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Un afectado por las 'mordidas' de Granados denuncia abusos en la gestión de los colegios

Un ex cooperativista de un centro concertado de Valdemoro (Madrid) cuenta que tuvo dificultades para recuperar su inversión cuando quiso salir del proyecto debido a la opacidad del Consejo Rector de la cooperativa.

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Fachada del colegio Nobelis, en Valdemoro.

Daniel Blanco es uno de los cooperativistas de los colegios concertados con cuya construcción se lucraba el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y su amigo, el constructor David Marjaliza. Cuando percibió "ciertas irregularidades" en el funcionamiento de la cooperativa, pidió que le devolvieran los 50.000 euros que invirtió para asumir los primeros gastos de la escuela Nobelis, en Valdemoro (Madrid). Blanco cuenta a Público que lo logró muchos meses después y sólo porque amenazó al presidente de la cooperativa con denunciarlo por la vía penal si no le entregaba las actas de todas las reuniones de la Junta directiva y del Consejo Rector. Las actas no aparecieron y tampoco fueron a juicio, pero Blanco pudo recuperar su dinero.

La operación Púnica investiga este centro concertado junto a otros dos de Valdemoro —municipio del que Granados fue alcalde hasta 2003— y un cuarto en Torrejón de Velasco, según El País. Granados y Marjaliza cobraban mordidas de 900.000 euros por cada colegio que ponían en marcha, según publicó ABC. La empresa que pagaba era Alfedel, que luego vendía los centros concertados a las cooperativas de profesores que los iban a gestionar. El dueño de esta compañía, Alfonso Ferrón del Río, está imputado por estos pagos. La página web de la empresa ya no se puede consultar.

Los ayuntamientos cedían los suelos públicos donde se construían los colegios a cambio de un canon anual. Las aportaciones de los cooperativistas y varios préstamos bancarios sufragaban las obras y la Consejería de Educación se hacía cargo de los sueldos de los profesores y del mantenimiento del centro. 

Blanco formaba parte de la cooperativa Desarrollos Educativos, SCM y, tras varias asambleas, confiesa, empezó a desconfiar. "Preguntamos por el precio del colegio, a qué acuerdo se había llegado con el banco, cómo eran las escrituras... y no nos dieron ninguna respuesta", recuerda Blanco, que además se encontró "solo entre los cooperativistas", cuenta, "quizás por el desconocimiento del funcionamiento de la asamblea, por el miedo de ser expulsados o por no poder recuperar su dinero".

Daniel esperó "con paciencia y prudencia", recuerda, durante los años en los que el colegio aún no estaba construido, pero el conflicto se desató cuando, por derecho, debería haber comenzado sus labores de enseñanza en 2009. Con el centro todavía sin construir pero ya en funcionamiento en aulas que había alquilado en otro colegio, el presidente de la cooperativa comunica a Blanco que entrará a trabajar en el colegio el próximo curso. El orden de entrada corresponde al orden de antigüedad en el ingreso de capital. "Finalmente me dicen que, por el bien de la cooperativa, no debería ejercer de tutor — e impartir las materias estructurales— porque esa tarea podía hacerla un profesor de educación física y así ahorrábamos gastos", relata Blanco. Fue entonces cuando empezó su "periplo" para recuperar el dinero invertido en la cooperativa.

Blanco pidió explicaciones por carta al presidente de la cooperativa sobre las incorporaciones de docentes y le solicitó también las actas de las reuniones del Consejo Rector porque sabía que no había "y si las había no reflejarían lo acordado en asamblea", explica. La mayoría de miembros, recuerda, tenían entre 27 o 28 años y carecían de experiencia en educación y en cooperativas. En un escrito con marcados tintes "soberbios y chulescos", explica Blanco, el presidente respondió que se irían llamando "a aquellos socios que por necesidad empresarial primero y por orden de antigüedad puedan entrar a trabajar en el curso académico 2009-2010" y que se tendrían en cuenta criterios como la "especialidad" y la "versatilidad que pueda tener un socio para poder cubrir dos o más áreas". "Nos dijeron que se iban a cambiar los estatutos aprobados hacía escasos meses por la Asamblea para adaptarlos a esa visión empresarial que era totalmente opaca y desconocida por todos", critica Blanco.

El Consejo Rector se negó a entregarle esa documentación —a pesar de que la ley establece que deben estar a disposición de los cooperativistas— y citó a Blanco para dentro de dos meses al entender que el pedagogo estaba "en total desacuerdo con los objetivos de la empresa" y que podía "causar baja de la cooperativa, siéndole restituida de forma inmediata la aportación dada".

Dado que Blanco desconfiaba de lo indicado en la carta, ocho días antes de la fecha acordada, el 1 de septiembre -el primer día posible- el cooperativista acude al centro acompañado de un notario para pedir las actas del Consejo, pero nadie les atiende. El día de la cita acordada, Blanco se presenta con un abogado. "Les dije que ahora no venía a por las actas, sino a por el dinero, y me dijeron que no iba a poder recuperarlo. Entonces les dijimos que si no nos enseñaban las actas, les denunciaríamos por estafa, por la vía penal". El Consejo no les entregó las actas, pero sí el dinero.

Con el dinero recuperado de la cooperativa, Blanco se embarcó en un proyecto educativo propio: el gabinete psicopedagógico con refuerzo escolar Arete Estudios Pedagógicos, que intenta ayudar a alumnos con necesidades educativas a reincorporarse a sistema.

A la actual presidenta de la cooperativa del colegio Nobelis no le consta ningún tipo de irregularidad en la gestión del Consejo Rector. "Las 60 familias que tenemos invertidos nuestros ahorros en este proyecto somos totalmente ajenos a este tema", ha declarado a Público.