Juanma Moreno, con la ayuda de Pablo Casado, logró, después de las elecciones autonómicas del 2D, formar junto a Ciudadanos el primer gabinete no socialista de la historia de la Junta de Andalucía. El Ejecutivo, que tomó posesión ayer y que aún no ha celebrado su primer consejo de Gobierno -lo hará este sábado en Antequera- ya ha recibido dos andanadas de cierta entidad del socio que les ha aupado al poder: el partido de ultraderecha Vox. El presidente, si no lo sabía antes, ahora sí, tras este zarandeo, puede ir preparándose: le espera una legislatura bien movida con estos compañeros de viaje. 

El partido de ultraderecha, dirigido con mano de hierro por el exdirigente del PP, Santiago Abascal, quiere, por un lado, liquidar ya a Rocío Ruiz, la consejera de Igualdad, de Ciudadanos, por un artículo de prensa que esta escribió hace un lustro en el que vertía sus opiniones -críticas- sobre la Semana Santa, cosa que no va a conseguir; y, por otro, al mismo tiempo presiona a Moreno para que ejecute un acto como mínimo xenófobo, que atenta contra los derechos humanos y cuya legalidad cuestionan numerosos agentes, entre ellos los sindicatos, que consiste en, de manera indiscriminada, denunciar a 52.000 extranjeros -usuarios de la sanidad pública andaluza- a la Policía para que esta inicie el proceso para su deportación.

Esta es una decisión que, de tomarla en los términos en que la plantea Vox, tendría serias consecuencias, acabaría con seguridad en los tribunales, y hablaría a las claras de la talla ética y moral del presidente de la Junta de Andalucía. El acuerdo de PP y Vox -que el consejero de la Presidencia, mano derecha de Moreno, Elías Bendodo, ya ha dicho que se va a cumplir “a rajatabla”- recoge lo siguiente en su punto 28: “Apoyar material, humana y documentalmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen encomendada la protección de las fronteras, garantizando una inmigración ordenada, legal, respetuosa con nuestra cultura occidental, vinculada siempre al mercado laboral”.

Vox interpreta que esa redacción implica que el PP tiene que “colaborar en la repatriación de 52.000 inmigrantes ilegales”. "El PP, partido que gobierna ya en Andalucía, se comprometió con Vox a colaborar documentalmente con la Policía para aplicar las leyes vigentes en materia migratoria, una colaboración que hasta ahora había obviado el PSOE”, afirma en un comunicado el partido xenófobo. “Los sindicatos policiales llevan años exigiendo la documentación que obra en poder de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía con la que se puede identificar a 52.000 inmigrantes ilegales. […] Existe un archivo con la copia de los pasaportes que los inmigrantes ilegales mencionados habrían entregado para optar a la tarjeta sanitaria”, afirma Vox.

"Pese a las repetidas solicitudes de los representantes policiales exigiendo la entrega de una documentación fundamental para la identificación de los inmigrantes que permanecen ilegalmente en España, la Junta de Andalucía jamás ha colaborado con la aplicación de la legalidad", dice Vox. El partido ultra, así, ”exige que el nuevo Gobierno cumpla con su compromiso y haga entrega inmediata de las copias de los 52.000 pasaportes para que se proceda, por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al inicio de los expedientes de expulsión, como recoge la legalidad vigente".

De momento, Moreno se ha limitado a despejar el balón en este asunto, dentro de los términos literales del punto 28 de su pacto con Vox, y a ponerlo en manos de la Policía y de la administración de Justicia. Así, preguntado esta mañana en Madrid, en Fitur, la feria turística, a la que acudió en representación de la Comunidad Autónoma, el presidente se limitó a decir lo siguiente, según recogió la Agencia Europa Press: “Todas las administraciones públicas tenemos la obligación de colaborar con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado siempre que nos reclaman información. Si en cumplimiento de cualquier directiva judicial o policial piden información a una administración publica, tienen la obligación de facilitarla. Eso es lo que se ha hecho además siempre, no es que lo hagamos nosotros, es lo que se ha hecho siempre a lo largo y ancho de las administraciones de Andalucía y del conjunto de España”.

Traducido: Aunque no fue todo lo contundente que merece un tema tan peliagudo, de principios, como este, de su respuesta sí se extrae la conclusión de que, de momento, Moreno, ni tampoco su gobierno, van a entregar las 52.000 copias de pasaportes, que le exige Vox, a la Policía. Su consejero de Salud y Familias, en una entrevista en Canal Sur Radio, también quitó la presión de los ultras a los profesionales sanitarios: “El personal sanitario no pregunta. Atiende e intenta solventar el problema del paciente. Atender a sus pacientes. Eso es lo que tienen que hacer. El tema burocrático no compete al médico. Competerá a las administraciones, pero el médico tiene que atender”, dijo Jesús Aguirre.

Hermanos e hijos de Dios

Por si acaso el presidente flaquea en este terreno, la Iglesia Católica le ha mostrado cuál es el camino correcto. Y no es el que marca Vox. La Asamblea de Obispos del Sur de España, Odisur, reunida estos días en Cordoba, abordó en su encuentro las migraciones en Andalucía y señaló que "la Iglesia defiende que los migrantes son personas, con la misma dignidad y derechos que los demás”. "Son hermanos nuestros e hijos de Dios”.

El director del Secretariado de Migraciones de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, Gabriel Delgado, informó a los obispos "sobre el fenómeno de las migraciones en los últimos años y de cómo la Iglesia responde a esta realidad, muchas veces convertida en drama, con una pastoral en la que se busca acompañar la vida y la fe los migrantes”. Delgado, según recoge Europa Press, destacó que "las migraciones son un fenómeno global y muy complejo, que tiene, sin embargo, más consecuencias positivas que negativas", a la vez que ha alertado del "aumento de actitudes xenófobas y racistas con argumentos manipulados, que no siempre se corresponden con la realidad”.

Odisur informó de que los obispos son "conscientes de los retos que plantea este fenómeno de las migraciones en Andalucía”, un reto que "exige un compromiso de toda la sociedad, y también de la Iglesia”. Los obispos reconocieron "el esfuerzo que realizan tantas instituciones eclesiales en favor de los migrantes en Andalucía: desde las parroquias y las Cáritas parroquiales y diocesanas, hasta las congregaciones religiosas y otras instituciones que acogen, protegen, promueven al migrante y buscan su integración”. También alentaron "los esfuerzos que se realizan para sensibilizar a la sociedad y denuncian la tragedia que suponen tantos naufragios en el mar”.