Publicado: 06.07.2014 13:58 |Actualizado: 06.07.2014 13:58

"Lo tenemos todo para abrir las fosas, menos voluntad política"

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Mientras que en Kosovo se identifican hasta mil cadáveres por ADN cada año y en Guatemala el propio gobierno obliga a los organismos sanitarios a buscar el ADN de las víctimas de sus crímenes de Estado, España sigue siendo el segundo país en el mundo con más fosas comunes sin abrir, después de Camboya. Estos datos, publicados por la ONU tras la visita de dos emisarios en septiembre de 2013 y enero de 2014, hablan por sí solos. La memoria histórica no figura en la agenda política de este país. Sin embargo, desde la sociedad civil cada vez es mayor el interés por descorrer el manto de olvido con el que se ha querido sepultar todo lo ocurrido durante la Guerra civil y los cuarenta años de dictadura franquista. Uno de los ejemplos más destacados puede verse en Barcelona, donde funciona el único banco de ADN para la identificación de los familiares desaparecidos en la Guerra civil que existe en el Estado español.

A raíz del encuentro fortuito de dos bisnietos de combatientes republicanos que asistían a una charla del Memorial Democràtic en 2010, se impulsó esta iniciativa pionera que busca recolectar el testimonio genético de los familiares vivos de los desaparecidos, antes de que sea demasiado tarde. "Nos dimos cuenta de que, como el Gobierno no tiene ningún plan estipulado y con la Ley de Memoria Histórica no hacemos nada, si no cogemos las muestras de ADN rápido, no quedará ninguna prueba, porque muchos de estos familiares directos están muriendo. Así que nos pusimos a trabajar a contrarreloj" explica Roger Heredia, miembro del grupo de policía científica de los Mossos d'Esquadra y uno de los impulsores del banco de ADN.

"Mi bisabuelo, natural de la Torre de l'Espanyol (Ribera d'Ebre) al igual que yo, desapareció durante la Batalla del Ebro y nunca se ha sabido nada más de él. Los compañeros que estaban con él en la trinchera nos contaron que cuando lo mataron, en octubre de 1938, vieron como se lo llevaron en una camilla y es eso lo último que sabemos" relata Roger. Algo muy similar es lo que ha vivido Marc Antoni Malagarriga, cuyo tío desapareció en un campo de trabajo situado en La Seu D'Urgell y, pese a haber hecho todos los trámites pertinentes en la Generalitat para la investigación, no ha obtenido ninguna información acerca del paradero de su familiar.

Así las cosas, Roger y Marc se pusieron inmediatamente en contacto con el equipo médico de genética forense de la Universidad de Barcelona, encabezado por la Dra. Carme Barrot, para proponerles la creación del Banco de ADN. La respuesta fue un sí rotundo, aún tras reflexionar sobre los importantes obstáculos que se encontrarían en el camino: el dinero, para empezar. "Cuando nos lo plantearon lo primero que pensamos fue cómo íbamos a financiarlo porque no está la situación como para cargar a las familias con grandes gastos. Preparar el perfil de un desaparecido ronda los 2.000 euros, así que resolvimos no hacer eso de momento, sino tomar la muestra de ADN —que cuesta 150 euros— y conservar el extracto seco hasta que podamos abrir las fosas y tengamos con qué comparar. Ahora, coste mínimo y asegurar la prueba. Luego ya buscaremos cómo lo financiamos" explica la Dra. Carme Barrot, coordinadora del Banco.

El dinero no tendría que suponer ningún problema si España cumpliera con el tratado internacional por el cual, en los países donde ha habido un conflicto bélico, los gobiernos están obligados a acarrear con la identificación de sus víctimas. Pero la Ley de Memoria Histórica que rige en el Estado español desde 2007 incumple este pacto y dispone que serán las propias familias las que, a petición suya, pagando la exhumación y encontrando la fosa, podrán buscar los restos de sus parientes.

En Catalunya la situación es un tanto diferente porque, según la Ley de Memoria catalana sancionada en el 2009, no ha de ser la familia la que costee la apertura de la fosa sino la Administración. Pero no todo es oro lo que reluce y la normativa —pese a ser más avanzada que la española— contiene entre sus artículos una cláusula que complica las cosas: si tan solo uno de los familiares se niega, la fosa no puede exhumarse.

Ante el incumplimiento sistemático del acuerdo internacional por parte de España, las asociaciones por la memoria histórica de todo el país consiguieron elevar la alarma a la ONU y que dos emisarios vinieran —en septiembre del 2013 y enero del 2014— a certificar la falta. Los impulsores del Banco de ADN de Barcelona se reunieron con ellos y, tras obtener un informe desastroso de la ONU- "nos dijeron que en toda su carrera nunca habían visto una diferencia tan grande entre lo que dijo que había hecho el gobierno y lo que le contaron las familias que, efectivamente, se hizo" remarca Roger- informaron al Parlament de Catalunya de esta visita y de su proyecto.

La presión del dedo acusador de la ONU surtió efecto y, rápidamente (diciembre del 2013) los diputados aprobaron con amplia mayoría una moción que instaba al Gobierno catalán a impulsar y divulgar el Banco de ADN; modificar la ley de fosas, porque ésta impide exhumar sistemáticamente; y actualizar el mapa oficial de fosas en Catalunya, porque solo constan 240 y se cree que existe un centenar más. Ahora bien, el plazo que el Parlament tenía para cumplir lo formulado en la moción se acaba de vencer- a finales de junio-y ninguno de los puntos se ha llevado a cabo.

"El primero, que era el de la difusión del Banco de ADN, no lo han hecho porque en vez de mandar un documento a las familias informándoles de nuestra existencia, les enviaron una solicitud para pedir información "sobre proyectos privados" —ni siquiera nos nombran— que la gente tiene que reenviar a la Generalitat. Es absurdo" se queja Roger Heredia. De hecho, tanto él como la Dra. Barrot denuncian que el Memorial Democràtic —organismo público destinado especialmente a la reconstrucción histórica— nunca les ha querido prestar atención.

Tampoco el Gobierno catalán ha cumplido la modificación de la Ley de Fosas Comunes para desbloquear la exhumación y que las comparaciones del material genético pueda llevarse a cabo, siendo que en Catalunya a día de hoy solo se han abierto dos —de las 240 que figuran en el mapa oficial— como prueba piloto. "Para abrir las fosas tenemos todo lo necesario: acuerdos con la UB; forenses, antropólogos y arqueólogos voluntarios; gente que quiere hacer tesis o prácticas; campos de trabajo. Pero lo que no hay es voluntad política" reclama la Dra. Barrot.

La falta de apoyo gubernamental no paraliza al equipo del banco genético que, mientras espera que las fosas puedan abrirse, sabe que hay que aprovechar al máximo el tiempo, sobre todo si se tiene en cuenta que se han tardado 70 años en empezar a investigar este capítulo oscuro de la Historia. El plan es recoger el mayor número posible de muestras de ADN —de momento tienen 30— principalmente de hijos directos de los desaparecidos, porque son los familiares que tienen más edad (casi todos rondan los 75 años), para luego compararlas con las de los cuerpos que se encuentren en las fosas.

El siguiente paso es conseguir que se respete lo dispuesto por los tratados internacionales en materia de Memoria histórica. "Primero vamos a intentar hablar directamente con el Presidente de Catalunya y si aquí no nos hacen caso, iremos con las conclusiones oficiales de los relatores de la ONU al Tribunal de La Haya o a Estrasburgo, donde sea —asegura el impulsor del Banco— No puede ser que el Gobierno haya hecho una inversión cero y aún se ría de nosotros porque la parte ganadora está toda identificada, descansando en los cementerios y, en cambio, a los perdedores hay que dejarlos como están porque localizarlos es reabrir heridas. Las heridas nunca se cerraron".