Antonio Pozo es el alcalde de la localidad pacense de Guadiana del Caudillo, un pueblo de colonización franquista fundado en los años 40 que hace pocos años logró la categoría de entidad local menor independiente del municipio de Badajoz. Pozo también es diputado de la Diputación provincial de Badajoz por el PP, una institución en la que mantiene una guerra abierta con el presidente, el socialista Miguel Ángel Gallardo, a cuenta de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Para muestra del enfrentamiento han quedado para la posteridad el cruce de insultos que protagonizaron ambos hace hace un año: "Usted es un facha”, le dijo Gallardo, a lo que Pozo le replicó: “Fascista tú, muérete ya”. 

El caso es que Pozo quiere ahora ser funcionario de la Diputación que preside Gallardo. De hecho, el alcalde, que fue premiado por la Fundación Francisco Franco por su "labor destacada en la defensa de la Verdad histórica y de la memoria del Caudillo y de su gran obra”.

En concreto, recibió el galardón junto a otros alcaldes y diputados del PP por negarse a aplicar la Ley de Memoria Histórica en su pueblo, de donde no que querido retirar ni los nombres franquistas de las calles ni los monumentos en honor a la dictadura, pese a las amenazas de Gallardo de retirarle las subvenciones provinciales. El enconado conflicto está judicializado y Pozo considera que esto puede perjudicarle de cara a sus oposiciones.

Según publica el diario HOY, Pozo figura entre los admitidos y excluidos de las oposiciones a una de las dos plazas de técnico superior jurista de la Diputación. Un puesto para el que tendrá que superar tres exámenes.