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El alcalde coruñés tiene que pedir un crédito para pagar los pufos del PP y evitar la intervención de la Xunta

Xulio Ferreiro achaca al “gasto irresponsable” la situación de quiebra del Ayuntamiento.
A su juicio, “utilizaron los recursos de todos para obtener un rédito electoral” el 24-M

La concejala de Hacienda, Eugenia Vieito, y el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro.

El alcalde Xulio Ferreiro, nada más tomar posesión de la alcaldía coruñesa tras la victoria de su Marea Atlántica el 24-M, se llevó una ingrata sorpresa. Revisando los documentos de la herencia recibida del anterior equipo del PP, encontró un informe emitido el 9 de junio por el interventor y el tesorero del Ayuntamiento advirtiendo de una deuda de 25 millones de euros pendientes de pago para unos fondos líquidos de 12,3 millones. Ferreiro anunció este lunes que pedirá un crédito bancario de 10 millones para evitar que el ayuntamiento tenga que ser intervenido por la Xunta de Galicia para su tutela financiera.

El alcalde coruñés achaca al “gasto irresponsable” del anterior equipo la situación de quiebra. A su juicio, “utilizaron los recursos de todos para obtener un rédito electoral” el 24-M. Ejercicio insuficiente, pues al final Marea y PP empataron a 10 concejales, el PSdeG-PSOE sentó a seis y el Bloque Nacionalista a uno.

Xulio Ferreiro fue duro con su predecesor en la rueda de prensa en la que anunció la petición del crédito. “Aquellos que reclaman estabilidad, lo único que ofrecen es inestabilidad política y desastre económico”.

De que 2015 había sido un año movidito de gasto en A Coruña daba noticia ya el informe antes citado que recibió el 9 de junio el anterior equipo de gobierno, entonces en funciones a la espera del traspaso del bastón de mando. Ferreiro tomaría posesión cuatro días después. “De la comparativa, entre el año 2014 y 2015, de ejecución presupuestaria a la misma fecha, se observa que las obligaciones reconocidas en 2014 a 9/06/2014 ascendían a 66.986.419,91 euros (27% de los créditos iniciales), mientras que las obligaciones reconocidas a 9/6/2015 ascienden a 84.879.098,10 euros (34% de los créditos iniciales)”, informaban el interventor y el tesorero. Es decir, en año electoral se gastó un 7% más del presupuesto que en 2014, apurando obras y proyectos para antes de la convocatoria electoral y poniendo en peligro la solvencia del consistorio. Esta aceleración del gasto preelectoral, no compensada con la agilización recaudatoria, fue la causante de la actual situación de quiebra consistorial.

“Tenemos que asumir esta situación porque el anterior gobierno llevó a cabo una política de gasto irresponsable. Se gastó más de lo que era normal durante este año, claramente por los comicios municipales. Durante los últimos cuatro años, se ha ido rompiendo la hucha”, denunció Ferreiro ante los medios de comunicación.

A finales del pasado año, el exalcalde popular Carlos Negreira presentaba unos presupuestos para 2015 de 252 millones, presumiendo de inversiones en gasto social: “Este presupuesto completa cuatro años de gobierno en los que se ha incidido en generación de empleo y promoción económica, gasto social e inversión en modernización de barrios, todo ello sin subir los impuestos, con el objetivo de consolidar a nuestra ciudad como referente del noroeste español en innovación, turismo, servicios sociales, mejora de espacios públicos, eventos deportivos y culturales, y planes de movilidad y accesibilidad", destacó entonces la teniente de alcalde popular Rosa Gallego. Definía a la ciudad como “la más solidaria de Galicia” con un presupuesto para servicios sociales de 16 millones.

El nuevo equipo de gobierno ha anunciado que va a seguir en esa línea de gasto social, pero va a “mejorar la recaudación para garantizar la solvencia y liquidez del Ayuntamiento y poder afrontar así las numerosas necesidades económicas y sociales de la ciudadanía de A Coruña, que son la auténtica prioridad de este nuevo gobierno”, apuntaron este lunes.

De momento, el equipo de Ferreiro ya aprobó “medidas de contención y reducción del gasto, como las de supresión de varios puestos directivos, bajada de retribuciones del personal eventual y otras que, como la reducción del coste de los cargos electos” está “pendiente de aprobación por el Pleno de la próxima semana”.

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