Publicado: 13.01.2016 19:22 |Actualizado: 13.01.2016 19:35

La acusación popular pide diez años de cárcel para Rato, Blesa y Barcoj por las tarjetas 'black' de Caja Madrid

Reclama, además, 6 años de prisión para cada uno de los 63 altos directivos de Caja Madrid y Bankia, según el escrito de acusación presentado por partido UPyD y el sindicato CIC.

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El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, a la salida de la Audiencia Nacional tras declarar por las tarjetas black. REUTERS

El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, a la salida de la Audiencia Nacional tras declarar por las tarjetas black. REUTERS

MADRID.- La acusación popular personada en la causa abierta por el uso de las tarjetas black -opacas al fisco- de Caja Madrid ha pedido un total de diez años de cárcel para los tres principales investigados en la causa: Rodrigo Rato, expresidente de Bankia, Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, así como Ildefonso Sánchez Barcoj, exdirector financiero de esta última entidad.

El escrito de acusación ha sido presentado en la Audiencia Nacional por UPyD que pide su procesamiento por los supuestos delitos de apropiación indebida y administración desleal. En total, suponen penas de 408 años de prisión.

En concreto, para Blesa, Rato y Barcoj, UPYD solicita la máxima pena posible, 10 años de cárcel para cada uno. El partido pide para ellos 6 años de prisión por un delito de apropiación indebida cometido a través de sus propias tarjetas y 4 años de cárcel por un delito de administración desleal por la emisión del resto de tarjetas para los otros 63 consejeros. Igualmente, solicita para ellos la inhabilitación para empleo o cargo público y para la profesión bancaria.

Respeto a los otros 63 consejeros que usaron las tarjetas black, UPYD reclama 6 años de prisión por apropiación indebida y la inhabilitación para empleo o cargo público y para la profesión bancaria.

Evitar la impunidad


UPyD presenta este escrito antes de retirarse de la causa, ante la ausencia de medios económicos y de respaldo de los ciudadanos registrado en las pasadas elecciones generales. El portavoz de UPyD, Andrés Herzog, ha considerado necesario presentar el escrito de acusación “por responsabilidad” y “ante el riesgo de que muchos de los imputados puedan quedar impunes” por falta de acusación del ministerio público.

“Antes de desistir de la causa de las tarjetas black hemos querido intentar evitar que alguno de estos presuntos corruptos pueda salir indemne de sus delitos”, ha añadido Herzog, quien ha reseñado que “esto es lo que podría suceder directamente si la fiscalía o el resto de acusaciones no piden la apertura de juicio para algunos de los usuarios de las black”, como Rafael Spottorno o Matías Amat, entre otros.

Tanto el exjefe de la casa real como 11 exdirectivos fueron exculpados por el juez durante la instrucción de la causa, después de que lo solicitara la Fiscalía.

La acusación popular continuará por parte de la Confederación Intersindical de Cajas (CIC), que no se ha retirado.

UPyD y CIC piden, además, multas de 12 meses para los 66 exdirectivos y exconsejeros imputados, e inhabilitación especial para empleo y cargo público y para cualquier empleo relacionado con la banca por tiempo que dure la condena.

Es el primer escrito de acusación presentado ante Fernando Andreu, juez central de instrucción número 4, quien el pasado 23 diciembre cerró las investigaciones y propuso abrir juicio oral contra los exdirectivos.

El juez concluyó que las tarjetas 'black' emitidas por Caja Madrid "no tenían como finalidad los gastos de representación o profesionales". Para el magistrado, "existen indicios fundados de criminalidad contra los integrantes del Consejo, de la Comisión de Control y ejecutivos de Caja Madrid y Bankia", que recibieron de estas entidades unas tarjetas de crédito emitidas para gastos personales sin contrato.

Se espera que la Fiscalía Anticorrupción presente además su escrito de acusación en este caso, donde figurarán buena parte de los investigados pero no toda la cúpula directiva en contra de lo que ha solicitado la acción popular.

La investigación comenzó en octubre de 2014, a partir de una denuncian de Anticorrupción por supuestos delitos en el uso de tarjetas de crédito por parte de antiguos miembros de la cúpula de Caja Madrid y Bankia.

La excúpula de la entidad gastó con estos plásticos opacos al fisco un total de 15,25 millones de euros en 13 años.