MURCIA.- El abogado murciano Diego de Ramón, que fue el primero que interpuso en 2010 una querella a la Fiscalía para instar a la investigación de las presuntas irregularidades cometidas en la construcción de la desaladora de Escombreras, afirma que se trata del "mayor escándalo de corrupción" de la Región de Murcia, al suponer un "agujero de 600 millones de euros de deuda para la Comunidad y representar un gasto que oscila entre los 40.000 y los 70.000 euros diarios a las arcas del Gobierno regional".

Se trata de la querella que ha dado lugar a que la Brigada Provincial de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía se presentara este martes en las instalaciones de la planta desalinizadora para proceder a un registro y pedir documentación, a instancias del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, cuyas actuaciones ha declarado secretas.

De Ramón, que será citado próximamente a declarar en la Comisión de Investigación de la Desaladora puesta en marcha por la Asamblea Regional, ha reprochado que fue el Ejecutivo del ex presidente Ramón Luis Valcárcel el que generó una deuda de 600 millones de euros al asumir un coste "altísimo" por la construcción de la desaladora. Y es que reprocha que ACS, la empresa constructora, pidió un préstamo y la Comunidad Autónoma lo subrogó.

A todo ello se suma "el coste de un millón de euros para pagar a asesores externos", una labor que podrían haber asumido los servicios jurídicos de la Comunidad ahorrando esa cantidad, lamenta De Ramón, quien añade también el gasto de ocho millones de euros anuales que se le paga en concepto de mantenimiento a Tedagua, que es una sociedad "creada por la propia empresa".

"La empresa ha creado todo un entramado de sociedades que se encargan de todo el proceso de producción, desde la desalación hasta los servicios jurídicos", lamenta De Ramón, quien critica que la factura "corre a cargo de la Comunidad Autónoma".

En este sentido, De Ramón critica que las turbinas de la desaladora "están funcionando solo al 20 por ciento" y la infraestructura supone "unas pérdidas diarias de entre 40.000 y 70.000 euros diarios", reprocha el letrado. "Todo ello gracias a Valcárcel y a su Equipo de Gobierno", añade.

De Ramón recuerda que él fue el primer en presentar la querella sobre la desaladora nada más conocer las presuntas irregularidades destapadas por el Tribunal de Cuentas, y que detallaban un reguero de presuntos delitos: "malversación de caudales públicos, falsedad en documentos públicos, prevaricación y estafa".

A este respecto, lamenta que no fuera el interventor de la Comunidad, Eduardo Garro, o los propios servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico los que tomaran cartas en este asunto nada más conocer el informe del Tribunal de Cuentas. Y es que la Ley "dice bien claro que toda persona o funcionario público que tenga conocimiento de un delito está obligado a ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial", según el letrado, quien los acusa por ello de ser "presuntos encubridores".

El terreno construido "pasó de tener calificación rústica a urbana"

El letrado murciano, que ha pedido personarse en el procedimiento en el Juzgado de Instrucción número 5, recuerda que la desaladora se creó para "recalificar 180 millones de metros cuadrados" en los municipios de los 26 ayuntamientos que firmaron el convenio de aprovisionamiento con el Ente Público del Agua. "El terreno pasaba de tener calificación rústica a urbana, con el correspondiente aumento de recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)", reprocha.

A este respecto, De Ramón aclara que el cambio del uso de los terrenos de rústico a urbano "requiere el permiso y la autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS)", que no autorizó las operaciones al considerar que "no había agua suficiente para abastecer las urbanizaciones planeadas".

Por este motivo, el abogado critica que la Comunidad Autónoma creó el Ente Público del Agua, que "no es más que un organismo cuyo objetivo era puentear la labor de la CHS", asevera.