Publicado: 28.08.2015 22:38 |Actualizado: 29.08.2015 08:00

Agentes de la Guardia Civil piden armas no letales para casos como
el del batería de Los Piratas

Expertos en seguridad señalan los fallos en la contención de Javier Fernández: falta de formación, armas no proporcionales y nulo trabajo psicológico con los agentes.

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Imagen de archivo de un policía con una pistola Taser./ EFE

Imagen de archivo de un policía con una pistola Taser./ EFE

MADRID.- La familia de Javier Fernández, el ex batería del grupo gallego Los Piratas, se ha presentado como parte perjudicada en la causa que se instruye contra el agente de la Guardia Civil que le disparó al atender una llamada de la familia. Javier tenía un trastorno bipolar y el psiquiatra le había quitado la medicación. Portaba un cuchillo con el que llegó a herir a uno de los guardias civiles, según la versión de la Comandancia de Pontevedra. Por lo tanto, sería legítima defensa. Pero la familia denuncia una mala actuación al detener a un enfermo mental.

Los expertos consultados por Público no les quitan la razón a los familiares, aunque exculpan al agente de tener intencionalidad de matar. Las razones que, según ellos, provocaron la muerte de Fernández fueron la falta de asistencia médica que acompañase a los guardias, la escasa formación de la Guardia Civil y la Policía para asistir en estas situaciones y la desproporcionalidad en el arma empleada para defenderse.



Para el portavoz de Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), Juan Fernández, “el agente abordó con los medios que tuvo una situación de riesgo no sólo para él, su compañero y el sanitario que le acompañaba. También para la mujer y el bebé". "Si en ese momento llega a pasar algo a esos civiles, la actuación también habría sido negligente. Pero para nosotros lo fundamental, y lo estamos denunciando en la campaña #LacaraocultadelaGuardiaCivil, no es que tengamos poca formación para abordar esas situaciones, es que no recibimos ninguna formación al respecto”, insiste. Ahora la Guardia Civil ha puesto en marcha el plan Patio para instruir a los agentes en como intervenir, “pero son unos cursos completamente irreales”, asegura Fernández.

Trastorno bipolar

El psiquiatra forense José Carlos Fuertes explica que “el trastorno bipolar es lo que antes se llamaba psicosis maníaco-depresiva. Es una enfermedad que se caracteriza porque el sujeto pasa fases de depresión intensa, un decaimiento grave, y cambia a una fase de euforia, hiperactividad, ideas delirantes…Va de la depresión más intensa a la euforia o agresividad más desmedida”.

La familia de Javier ha denunciado también que el psiquiatra que le atendía le había ido retirando la medicación poco a poco, aunque ellos le habían alertado de que no veían que reaccionara bien. Según Fuertes, “es necesario un tratamiento continuado y según la fase que predomine tomar antidepresivos, antipsicóticos o antiepilépticos pero siempre deben tomar eutimizantes, que son fármacos equilibradores del ánimo como el litio”.

Sin embargo, como presentía la familia, la fase eufórica o agresiva llegó. La llamada a la Guardia Civil, según la versión oficial de la Comandancia, es que la familia alertó de que era un enfermo mental fuera de sí y que estaba amenazando a su mujer, Andrea Montes, y al bebé que acababan de tener.

José Carlos Fuentes, psiquiatra forense: "Los enfermos mentales son los grandes discriminados de la sanidad española"

¿Cómo actuar en estos casos? “Con las asignaturas teóricas, de defensa personal policial y de tiro con las que sales de la academia. A partir de ahí está la experiencia personal, tus cualidades particulares y los exámenes de tiro que debemos pasar dos veces al año”, cuenta Serafín Giraldo, profesor de la Academia de Ávila de la Policía Nacional y portavoz de la Unión Federal de la Policía (UFP).

En el caso de la Guardia Civil, denuncia Juan Fernández, “el primer tiempo de academia se centra en una formación castrense, en la que se incide mucho en desfilar hasta llegar a la jura de bandera. A no ser que se pertenezca a un cuerpo de élite, lo normal es que un agente se jubile sin haber tenido que sacar nunca el arma”.

Desde el punto de vista médico parece que el protocolo es más claro, aunque deficiente. Según José Carlos Fuertes, psiquiatra forense en el Hospital de Zaragoza, “los enfermos mentales son los grandes discriminados de la sanidad española y los especialistas lo llevamos denunciando mucho tiempo. En algunas comunidades autónomas existen unidades de transporte de pacientes psiquiátricos agudos, que saben cómo contener a este tipo de enfermos. Llevan celadores, personal especialmente entrenado para esa contención física, que los reducen, les tumban en el suelo, incluso los atan con unos pseudo grilletes y no son necesarias las fuerzas del orden. Son enfermos, no son sujetos violentos. Pero esto va a criterio de cada zona de España”.

Proporcionalidad

En este caso se trata del municipio de Ponteareas, en Pontevedra, no de una gran ciudad. En el caso del ex batería de Los Piratas, por lo que ha podido saberse, la dotación que acudió consistía en los dos agentes de la Guardia Civil y una unidad médica formada por tres personas. Sólo un sanitario entró dentro de la casa. Para el doctor Fuertes no es suficiente. “Las Fuerzas del Orden no están entrenadas para este tipo de situaciones, es más, sólo deben actuar cuando existe un riesgo muy grande para la vida de las personas. El médico es quien debe tener ayudantes y colaboradores que van a contener al enfermo. La Guardia Civil y la Policía Nacional tienen nociones de psiquiatría pero no tienen por qué saber lo que hay que hacer. Si hubiera habido un médico podría haber actuado químicamente”.

Todos los expertos consultados por Público apuntan a una falta de proporcionalidad a la hora de reducir a Javier. Dos agentes armados frente a un hombre enfermo con un cuchillo.
La experta en investigación criminal y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, Marimar Robledo, lo explica así: “Ante una persona fuera de sí que lleva un arma, y en este caso un cuchillo es un arma, es evidente que el agente tiene que defenderse. Pero se supone que un policía o un guardia civil debe saber defenderse para contener a un enfermo en ese estado y, además, no había uno, sino dos. Deberían estar preparados al salir de la academia para enfrentarse a una situación así”.

Marimar Robledo, experta en investigación criminal: "Un policía o un guardia civil debería saber defenderse para contener a un enfermo en ese estado"

En este caso, según la versión aportada por el sanitario y los guardias civiles, ante el intento de dialogar con él, Javier Fernández cogió unos cubiertos de un cajón, que incluían un cuchillo, y se abalanzó sobre uno de los guardias. Según confirma a Público el portavoz de la Guardia Civil, “el compañero está herido en la cara, así que la agresión se produjo y no supieron cómo reducirle. Las indicaciones son no disparar a zonas vitales y éstas se refieren a la cabeza y la zona superior del pecho”.

La Comandancia de Pontevedra ha asegurado también que el agente disparó en una zona no vital, el abdomen. La familia, sin embargo, asegura que lo que a ellos les dijeron antes de llevarse a Javier al hospital era que le habían disparado a la pierna. Como los demás expertos consultados, Robledo asegura que “es extraño que la Comandancia de la Guardia Civil diga que el agente disparara al abdomen como zona no vital. El abdomen es una zona vital. Evidentemente, en una pelea es fácil fallar el tiro… para un inexperto. Para mí la pregunta es, ¿salen realmente los agentes de la Guardia Civil o la Policía preparados para abordar estas situaciones? Lo que hay que hacer es disparar a un brazo o a una pierna, a las extremidades”.

Pero no hay un disparo infalible. Como especialista en investigación criminal, Robledo explica que “cuando disparas influyen muchas variables". "Las extremidades serían zonas no vitales pero si disparas a una persona al hombro y le das en una arteria, se desangra en nada. Lo mejor sería al antebrazo o en las piernas, pero también habría que evitar la zona de la cadera y un poco más hacia abajo, porque ahí tenemos la arteria femoral”.

Tanto el portavoz de la AUGC como Serafín Giraldo, de la UFP, afirman que la inmensa mayoría de los agentes disparan dos veces al año, en los exámenes. “Para disparar a escasos metros a una zona vital o no vital tienes que ser un tirador de élite y aquí ninguno lo somos, porque nos preparan para ser tiradores y punto. Pero claro, formar a 70.000 policías y otros casi 70.000 guardias civiles como tiradores de élite pues quizá tampoco sea adecuado”, expone Giraldo.

Consecuencias

La solución en la que coinciden todos los expertos es en incorporar la pistola eléctrica, taser, al armamento que portan los agentes. Para Marimar Robledo, “en este caso la pistola taser podría haber salvado la vida de la víctima". "Pero tampoco es la panacea, estas armas también pueden producir la muerte, por ejemplo en alguien con marcapasos, porque no deja de ser una descarga eléctrica”.

Según Serafín Giraldo, profesor de la Academia de la Policía, penalmente el uso del arma de fuego no siempre está justificado. “Desde la perspectiva jurídica hay que tener en cuenta los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad que están en la ley y, también, la legítima defensa. En un dos contra uno parece que la proporcionalidad puede no existir, pero hay que estar en situación. Ante una pistola empleas una pistola, pero ante un cuchillo es discutible. Por ejemplo, con un cuchillo a tres metros y abalanzándose, sacar la pistola estaría justificado; con un cuchillo a 10 metros no lo estaría tanto”.

Serafín Giraldo, profesor de la Academia de Policía: "Ante una pistola empleas una pistola, pero ante un cuchillo es discutible"

El portavoz de la UFP añade que “con una taser seguramente se hubiera evitado la muerte". Este arma tiene unas condiciones que son disparos a corta distancia, pero que la llevemos no significa que suplante el arma de fuego. Se deberían llevar las dos y lo estamos pidiendo desde hace mucho tiempo. Para cortas distancias, la taser; pero para largas distancias se seguiría necesitando la de fuego”.

En este caso, el agente de la Guardia Civil que disparó se enfrenta a un procedimiento penal que podría suponer prisión y la expulsión del cuerpo. Marimar Robledo no cree que haya sido culpa del agente. "Él se estaba defendiendo de una agresión, pero si cualquiera de nosotros tenemos un problema cuando nos pasamos al defendernos de una agresión, imagínate un guardia civil”, explica.

Serafín Giraldo explica que “la sanción administrativa depende de la penal. En este caso hay que esperar el resultado penal. Si son condenados por un delito doloso serán separados de servicio. Si no es doloso, administrativamente no deberían ser sancionados tampoco. Por ejemplo, en el caso de homicidio por imprudencia, habría que estudiarlo”.

La AUGC pide que los psicólogos que traten tanto a agentes de la Guardia Civil como de la Policía sean externos al cuerpo

Desde la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, Juan Fernández recuerda que “el agente en estos momentos también tiene un trauma por el resultado de la actuación". "No había intención de matar a esa persona y ser guardia civil no te hace estar preparado para eso. En estos momentos este agente necesitaría que la institución le diese ayuda para encajarlo y procesarlo. Sin embargo, en la Guardia Civil eso también es inexistente y, además, al tratarse de un cuerpo militar, no es fácil hablar ante un psicólogo que es un superior militar”.

Dentro de las reivindicaciones de la AUGC estaría también ésta: “Que los psicólogos que traten tanto a agentes de la Guardia Civil como de la Policía sean externos, porque ese agente también es una víctima”, explica Fernández.