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Aguirre, 'azote de la corrupción', burló la ley en 104 actos investigados en 'Gürtel'

La comunidad fraccionó la cuantía de los contratos, muchos de ellos con empresas de la trama Correa, para eludir los requisitos de publicidad. El importe global fue de 3,1 millones de euros

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La Comunidad de Madrid, en la etapa en la que estuvo presidida por Esperanza Aguirre, cometió un rosario de irregularidades al contratar a las empresas de la trama Gürtel para evitar la publicidad y los requisitos ordinarios de adjudicación de contratos, desde fraccionar los servicios a saltarse las obligaciones legales de facturación .

Un informe de 136 folios de la Intervención General del Estado, con fecha del pasado día 6 e incorporado al 'caso Gürtel', destaca que la comunidad fraccionó la cuantía del coste de al menos 104 actos de carácter conmemorativo o institucional, que sumaban un importe total de 3,1 millones de euros, 'para eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación' mediante concurso.

El documento analiza las 686 operaciones por las que fue contratado el montaje escenográfico y de producción de esos actos institucionales, por importe de 6,4 millones de euros. De ellas, más de la mitad, en concreto 397, se cerraron con empresas de la trama Gürtel, por importe de 3,4 millones.

El informe, que completa otros dos aportados con anterioridad a la causa por la Intervención, desglosa por consejerías las operaciones. La Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno, que ocupaba Ignacio González, contrató por importe de 1,8 millones de euros en este capítulo, y la Consejería de Cultura, Deportes y Turismo (cuyo exviceconsejero Alberto López Viejo está imputado en la trama por recibir, presuntamente, dinero de la red Correa), por valor de 1,7 millones de euros. Fueron las dos áreas que más invirtieron en este apartado.

En sus conclusiones, la Intervención destaca que de los 686 expedientes, 657 fueron tramitados como contratos menores por razón de su cuantía (es decir, por menos de 12.020,24 euros), pero que sumaban un importe global de 5,3 millones de euros.

El informe ha analizado 573 facturas, de las cuales sólo 96 --un 17%-- cumplían los requisitos del decreto de 2003 que regula las obligaciones de facturación, es decir, que tenían detallado o desglosado el suministro o servicio que se prestaba, diferenciando las unidades y su correspondiente coste unitario sin IVA.

Del resto, en 418 figuran relacionados los suministros o servicios perstados pero sin desglosar ni detallar las unidades ni su coste unitario, figurando exclusivamente el importe, el IVA y el total de la factura. Y en 56 el concepto es totalmente genérico, figurando expresiones como 'importe correspondiente al servicio prestado', 'importe correspondiente a los trabajos realizados con motivo del acto,...', o 'importe correspondienet al acto celebrado el...'.

'El que en las facturas figuren cantidades a tanto alzado, sin que se detalle o especifique el trabajo realizado, las unidades ejecutadas, ni su coste unitario, no sólo supone una vulneración de los establecido en el decreto de 2003 (de obligaciones de la facturación), sino que imposibilita verificar y en consecuencia certificar correctamente que el servicio prestado se corresponde en unidades y precio con lo solicitado por el órgano gestor', señala la Intervención.

La segunda gran irregularidad se advierte en las 657 facturas tramitadas como contratos menores por un importe total de 5,3 millones. Este tipo de gastos, por razón de su cuantía, permite simplificar la estructura documental del expediente, adjudicar directamente el servicio y el abono contra presentación de factura.

'De forma habitual, el objeto del contrato ha sido fraccionado en varios servicios siempre de cuantía inferior a 12.020,24 euros, con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que sería un concurso o, si no supera los 30.050,61, se podría haber utilizado el procedimiento negociado sin publicidad', señalan los interventores.

La conclusión del dictamen es que, en al menos 104 actos, ha quedado acreditado el fraccionamiento, ascendiendo el importe total a 3,1 millones de euros.

Nuevamente los campeones de los contratos fraccionados fueron la Consejería de Presidencia --dirigida por el actual presidente, Ignacio González--, con 24 actos por importe de 974.000 euros, y la de Cultura, Deportes y Turismo (de la que López Viejo era número dos), con 23 actos por 719.000 euros. En total, el 53% de estos actos, por 1,6 millones de euros.

Una de los actos cuya irregularidad subraya de modo especial el informe de la Intervención es el acto de presentación, celebrado en la Casa de Correos, de la Cumbre Flamenca 2005 que se celebró en el Metro de Madrid. Esta empresa contrató directamente con ServiMadrid --una de las sociedades de la trama Gürtel-- una serie de servicios por 21.480,01 euros, lo que vulneró los principios de publicidad y concurrencia porque debió usarse el procedimiento negociado sin publicidad por ser importe superior a 12.020.

Lo más curioso es que el acto se celebró el 7 de septiembre de 2005 y la factura no se emitió hasta 16 meses después, el 8 de enero de 2007, incumpliendo de nuevo la ley. El expediente se tramitó y adjudicó directamente por la Viceconsejería de Cultura, limitándose Metro de Madrid a efectuar su pago 'por indicación del viceconsejero de Presidencia, D.Alberto López Viejo'. En la cumbre flamenca, celebrada posteriormente en el intercambiador de Nuevos Ministerios, participaron Lebrijano o Tomatito.