Publicado: 06.10.2015 13:41 |Actualizado: 06.10.2015 14:48

Aguirre inyectó 8,2 millones a la Ciudad de la Justicia aunque ya
había decidido su disolución

El presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad asegura que notificó hasta en 14 ocasiones a la Asamblea de Madrid y al antiguo Gobierno que la sociedad gestora del proyecto megalómano no presentaba sus cuentas en los plazos legales

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Campus de la Justicia de Madrid.

Campus de la Justicia de Madrid.

MADRID.- Esperanza Aguirre reconoció hace poco que "posiblemente" la Ciudad de la Justicia era un proyecto "megalómano", pero ese "posiblemente" de la lideresa se va tornando en certeza, a raíz de las nuevas informaciones sobre el caso. De hecho, y según el presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, el Gobierno de Aguirre inyectó 8,2 millones de euros de dinero público a la sociedad mercantil Campus de Justicia S.A. en 2012, a pesar de que había decidido su disolución en 2011.

En palabras de Canalda, la sociedad encargada de gestionar el proyecto, que según Aguirre no iba a costar "ni un euro" a los madrileños, sólo rindió cuentas acorde con los plazos legales en 2006, un año después de constituirse la sociedad gestora. Desde 2007 hasta 2013, la sociedad no presentó su contabilidad en plazo, y el presidente de la Cámara de Cuentas, defiende que el organismo, dependiente de la Asamblea de Madrid "ha cumplido perfectamente con su obligación", ya que notificó hasta en 14 ocasiones a la cámara autonómica y a la Comunidad que no podía "valorar o no la necesidad" de nuevas dotaciones económicas porque no habían sido "rendidas las cuentas del informe" por parte de los gestores de Campus de Justicia S.A.



Canalda defiende que el organismo que preside debería ver reforzadas sus competencias, y presume de que hoy fiscalizan el 98% del Presupuesto de la Comunidad, aunque cuando él llegó al cargo, en 2012, este porcentaje era del 52%. Pero en su discurso no hay rastro de autocrítica: insiste en que hicieron todo lo que estaba en su mano, y pasa la pelota al Gobierno de la Comunidad.

El proyecto megalómano de unificar todas las sedes judiciales en Valdebebas no ha salido nada barato a los madrileños: tal y como destapó el diario El País, la Comunidad invirtió 130 millones en la aventura urbanística emprendida por la expresidenta y hoy líder de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid, y 105 millones han sido completamente dilapidados. Aguirre puso la primera piedra del complejo, pero sólo se levantó un edificio de la docena que habían proyectado, y este ya lleva años cerrado.

La comparecencia de Canalda se encuadra en el marco de la Comisión de estudio de la deuda y la gestión pública de la Comunidad de Madrid que impulsa el grupo parlamentario de Podemos en la cámara autonómica, que ha echado a andar este martes, y que también ha permitido la comparecencia del liquidador de la sociedad, Miguel Ángel Fernández Calvo. Liquidador, por cierto, que asegura no tener "ni idea" de dónde están los 105 millones de euros de dinero público 'perdidos': "No tengo por qué saberlo", asegura.

Desde la comisión que preside la también presidenta del grupo de Podemos en la Cámara, Lorena Ruíz-Huerta, explican que en una primera etapa pedirán la comparecencia de los gestores y técnicos involucrados en casos como el de la frustrada Ciudad de la Justicia o el del Canal Isabel II, para después solicitar la presencia de los responsables políticos directos de los supuestos despilfarros de dinero público. Entre ellos están la propia Aguirre, su exconsejero de Justicia y Presidencia, Francisco Granados, hoy en prisión preventiva por su supuesta vinculación con la trama corrupta Gürtel, y el delfín de la 'lideresa' y heredero de la presidencia de la Comunidad, Ignacio González.

Por su parte, el portavoz de Podemos en la comisión, Eduardo Gutiérrez, ha dejado claro que no da por buenas las explicaciones del presidente de la Cámara de Cuentas. Cree que ha utilizado razonamientos "generales", y que esto evidencia que Canaldo ha tenido "una actitud negligente".

Así, y mientras Canaldo insiste en lavarse las manos, y afirma que "Campus de la Justicia es el único organismo público de la Comunidad de Madrid que no ha rendido cuentas en plazo", Gutiérrez afirma que el presidente de la Cámara de Cuentas no ha cumplido con su deber. "Nos da la sensación de que ustedes no han cumplido con el mandato legal que el pueblo de Madrid le ha dado al presidente de la Cámara de Cuentas. Da la sensación de que Cámara de Cuentas de Madrid ha mirado para otro lado", zanja.

Un liquidador "sin formación" que no cobró "ni un solo euro"

Además de Canaldo, este martes debían comparecer Javier Rodríguez Fernández, último consejero delegado del Campus de Justicia antes de la liquidación, que no ha podido acudir a la Asamblea, y Miguel Ángel Fernández Calvo, liquidador de esta empresa pública, que sí ha respondido a las preguntas de los distintos grupos presentes en la comisión.

Fernández Calvo es además secretario general del PP por el distrito Fuencarral-El Pardo, y este martes ha sorprendido asegurando que no cobró "ni un solo euro" por desempeñar las tareas de liquidador —encargado de cobrar deudas, pagar a acreedores, elaborar un balance final de liquidación, etc—, que finalizaron cuando la sociedad se vio formalmente rescindida, en febrero de 2015. Tampoco tiene "ni idea" de dónde han ido a parar los 105 millones dilapidados: "No tengo por qué saberlo", sostiene.

En una breve comparecencia tras la finalización de la sesión, tanto la presidenta de la comisión, Ruíz-Huerta, como la portavoz del PSOE en la misma, Mercedes Gallizo, han destacado la supuesta falta de formación del liquidador, que según la página web del PP de Tres Cantos es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y que ha ostentado otros cargos políticos en el Partido Popular, pero que no ha argumentado haber desempeñado tareas de liquidador en otras ocasiones.

A grandes rasgos, y a partir de casos concretos como el de la Ciudad de la Justicia, el objetivo de la comisión de estudio puesta en marcha por Podemos es explicar cómo la deuda autonómica se ha disparado desde los 10.000 millones de euros hasta los 25.000 millones en apenas ocho años, siempre bajo la presidencia del PP —primero de Aguirre y, desde finales de 2012, de González—.

Este martes, Ruíz-Huerta ha denunciado que, a tenor de lo que ya están viendo en esta comisión, en los años de gobierno del Partido Popular "no se ha aplicado la ley", y que su gestión se ha caracterizado por su "opacidad". "El PP ha aprovechado para derrochar el dinero de los madrileños", zanja.Introduzca el texto aquí