El Gobierno andaluz va a crear una especie de policía de asuntos internos para investigar, vigilar y sancionar posibles conductas corruptas dentro de la Administración. Será un grupo de intocables, como ha bromeado algún alto cargo de la Consejería de Hacienda, un equipo de 15 funcionarios de carrera a los que se dotará de funciones propias de los cuerpos de seguridad y de justicia: podrán someter a interrogatorios a otros empleados públicos, tomarles declaración, preservar el anonimato de sus denuncias, exigirles la clave de sus ordenadores para acceder a sus archivos, podrán hacer inspecciones por sorpresa en oficinas de la Junta, de todos sus entes instrumentales y de aquellas empresas privadas beneficiarias de ayudas públicas; podrán decretar medidas cautelares, como paralizar el funcionamiento de un departamento del Gobierno mientras se aclara un suceso y, en última instancia, podrán sancionar a empleados públicos incluso con la retirada de su condición de funcionario.

La futura oficina anticorrupción de Andalucía, que debe estar operativa a partir del próximo 1 de enero, estará coordinada con otros órganos de control y fiscalización del dinero público, principalmente con la Intervención General y los servicios de inspección de la Junta. Trabajará en paralelo al Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas, pero lo hará en el ámbito de sus competencias.

Si los intocables de la oficina antifraude detectan indicios de responsabilidad penal, tendrán que elevar el asunto a la Fiscalía y ponerlo en manos de la Justicia; si perciben indicios de responsabilidad contable, dará traslado al responsable de Hacienda de la consejería implicada y, en última instancia, quedará en manos del Tribunal de Cuentas.

Por tanto, la nueva oficina de lucha contra la corrupción podrá multar y expedientar a empleados públicos, pero sólo en el ámbito de su propio régimen sancionador, esto es: desde una mera amonestación, para casos leves, hasta apartarle de sus funciones o retirarle la condición de funcionario, en casos muy graves.

El ámbito de actuación de esta especie de policía interna abarca todo el sector público andaluz, cualquier departamento o entidad que maneje dinero público: gestión de fondos o patrimonio públicos, contratos, licitaciones, concesión de licencias, permisos, subvenciones… Pero no sólo dentro de la Administración, su campo de acción se extenderá a todas aquellas empresas privadas que tengan un contrato con la Junta o sean beneficiarias de ayudas o avales de cualquier tipo. Toda entidad que concurse para obtener una subvención pública, deberá firmar un contrato en el que habilita a estos 15 funcionarios a entrar en sus oficinas, interrogar a su personal y acceder a sus ordenadores y archivos relativos a las ayudas percibidas.

La oficina contra la corrupción podrá actuar de oficio, a partir de un “mapa de riesgos”, es decir, interviniendo por su cuenta en aquellas áreas de la Administración más vulnerables a una acción corrupta o irregular, por ejemplo aquellos departamentos que conceden subvenciones públicas. Pero también podrán actuar a petición de los ciudadanos. Después de consultar a muchos expertos y estudiar la estructura de órganos similares en otras comunidades y países, la Junta de Andalucía ha aceptado abrir la oficina a las denuncias anónimas, regulando incluso mecanismos de confidencialidad para preservar la identidad del denunciante (que en muchos casos puede ser un empleado público que haya detectado alguna anomalía en su departamento). La Consejería de Hacienda habilitará un teléfono y una dirección de correo electrónico para recibir las denuncias anónimas. También podrán hacerlo los grupos parlamentarios de la oposición, sin ningún tope en el número de denuncias.

Los 15 funcionarios se coordinarán para vigilar y prevenir el buen uso del dinero público, para evitar que se repitan situaciones como el fraude de ayudas para los ERE o las irregularidades en los cursos de formación de parados, casos que aún están en los tribunales.

En ciertos aspectos, la función de estos nuevos inspectores se solapa con el trabajo que ya realizan los interventores y la Cámara de Cuentas. Por ejemplo, tendrán potestad para interpretar si una empresa o sindicato ha cumplido y puede acreditar el cumplimiento de los requisitos que se le exigían para recibir una ayuda pública. Pero el decreto que regula este nuevo organismo, al que ha tenido acceso Público, amplía mucho más las competencias del personal de esta oficina: podrá solicitar en cinco días la adopción de medidas cautelares, como la paralización de los trabajos de un departamento o la suspensión de una ayuda bajo sospecha. El ente investigado tiene la obligación de informar a la oficina antifraude y entregarle toda la documentación requerida en un plazo máximo de diez días.

La oficina andaluza contra la corrupción estará adherida a la viceconsejería de Hacienda, pero la Junta ha blindado al personal que forme parte de ella para garantizar su independencia y autonomía del poder político. “No queremos ni un resquicio por donde se cuelen los corruptos”, ha dicho la consejera María Jesús Montero. Para garantizar esta independencia, la norma ha reforzado dos procedimientos: cómo se selecciona al personal y cómo serán cesados.

El futuro director o directora de la oficina debe ser funcionario con 15 años de carrera y experiencia en el control financiero, la inspección y contratación, la fiscalización y el ámbito jurídico. Su nombramiento se hará a través de una convocatoria pública, pero la selección la hará un tribunal formado por la Intervención General, el Gabinete Jurídico de la Junta y la Inspección General de Servicios. Su puesto sólo podrá renovarse una vez y no podrá ser destituido por el Gobierno. Estará blindado de cualquier posible injerencia o presión política, y su cese dependerá sólo de los condicionantes que establece la ley (enfermedad, incumplimiento de la legalidad, condena en firme…). No tendrá que recibir ni aceptar instrucciones de ninguna autoridad política.

El borrador de la norma que regula esta oficina sale ahora a exposición pública y será analizado y debatido por los grupos políticos y la sociedad civil. Montero espera que el decreto llegue al Parlamento después del verano para que entre en vigor el próximo 1 de enero. La oficina antifraude contará con un presupuesto inicial de medio millón de euros, principalmente para las nóminas de los 15 funcionarios, que podrán concursar por la plaza.