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Acusados del caso de Estepona reclaman todo el material judicial sobre Villarejo y su socio

El exalcalde socialista Barrientos y otros imputados en la 'Operación Astapa' acusan al comisario y a su socio en Estepona, Juan Carlos Escribano, de utilizar a la UDEF que dirigía José Luis Olivera, actual director del CITCO, para hacer un montaje policial desmantelando el ayuntamiento en 2008 con el fin de quedarse con el urbanismo de la ciudad turística malagueña.

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Los comisarios José Manuel Villarejo (abajo) y José Luis Olivera (detrás) a su llegada a Melilla, en 2015. EL PAÍS

Llevan 10 años imputados por lo que se conoció como Operación Astapa, llevada a cabo por la UDEF y que supuso el desmantelamiento del Ayuntamiento de Estepona. Desde entonces, el caído alcalde del PSOE, Antonio Barrientos, y otros compañeros denuncian que la causa por supuesta corrupción urbanística fue una maniobra del comisario José Villarejo para hacerse con el lucrativo negocio de las recalificaciones y la otorgación de licencias en la cotizada ciudad malagueña. 

Pero con la Operación Tándem, desplegada el pasado noviembre y que acabó con Villarejo y sus socios en prisión, los acusados creen poder dar un vuelco a su investigación y limpiar sus nombres. Por eso han pedido a la Audiencia Nacional que remita a su juzgado de Estepona todo lo relacionado con los registros efectuados al comisario jubilado y aquella documentación relacionada con dicha ciudad y con los negocios urbanísticos que allí tiene el policía. 

Denunciantes y testaferros

El 3 de noviembre, agentes de Asuntos Internos de la Policía Nacional, detenían a Villarejo en su casa de Boadilla, a su mujer en la central empresarial de Torre Picasso junto al hijo mayor del comisario, y a dos socios clave en su entramado empresarial y de presunto blanqueo de capitales: al abogado Rafael Redondo y al malagueño Juan Carlos Escribano. Además, se arrestaba al comisario Carlos Salamanca y a su hijo. Menos Gema Alcalá y José Villarejo Jr. , todos han acabado en la prisión de Estremera acusados de organización criminal. 

Además de la caja fuerte del comisario que se encontró en una pequeña casa de una de las parcelas que tiene en el municipio madrileño, también se registró el ático que tiene en el Mirador de la Cala de Estepona, sus empresas allí y también las propiedades que posee, bien a su nombre, bien al de sus socios o testaferros como el empresario Juan Carlos Escribano. 

Escribano junto con otro socio del comisario, Diego de Lucas --que fue administrador de Sensible Code, la web que regenta la mujer de Villarejo--, y un exconcejal del PSOE del equipo de Barrientos, David Veládez, denunciaron ante la UDEF un supuesto amaño urbanístico por parte del alcalde. Esto ocurría en paralelo a que Villarejo hubiera solicitado unas licencias y que se le fuera a sancionar por no construir 113 aparcamientos que tenía previstos en el proyecto. 

Sin embargo, explican partes personadas en la causa, "20 días antes de interponer la denuncia en la sede de la UDEF en Madrid, que tuvo lugar el 16 de noviembre de 2006, el propio Veládez dijo en la reunión del grupo municipal del PSOE que "había recibido una llamada de la Policía del Ministerio del Interior”. 

Dos años después, tras las detenciones de Astapa, Veládez se convirtió en el alcalde que contrató a Diego de Lucas para la gerencia de urbanismo y Juan Carlos Escribano consiguió sus licencias sin tener que abonar ninguna sanción al ayuntamiento por no cumplir con el acuerdo inicial en la construcción del Mirador de la Cala.

Además, a partir de la llegada de Veládez al Ayuntamiento de Estepona las reuniones de los empresarios con De Lucas se llevaban a cabo en Madrid, precisamente en la central empresarial de Villarejo en Torre Picasso que ahora ha sido desmantelada en la Operación Tándem.