Desde que Alberto Núñez Feijóo empezó a titubear sobre la posibilidad de heredar a Mariano Rajoy, hay un runrún periodístico que apunta a que el presidente de la Xunta habría renunciado a la batalla sucesoria tras conocer la existencia de un supuesto dossier oculto sobre su persona. Con documentos y más fotos, al estilo de las del yate de Marcial Dorado, que, de hacerse públicas, habrían convertido en inviable su pretensión de presidir el PP y a la larga, España. Y que también habrían comprometido su futuro.

El runrún señala como posible inductora de la renuncia de Feijóo a Soraya Sáenz de Santamaría, confirmada aspirante al liderato popular y quien, como vicepresidenta del Gobierno y responsable del Centro Nacional de Inteligencia, habría estado en la mejor posición para acceder a cualquier información delicada sobre sus rivales.

Lo cierto es que la carrera política del presidente de la Xunta está salpicada de puntos negros y de amistades peligrosas, que bien podrían llenar varios dosieres. Algunos de los nombres de las personas que podrían titularlos están relacionados con aquellas fotos en el buque de recreo de un narcotraficante. Pero otros se refieren a asuntos no menos turbios y a operaciones relacionadas con la corrupción y el tráfico de influencias.

Manuel Cruz López, testaferro de Marcial Dorado

Era chófer de los conselleiros de la Xunta de Manuel Fraga y testaferro de Marcial Dorado. Nacido en Ferrol, empezó a conducir para Juan Fernández, exalcalde de la ciudad y primer conselleiro de Industria de Fraga. Luego ejerció para el de Sanidade, José Manuel Romay Beccaría, cuando Feijóo ocupaba la secretaría xeral de ese departamento. El jefe del Ejecutivo gallego ha reconocido que trabó una buena amistad con él. De hecho, fue Manuel Cruz López, fallecido en 1999 en un accidente de tráfico cuyas causas no fueron esclarecidas, quien le presentó a Dorado en la misma época en la que el chófer y sus empresas hacían negocios con y para el entramado societario de Dorado. A través de una red de gasolineras y empresas de distribución de combustible, el narco obtenía carburante para los barcos, planeadoras, coches y camiones que transportaban droga y tabaco. Feijóo siempre ha negado que, tal y como ha denunciado la oposición gallega, las firmas de esa red también vendieran gasóleo de calefacción a los hospitales del Servicio Galego de Saúde que gestionaba la Consellería de la que él era el número dos.

Alberto Núñez Feijóo con Marcial Dorado, en una de las fotografías publicadas por 'El País'.

Evaristo Juncal, vendedor de sociedades mercantiles

Líder del PP en la localidad pontevedresa de Caldas de Reis, alto funcionario de la Administración autonómica y próximo a Manuel Cruz, Feijóo lo protegió al poco de llegar al poder cuando Evaristo Juncal tuvo que dimitir de su cargo de delegado de la Consellería de Medio Ambiente en Pontevedra, tras hacerse público que a mediados de los años noventa había vendido varias sociedades mercantiles a personas de confianza de Marcial Dorado y de José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, el capo gallego más conocido. Según publicó en el año 2013 el diario digital Galicia Confidencial, una de esas empresas era la distribuidora de combustible JF Oil, que Juncal habría traspasado a Dorado a través de Manuel Cruz y que acabaría en manos del hijo de éste, primero, y años después en las de Pablo Vioque, ex tesorero de la Cámara de Comercio de Vilagarcía y narcoabogado de varios de los más poderosos clanes gallegos. Cuando Juncal dimitió de su cargo en el año 2010, la Xunta de Feijóo no se libró de él, sino que lo renombró jefe de Protección Civil en Pontevedra. Según GC, en 1999, una empresa de la mujer de Juncal recibió una adjudicación a dedo de la Administración autonómica para explotar una golosa concesión hidroeléctrica.

Raúl López, principal implicado en la operación Cóndor

Propietario de la compañía lucense Monbus, una de las mayores empresas de transporte de viajeros por carretera de España, es el principal implicado en la operación Cóndor, instruida en el juzgado de Instrucción número Uno de Lugo, que cree que la empresa cometió varios delitos fiscales y de blanqueo de capitales, así como de cohecho, falsedad y tráfico de influencias. La jueza del caso, Pilar de Lara, ha constatado que Raúl López gastó en pocos años cerca de medio millón de euros en regalos a políticos gallegos y de toda España. Como el ex ministro socialista José Blanco y su compañero de partido Emilio Pérez Touriño, mientras ocupaba la Presidencia de la Xunta, y el portavoz del Partido Popular en el Senado, José Manuel Barreiro. De las dádivas también se habría beneficiado Feijóo, quien entre los años 2010 y 2013, es decir ya en el poder, habría recibido todas las navidades botellas de Vega Sicilia valoradas en 2.300 euros.

Francisco Ramón de Lucas, conocido como Pachi Lucas

Fue investigado por el juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña por su presunta implicación en la operación Zeta, que destapó una trama de falsos cursos de formación, algunos pagados con fondos europeos, tramitados por la Xunta de Feijóo. El principal implicado, el empresario Gerardo Crespo, reconoció que pagaba un sueldo mensual de 3.000 euros a Pachi de Lucas para que hiciera de “abrelatas” en la Administración autonómica, gracias a sus buenos contactos en el PP . De hecho, Crespo definió a De Lucas como amigo personal del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e incluso de Mariano Rajoy. A los tres se los ha visto alternando en Pontevedra, donde el empresario forma parte del círculo íntimo del expresidente del Gobierno. El juzgado acabó por archivar la imputación de De Lucas, a quien no atribuyó delito alguno. La oposición en Galicia llegó a preguntar en el Parlamento si el “conseguidor” de la operación Zeta, a quien Feijóo conoció en Madrid cuando presidía el Instituto Nacional de la Salud (Insalud), lo frecuentaba hasta el punto de pernoctar en la residencia oficial del presidente de la Xunta.

Jorge Dorribo, principal encausado en la operación Campeón

Propietario de la compañía farmacéutica Nupel, es el principal encausado en la operación Campeón, por la que acabó siendo condenado a cuatro años y medio de cárcel tras haber recibido ilegalmente ayudas millonarias del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), el organismo que gestiona las inversiones de la Xunta para fomentar y apoyar el desarrollo empresarial e industrial de Galicia. El caso provocó la detención y destitución de Joaquín Varela de Limia, el primer director que Feijóo nombró al frente del Igape nada más tomar posesión del Gobierno autonómico en su primera legislatura, y a quien se acusó de haber asesorado a Nupel en la confección de facturas falsas para justificar la percepción de ayudas públicas. Entre las pruebas aportadas en la operación figura una grabación en la que Jorge Dorribo comenta a su socio que ha hablado con Feijóo y que éste le ha transmitido que podía dormir “tranquilo” porque iba a recibir una de las subvenciones que había pedido al Igape. El presidente añadía que no debía olvidar que él “nunca le había fallado”.

José María Tutor, delegado de Vendex

Era delegado en Galicia de Vendex, la empresa que provocó que el juzgado de Instrucción número Uno Lugo abriera la operación Pokémon tras acusar a sus responsables de pagar mordidas y ofrecer regalos a cargos políticos y funcionarios a cambio de concesiones de servicios públicos. Ni Feijóo ni su Consellería de Industria han explicado por qué concedieron a José María Tutor una subvención de 42.000 euros con cargo a las partidas destinadas a I+D+i para comprar un barco de recreo. La Administración autonómica sólo revocó la subvención seis meses después de que la jueza Pilar de Lara ordenara las primeras detenciones de la Pokémon.