numerosas empresas de Catalunya y el deterioro económico. Las movilizaciones callejeras generarán ese "mas conflicto" que aconseja la estrategia independentista.