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Andalucía evita más de 3.200 desahucios en un año

La Junta ha abierto un total de 4.460 expedientes. La consejera Elena Cortés destaca que "estos resultados reivindican la utilidad social de la política puesta al servicio de las clases populares"

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La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha detallado este jueves que el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda ha evitado 3.261 desahucios en su primer año de funcionamiento.

Así lo ha explicado en el Parlamento, donde ha hecho balance de los primeros doce meses de funcionamiento de este servicio público y gratuito prestado a través de oficinas de prevención, intermediación y protección puestas en funcionamiento por su departamento en octubre del año pasado. 'El Programa ha cumplido sus objetivos partiendo de la base de que, entre las familias empobrecidas por la crisis y las entidades financieras, el Gobierno andaluz debía romper la neutralidad y ponerse de parte de las víctimas', ha afirmado Cortés.

Entre el 8 de octubre de 2012, fecha de apertura de las oficinas, y el 30 de septiembre del presente año el Programa ha abierto un total de 4.460 expedientes. En la fase de prevención, las oficinas han atendido a 692 personas, el 15,5% del total. La atención en esta fase se presta cuando aún no existe morosidad y es solicitada por familias interesadas en informarse sobre las consecuencias de no pagar las cuotas hipotecarias en el futuro, conocer detalles sobre las posibilidades normativas para evitar desahucios o pedir asesoramiento sobre posibles cláusulas abusivas, entre otras cuestiones.

Cortés ha explicado que la parte 'fundamental' del Programa es la intermediación. Un total de 3.261 personas han sido atendidas en esta fase, el 73,1%. 'Son hombres y mujeres que ya están en mora con la entidad financiera. Que quieren pagar, pero no pueden. Gracias a la intermediación de la Consejería, siguen en sus casas. Hemos evitado su desahucio', ha dicho Cortés.

De estas 3.261 familias que han logrado no ser desahuciadas, 1.157 se han acogido al protocolo de intervención tempranaDe estas 3.261 familias, 1.157 se han acogido al protocolo de intervención temprana, que se aplica en el estadio inicial en el proceso. La solución para estas personas ha consistido en el asesoramiento sobre fórmulas como la dación en pago para acceder a alguna otra alternativa habitacional, la reestructuración de la deuda hipotecaria o la renegociación de las cuotas. Las oficinas les han prestado también asesoramiento sobre suspensión de lanzamientos y justicia gratuita.

En esta misma fase de intermediación, 2.104 personas han acudido solicitando labores de negociación, destacando las renegociaciones de las condiciones del préstamo hipotecario, con acuerdos para la carencia de amortización del capital, ampliación de plazos, reducción del tipo de interés aplicable, retirada de cláusulas suelo, alquileres asequibles, suspensiones de lanzamiento o subasta, entre otras fórmulas.

En la fase de protección se han abierto 507 expedientes, un 11,4%. Las personas que demandan este servicio tienen ya la fecha de desalojo, o 'en ocasiones acuden cuando ya han visto vulnerado su derecho a la vivienda'. Se evalúa si estas familias pueden acogerse a la expropiación del uso para evitar su desahucio, las asesoran para realizar solicitud de viviendas en los registros de demandantes municipales, median ante las entidades financieras o con los juzgados para intentar dilatar los desalojos y colaboran con los servicios sociales de los ayuntamientos para arbitrar soluciones conjuntas.

Cortés ha destacado el 'espaldarazo' que ha supuesto para la fase de protección la aprobación de la Ley de Función Social de la Vivienda, que prevé la expropiación hasta tres años de viviendas embargadas por entidades financieras a familias en riesgo de exclusión social a fin de evitar el desahucio. Además la consejera ha reiterado su petición al Gobierno central, ya formulada oficialmente, de que ceda al Programa las viviendas andaluzas del 'banco malo'. 'Las viviendas vacías en la comunidad deben tener un fin social, jamás un propósito especulativo', ha remarcado.


'Estos resultados reivindican la utilidad social de la política puesta al servicio de las clases populares', ha afirmado Cortés, que ha añadido, no obstante, que 'no hay triunfalismo'. 'Las oficinas prestan una atención paliativa. Los problemas de fondo de muchas de estas familias no están resueltos y persistirán en la medida en que el Gobierno y la mayoría en el Congreso que lo soporta no legisle a su favor. La situación de alerta persiste', ha advertido.

Cortés ha explicado que 'la herramienta verdadera y profundamente transformadora' de la que dispone la Consejería de Fomento y Vivienda es la Ley de Función Social de la Vivienda, aprobada por el Parlamento andaluz el mes pasado. 'Con esa herramienta sí incidimos en el comportamiento del mercado a favor de las familias, propiciando la salida en alquiler del inmenso stock de vivienda vacía existente en Andalucía', ha señalado la consejera.

Un total de 229 ayuntamientos andaluces, un 30% del total, se han adherido mediante convenio a este Programa, además de la Diputación de Huelva, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Cruz Roja y el Colegio Andaluz de Trabajadores Sociales, estando previsto firmar próximamente el respectivo convenio de adhesión con el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (Famsi).

'El Programa ha servido también para abrir brecha en el debate social sobre el problema de la vivienda y para articular un bloque institucional contra los desahucios en Andalucía', ha destacado Cortés, que ha instado a las entidades financieras a que se sumen también a este Programa con la firma de los respectivos convenios. 'La importancia del papel que desempeñan las entidades financieras en la sociedad andaluza es proporcional a la urgencia de que asuman sus responsabilidades y se adhieran a nuestros protocolos en defensa de la vivienda', ha concluido Cortés.