Publicado: 27.04.2015 13:15 |Actualizado: 27.04.2015 13:15

El alcalde de Valladolid niega que desobedeciera la sentencia contra las obras en su edificio

Se ha descargado de responsabilidad asegurando que hizo "lo que le dijeron que tenía que hacer". La Fiscalía pide 15 meses de inhabilitación

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El alcalde de Valladolid y candidato del PP a la reelección, Javier León de la Riva, durante la celebración hoy del juicio por un delito de desobediencia. EFE/Nacho Gallego

El alcalde de Valladolid y candidato del PP a la reelección, Javier León de la Riva, durante la celebración hoy del juicio por un delito de desobediencia. EFE/Nacho Gallego

MADRID.- El alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva (PP), ha alegado hoy que desde "el primer momento" pidió que se cumpliera lo antes posible la sentencia que declaró ilegal la transformación de unos trasteros en áticos en el edificio en el que vive y obligaba a restituir la situación anterior.

En el juicio que se sigue contra él por desobediencia y que ha despertado gran expectación vecinal y mediática, De la Riva, que apura el final de su quinto mandato y que aspira a un sexto al frente de la Alcaldía, ha insistido a preguntas de la fiscal en que "hizo lo que le dijeron que tenía que hacer".

A menos de un mes de las elecciones y con su futuro político en juego, ya que de ser condenado supondría su inhabilitación automática como cargo público, De la Riva, de 69 años, ha reiterado que "siempre preguntaba a la concejala -de Urbanismo- cómo iba el tema, ya que las sentencias hay que cumplirlas. Esa era mi obligación y decisión", ha zanjado.



Los hechos se remontan al 2008, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad declaró ilegal la rehabilitación de un céntrico edificio de Valladolid, en el que el alcalde tiene su vivienda, y obligó a restituir a su estado original, entre otros elementos, unos trasteros convertidos en áticos, lo que no se cumplió hasta 2014, cinco años después y tras cinco requerimientos al regidor para que lo hiciera.

Visiblemente incómodo ante algunas de las reiteradas preguntas que le ha hecho tanto la fiscal como el abogado de la acusación popular sobre su responsabilidad en el caso, De la Riva ha observado que se abstuvo en aquellas cuestiones en las que así lo indicaron desde la vicesecretaria o secretaria de Consistorio por ser vecino del edificio afectado por la sentencia.

Ha rechazado que tuviera "ningún interés en demorar el cumplimiento de la sentencia" o "evitar responsabilidades", ya que se "limitó a decir que se cumpliera", e incluso ha ironizado con que si había alguien interesado en que las obras concluyeran era él como vecino del séptimo piso del edificio afectado, por lo que "cuando notaba que aquello no funcionaba llamaba y pedía explicaciones", lo que no podía era "ponerse el casco y coger la piqueta".

"Se cumplió la sentencia tarde, pero se cumplió"

"Se cumplió la sentencia tarde, pero se cumplió a plena satisfacción de la sala", ha argüido el alcalde de Valladolid, quien ha reconocido que "en absoluto" le parecía normal que se hubiera tardado cinco años en restituir la legalidad del edifico y ha insistido en que aunque "todo el mundo quería cumplir la sentencia", se encontraron con muchas dificultades.

Dos de los tres testigos llamados por la defensa se han centrado en señalar esas "dificultades para cumplir con el mandato judicial" en cuanto que había que ajustar las obras al edificio construido en 1946, del que había planos que no reflejaban su realidad, con contradicciones e incluso elementos que no aparecían y que tuvieron que averiguar en una "labor detectivesca" en archivos y fotografías, ha referido el perito judicial Luis Alfonso Basterra.

En ese sentido, la funcionaria interina y arquitecta encargada desde 2010 de la supervisión del proyecto de restitución de legalidad de la obra, Inés Hierro, ha dicho que se encontraron con "dificultades y problemas de interpretación de tipo técnico en los planos para restituir la legalidad del edificio".

Incluso había "errores" en el plano levantado en 2000 para la remodelación del edificio, por lo que tuvieron que recurrir a una foto de un vuelo aéreo de 1999, y se encontraron con problemas de resistencia de forjados o divisiones interiores no previstas, lo que les llevó tiempo, según la arquitecta.

La Fiscalía solicita provisionalmente 15 meses de inhabilitación para cargo público y una multa de 3.600 euros por un delito de desobediencia, mientras que la acusación popular, ejercida por la Asociación de vecinos Antonio Machado, eleva la petición de inhabilitación a dos años y la multa a 90.000 euros por entender que esa desobediencia fue reiterada.