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Cómo afronta la izquierda la lucha contra la desigualdad social

BRUNO ESTRADA

En este segundo bloque de preguntas realizadas por la Fundación 1º de mayo se analizan la relación entre las políticas destinadas a la lucha contra la desigualdad social y la negociación colectiva.

Aunque los tres economistas entrevistados coinciden en la necesidad de fortalecer el poder de negociación de los trabajadores, en las respuestas surgen diferentes matices, así Manuel de la Rocha (PSOE) manifiesta: 'Proponemos un nuevo Estatuto que responda a las necesidades de trabajadores y empresas del siglo XXI, (...) al tiempo de trabajo, condicionada por la necesidad de conciliar la vida personal y laboral, a la participación y corresponsabilidad de los trabajadores en las decisiones empresariales'.

Y Alberto Garzón (IU) expresa que: 'La mejor forma de distribuir (no redistribuir) equitativamente la renta es la de reducir el poder del gran capital. Aumentar el poder de negociación de los trabajadores es importante, pero si atacamos el problema de raíz nos ahorraremos muchos problemas y dificultades (...) Socializando estas empresas estratégicas se logra acabar con el poder del capital en estos ámbitos y aumentar instantáneamente el poder de los trabajadores'.

Ignacio Álvarez (Podemos), por su parte, considera que: 'Si verdaderamente se quiere invertir el patrón regresivo que la distribución primaria de la renta experimenta desde hace años, se deben reequilibrar las posiciones de trabajadores y empresarios en el marco de la negociación colectiva, fortaleciendo para ello la representación de los asalariados'.

Bruno Estrada López, Fundación 1º de mayo: Para tener una sociedad más igualitaria, además de una acción redistributiva del estado, es necesario que en la distribución primaria de la renta entre capital y trabajo, en la disputa de la riqueza generada entre empresarios y trabajadores, estos últimos mejoren su poder de negociación ¿que medidas deberían desarrollarse en relación con la legislación laboral, el modelo de relaciones laborales, la capacidad de negociación de los sindicatos?

Manuel de la Rocha (PSOE): Desde el Partido Socialista queremos equilibrar las relaciones entre trabajadores y empresarios que desequilibró la reforma laboral del PP. Pero queremos ir más allá. La irrupción de las nuevas tecnologías, la mayor apertura de la economía y nuestra plena incorporación a la Unión Europea han revolucionado nuestra economía y nuestro mercado laboral.

'Desde el PSOE proponemos un nuevo Estatuto que responda a las necesidades de trabajadores y empresas'

El Partido Socialista además de comprometerse a derogar la reforma laboral, propone construir algo nuevo, no una vuelta al pasado, a lo que había antes de la reforma laboral del PP. Proponemos un nuevo Estatuto que responda a las necesidades de trabajadores y empresas del siglo XXI. Esa es nuestra apuesta en legislación laboral. El nuevo Estatuto dará solución a nuevos retos: al tiempo de trabajo, condicionada por la necesidad de conciliar la vida personal y laboral, a la participación y corresponsabilidad de los trabajadores en las decisiones empresariales, algo plenamente aceptado en las empresas que apuestas por sistemas de toma de decisión horizontal.

En definitiva un nuevo marco laboral tiene que abordar la precariedad laboral, el exceso de temporalidad y el trabajo a tiempo parcial indeseado, y dotar de instrumentos de flexibilidad interna, en un marco de negociación colectiva, para que el despido sea el último recurso, entre las múltiples opciones de las que dispone una empresa para ajustar su producción a los cambios de ciclo económico.

Alberto Garzón (IU): La mejor forma de distribuir (no redistribuir) equitativamente la renta es la de reducir el poder del gran capital. Aumentar el poder de negociación de los trabajadores es importante, pero si atacamos el problema de raíz nos ahorraremos muchos problemas y dificultades. No se trata tanto de que los trabajadores de, por ejemplo, la banca, las empresas de telecomunicaciones o las energéticas aumenten su capacidad de negociación, sino que se trata de que tomen control de estas empresas estratégicas, de que ya no haya una minoría que se aproveche de unas herramientas tan potentes (y que en buena medida explotan recursos de la naturaleza, de todos). Socializando estas empresas estratégicas se logra acabar con el poder del capital en estos ámbitos y aumentar instantáneamente el poder de los trabajadores. 

'Socializando empresas estratégicas se logra acabar con el poder del capital y aumentar el poder de los trabajadores'

La referencia a estas grandes empresas no es baladí: son las que más renta generan y las que mayores niveles de productividad consiguen, de forma que al socializarlas la comunidad en su totalidad puede y debe beneficiarse de esa riqueza generada. Un excedente que debería utilizarse para generar actividades en la esfera pública orientadas a satisfacer necesidades sociales, culturales y ecológicas que normalmente no se llevan a cabo en el sector privado por ser menos rentables. En estas actividades obviamente el capital no jugaría ningún papel y no habría que preocuparse por el conflicto capital-trabajo.

En cuanto al resto de actividades económicas del sector privado, la propuesta mencionada en la pregunta siguiente se trata de una medida muy adecuada, aunque no sería susceptible de aplicarse en todos las ramas ni en todas las empresas.

Nacho Álvarez (Podemos): La primera medida que debe implementarse es la derogación de las dos últimas reformas laborales, legisladas respectivamente por el PSOE y el PP en contra de los actores sociales, y que en ambos casos detonaron sendas huelgas generales. Especialmente la última de ellas se ha traducido en una intensa erosión de la negociación colectiva en nuestro país, reforzando muy significativamente el poder de los empresarios. Resulta por tanto fundamental, si verdaderamente se quiere invertir el patrón regresivo que la distribución primaria de la renta experimenta desde hace años, reequilibrar las posiciones de trabajadores y empresarios en el marco de la negociación colectiva, fortaleciendo para ello la representación de los asalariados.

'Es fundamental reequilibrar las posiciones de trabajadores y empresarios'

No obstante, otras vías también deben ponerse en marcha para propiciar esta redistribución de la renta y reequilibrar la capacidad de negociación de los asalariados. En primer lugar, debemos avanzar hacia un modelo de relaciones laborales que destierre de una vez el fuerte peso de la temporalidad en nuestra estructura laboral. Terminar con las enormes bolsas de precariedad de nuestro mercado de trabajo fortalecería la capacidad de negociación del conjunto de los asalariados. Las sucesivas reformas laborales -tanto la del PSOE como la del PP- han demostrado que para ello no sirve reducir los derechos de los trabajadores indefinidos. Lo que necesitamos es penalizar fuertemente la contratación temporal e impedir que esta se produzca cuando no exista causalidad real de por medio.

Además, es necesario desterrar el fenómeno de la 'pobreza salarial' en nuestro país. El Salario Mínimo Interprofesional debería superar ampliamente los umbrales de pobreza en los que se sitúa actualmente, hasta alcanzar los dos tercios del salario medio. Es decir, estamos hablando de elevar el SMI hasta los 1000 euros al mes, al menos.

Por último, es necesario garantizar una prestación digna para los desempleados -recordemos que en este momento, según datos de la EPA, hay más de 3 millones de parados sin prestación, y más de 700.000 hogares en los que ninguno de sus miembros tiene ingresos-.

Estas medidas, además de contribuir a invertir el patrón regresivo de la distribución de la renta que existe desde hace años en nuestro país, contribuirían también a reforzar la capacidad de negociación de los asalariados y sus representantes en el marco de las empresas.

Bruno Estrada López, Fundación 1º de mayo: En 1984 el gobierno sueco aprobó la creación de Fondos Colectivos de Asalariados, obligando a que las empresas emitieran acciones que debían repartirse a los trabajadores, esto incrementó la reinversión de los beneficios de las empresas y su productividad haciendo que en siete años el PIB per capita sueco pasara de representar el 77% del de EEUU hasta el 121%, y su tasa de paro bajara del 3,5% al 1,9%. En 1987 el gobierno español desestimo impulsar una medida similar en nuestro país, ¿que consideración le merece desarrollar un mecanismo similar en la actualidad?

Manuel de la Rocha (PSOE): No conozco en detalle el mecanismo de los Fondos Colectivos Asalariados del Gobierno Sueco, por ello prefiero no hacer una valoración de esta medida concreta. Lo que sí le aseguro es que nuestra línea política pasa por democratizar la economía. Y un punto vital de la democratización económica es proponer un equilibrio de fuerzas entre trabajadores y empresarios, estimulando el acuerdo y la búsqueda objetivos que aporten valor a la empresa y mejoren las condiciones de vida de sus trabajadores.

'Nuestra línea política pasa por democratizar la economía'

Y para ello es necesario incorporar mecanismos que propicien la implicación de los trabajadores en los resultados de la empresa y evidentemente, hacer a los trabajadores accionistas de la empresa, es una forma de mejorar su implicación, como lo es que representantes de los trabajadores se sienten también en los consejos de administración, como ya ocurre por ejemplo en Alemania. Las empresas que implican a sus trabajadores en la dirección de la empresa, suelen tener, no solo mejores condiciones laborales, sino mejores resultados.

Alberto Garzón (IU): Se trata de una medida muy adecuada para que los trabajadores accedan progresivamente a la propiedad y tomen también control de las empresas en las que trabajan. Los beneficios económicos y sociales derivados de una medida de estas características son muy cuantiosos: mayor productividad del trabajo, mejor organización laboral, mayor responsabilidad de los trabajadores, mayor democratización, etc. Se trata de otra forma de reducir el poder de los capitalistas y compensar las desigualdades de poder y renta entre ellos y los trabajadores.

'Se trata de compensar las desigualdades de poder y renta'

La agresiva reacción de la oligarquía sueca cuando se percataron de que estaban perdiendo buena parte del control y riqueza generada en las empresas y que terminó con este particular modelo demuestra lo eficaz que resulta para distribuir de forma más igualitaria el poder y la renta entre las distintas clases sociales.

Nacho Álvarez (Podemos): Pienso que una propuesta como esta debe ser estudiada con detenimiento, dado que la implementación concreta del mecanismo de emisión y tenencia de acciones resulta determinante para entender las posibles consecuencias del mismo.

Por ejemplo, la Comisión Europea incentiva desde hace años una línea de política empresarial centrada en lo que se ha dado en llamar la 'participación financiera', que consiste fundamentalmente en la participación de los trabajadores, a título individual, en el accionariado de sus propias empresas. Este mecanismo -un ensoñamiento más sobre las posibilidades del 'capitalismo popular'- no se ha transformado en mayor productividad de aquellas empresas que lo aplican, ni tampoco en una mayor reinversión del beneficio. Es más, tampoco se ha traducido en mejores retribuciones para los asalariados.

En general, estas formulas de participación financiera desarrolladas por las grandes empresas han conllevado una redistribución del riesgo económico en el seno de la empresa, haciendo pivotar las retribuciones salariales desde su carácter de remuneración fija a una nueva condición de retribución variable (en función de los resultados bursátiles).

'Los fondos colectivos podrían  garantizar la reinversión de beneficios'

No obstante, un caso distinto puede darse cuando la implementación concreta de este mecanismo descansa sobre la gestión de fondos colectivos, especialmente si la gestión de estos fondos no se desarrolla a nivel de empresa sino a nivel sectorial. En esos casos, los fondos colectivos podrían resultar de enorme importancia para garantizar algo que hoy día está muy desatendido en los planes de buena parte de las grandes empresas: la reinversión de los beneficios (frente a su continua distribución en forma de dividendos a los mercados financieros). En esas condiciones, sí podría llegar a resultar una medida útil para potenciar la creación de empleo, la formación bruta de capital, la mejora de la productividad y la redistribución de la renta.

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