El Consejo de Ministros aprobará este viernes el anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana: un texto redactado en paralelo a la reforma del Código Penal con el que el Gobierno quiere acabar con las protestas ciudadanas, la grabación de excesos policiales y otras realidades que restan credibilidad al Ejecutivo, a sus recortes y a la Marca España.

Estas son algunas de las actuaciones que pasan a ser consideradas como infracciones muy graves, por las que el Gobierno prevé multas de entre 30.000 y 600.000 euros:

-La grabación y difusión de imágenes de agentes de seguridad en el ejercicio de sus funciones 'que atenten contra el derecho a su honor o su imagen y que puedan poner en peligro su seguridad o la de la intervención policial correspondiente'. A pesar de que el anteproyecto de ley lleva por nombre Ley de Seguridad Ciudadana, multa la grabación de los agentes, dificultando probar cuándo están extralimitándose los agentes. ¿Ejemplos de lo que el Gobierno quiere censurar?:

La paliza que ocho Mossos d'Esquadra propinaron a Juan Andrés Benítez, empresario del Gaixample de Barcelona, que falleció poco después/ La manifestación ante la sede del PP Barbacoa de Chorizos, (julio de 2013) / Las cargas en la Estación de Atocha tras la convocatoria Rodea el Congreso.

-La nueva norma del Ejecutivo de Rajoy combatirá las concentraciones no comunicadas formalmente cerca de instituciones como el Congreso de los Diputados o el Senado, multando su convocatoria, dirección y participación. 

Rodea el Congreso, 25 de septiembre de 2012 /  

- Obligatoriedad de identificarse ante las Fuerzas de Seguridad, que podrán inmovilizar a una persona hasta que se compruebe su identidad y que el documento que porta no es falso. La multa de hasta 600.000 por negarse a ser identificado no incluirá a los agentes, que podrán seguir evitando revelar su identidad,  respaldados por la norma que impide grabarlos en vídeo.

Un joven exige a los policías que se identifiquen tras agredirle y siguen pegándole, en la manifestación en respuesta a las cargas del 25-S , 26 de septiembre de 2013 

-Escraches frente a domicilios de políticos. La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, calificó a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca como 'grupo filoterrorista' por los escraches, motivo por el que su líder, Ada Colau, presentó una denuncia ante un juzgado de Barcelona , que ya ha sido admitida a trámite. Ejemplos de la 'violencia ciudadana' en los escraches:

Escrache feminista (julio de 2013) / Escrache frente a la casa de Soraya Sáenz de Santamaría (abril 2013) .

-La perturbación del orden público en espectáculos, acontecimientos deportivos, oficios religiosos y demás actos públicos también se considerará 'muy grave' tras la aprobación de la nueva ley.

Violenta represión de una manifestación laica durante las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ) de la Iglesia Católica, en agosto de 2011 / Cuatro detenidos por una performance de protesta en una capilla de la Universidad Complutense, en marzo de 2011.

Además, la nueva normativa desarrollada por Interior establece un nueva lista de infracciones graves. Entre las acciones penadas con multas de entre 1.001 y 30.000 euros: Alterar el orden público con elementos que dificulten la identificación, amenazar, coaccionar o vejar a los agentes, el ofrecimiento, la solicitud, la negociación y la aceptación de los servicios de prostitución junto a zonas infantiles o en aquellas en las que peligre la seguridad vial, los botellones no autorizados, los daños al mobiliario urbano...

Sin embargo, en la lista de infracciones penadas con hasta 30.000 euros, el Ministerio que preside Fernández Díaz ha logrado incluir acciones que cuadran con otras recientes protestas en la capital.

- Obstaculizar la vía pública con neumáticos u otros enseres que impidan la normal circulación de vehículos y personas.

Huelga de basuras en Madrid, noviembre de 2013 (imágenes) / Marcha negra de los mineros del carbón, junio de 2012

-Escalar como acción de protesta edificios públicos o precipitarse desde los mismos.

Protesta de Greenpeace contra la ley de costas en el tejado del Congreso (mayo de 2013)

El borrador de la nueva normativa será debatido este miércoles, en la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios.  Tras obtener su visto bueno, pasará por el Consejo de Ministros (este viernes) y continuará con su tramitación, para sustituir a la actual ley, establecida en 1992 por el ministro socialista José Luis Corcuera.

Teniendo en cuenta la mayoría absoluta del Partido Popular en el Congreso, la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal no tardarán muchos meses en ser aprobadas, y el Gobierno podrá pasar de la criminalización verbal de las protestas a contar con nuevas herramientas legales para cortarlas de raíz.