Publicado: 05.12.2013 16:44 |Actualizado: 05.12.2013 16:44

Alaya da un paso más para procesar a Chaves y a Griñán

La jueza que investiga los ERE fraudulentos pide que se certifique el aforamiento de los expresidentes andaluces

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La jueza Mercedes Alaya, que investiga los ERE fraudulentos, ha pedido que se certifique el aforamiento de los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves y de cinco exconsejeros de la Junta, a los que en septiembre pasado comunicó su preimputación en la causa.

Fuentes del caso han informado a Efe de que la jueza Alaya ha pedido dicha certificación al Congreso de los Diputados y al Parlamento andaluz, dada la posible condición de aforados de Chaves, Griñán y de los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, José Antonio Viera, Manuel Recio y Francisco Vallejo.

La juez de instrucción 6 de Sevilla decidió en septiembre pasado "comunicar la existencia del presente procedimiento, en calidad de imputados a tenor del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", a las citadas personas, por su presunta colaboración para un "uso ilícito de fondos públicos" en la causa de los ERE.

Fuentes del caso han dicho a Efe que esta decisión es un trámite y no significa que la juez vaya a inhibirse de inmediato a favor del tribunal superior correspondiente, ya que aún está sin resolver un recurso de la Fiscalía Anticorrupción ante la Audiencia de Sevilla para que la instructora motive mejor los hechos que les imputa.

Los imputados son Chaves como presidente de la Junta entre 1990 y el 2009; Griñán como consejero de Economía y presidente de la Junta entre el 2009 y el 2013; Viera como consejero de Empleo entre el 2000 y el 2004, y Martínez Aguayo por su papel como viceconsejera de Economía y luego titular del departamento entre el 2009 hasta hoy. También fueron imputados Recio, consejero de Empleo entre el 2010 y el 2012; Vallejo como titular de Innovación entre el 2004 y el 2009, y Ávila como consejero de Economía e Innovación desde el 2010 a la actualidad.

Además de dirigirse a la secretaría del tribunal correspondiente, la juez pide a la Guardia Civil que localice el domicilio de las siete personas citadas. De los siete aforados, algunos lo están ante el Tribunal Supremo como Manuel Chaves y el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, que son diputados en el Congreso, y Griñán como senador. Los exconsejeros de la Junta Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Manuel Recio y Francisco Vallejo lo están ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) como parlamentarios autonómicos.

La Fiscalía Anticorrupción, en un escrito pendiente de resolver por la Audiencia de Sevilla, recurrió el auto de 10 de septiembre de imputación de estos ex altos cargos ya que "adolece de la motivación necesaria" y "no es ajustado a Derecho".

Según la Fiscalía, el auto podía causar "la indefensión que se pretende evitar", por lo que pedía que la juez instructora dictase un nuevo auto en el que "concrete" los hechos "por los que cada uno de los aforados puede ser objeto de investigación" y luego "se les dé traslado de la presente causa en calidad de imputados conforme al artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

La jueza Alaya, que investiga a Manuel Ruiz de Lopera por su gestión en el Betis, le ha citado de nuevo el próximo día 11 para imputarle un nuevo delito de imprudencia punible cometido, presuntamente, al vender su paquete mayoritario de acciones al empresario Luis Oliver.

Fuentes del caso han informado a Efe de que esta decisión se ha producido después de que en la ronda de declaración de imputados que finalizó el pasado 18 de noviembre la propia juez Mercedes Alaya plantease al fiscal y a las asociaciones que ejercen la acusación particular la posible existencia de un nuevo delito de imprudencia punible.

Esa circunstancia, según las fuentes, se habría producido por vender a la empresa Bitton Sport su paquete mayoritario de acciones pese a conocer que ya existía una denuncia judicial por su gestión en el club.

Lopera ha sido citado telefónicamente para el próximo día 11 aunque es previsible que se acoja a su derecho a no declarar, igual que hizo el pasado 14 de noviembre cuando compareció para responder a las acusaciones por delito societario contenidas en el informe pericial sobre su gestión en el Real Betis.