Desde que el PP gobierna España en minoría, condicionado por el resto de formaciones políticas, el Ejecutivo andaluz de Susana Díaz ha endurecido sus posiciones en todos los escenarios de negociación abiertos con Moncloa, ejerciendo una "política de hechos consumados".

Primero con la reposición de la jornada laboral de 35 horas semanales para 270.000 funcionarios andaluces, y ahora con el adelanto de la convocatoria de oposiciones para maestros, que movilizará a casi 30.000 aspirantes. En ambos casos hay abierta una negociación entre el Gobierno y las comunidades autónomas, pero Susana Díaz ha optado por ejecutar su decisión de forma unilateral, forzando al presidente Mariano Rajoy a plegarse o retándole a que lleve el asunto a los tribunales.

El pasado enero, el Ejecutivo andaluz dejó sin efecto el Real Decreto del Gobierno central que ampliaba el horario de los funcionarios hasta las 37,5 horas, restituyendo la jornada de 35 horas para todos los empleados públicos andaluces. Lo hizo obviando el hecho de que Rajoy ya había tumbado en los tribunales la misma medida en País Vasco, Castilla La Mancha y el Ayuntamiento de Madrid.

Esta vez, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, decidió no recurrir el decreto andaluz y se avino a negociar con la Junta. Montoro fijó una fecha para la comisión bilateral, pero Díaz no dejó en suspenso la medida, y ordenó reponer las 35 horas semanales antes de abrir el diálogo con Moncloa. "Si Rajoy recurre el decreto ante el juez, no sólo se enfrentará con este Gobierno sino con 270.000 funcionarios cabreados", advirtió la consejera andaluza de Hacienda, María Jesús Montero.

Esta semana, clave por la celebración este martes del día de Andalucía, la presidenta Susana Díaz repetirá la misma estrategia con las oposiciones al cuerpo de Maestros. El Gobierno central ha advertido a las comunidades autónomas de que si no se aprueban los Presupuestos Generales para 2017, podría peligrar la oferta de empleo público en todas las regiones, un mensaje que ha desatado la incertidumbre en todos los colectivos afectados (profesores, sanitarios, jueces, etcétera).

El nexo entre las cuentas generales y las oposiciones está en la llamada tasa de reposición, esto es, el límite que el Estado impone a la contratación pública. En los Presupuestos de 2016, la tasa de reposición para los servicios básicos (educación, sanidad) era del 100%, es decir, que los gobiernos regionales podían ofertar todas las plazas que hubieran quedado vacantes ese año: de cada diez funcionarios jubilados o fallecidos se podrían sustituir diez.

La Junta de Andalucía entiende que, si Rajoy no logra apoyo a sus Presupuestos para 2017, se prorrogarán los de 2016, y por tanto convocará las oposiciones de este año usando como referencia la tasa de reposición del pasado ejercicio. Puede ser así, pero también puede ser como está sugiriendo el Ministerio de Hacienda, a saber: a través de un Real Decreto Ley que fije un nuevo límite a la contratación. Montoro no ha aclarado qué va a hacer, pero la mera posibilidad vuelca presión en las comunidades y sus gobiernos (muchos del PSOE en coalición con Ciudadanos o Podemos) para que desbloqueen los Presupuestos de 2017.

El Gobierno andaluz ha entendido esta "estratagema" de Rajoy como un "chantaje intolerable", una forma de presionar al PSOE para que apoye las cuentas del Estado, a costa de "meter miedo" a miles de opositores que llevan meses preparándose los exámenes. La reacción del Susana Díaz ha sido inmediata: la presidenta ha ordenado a la Consejería de Educación que redacte la orden de convocatoria de oposiciones para que esta misma semana sea publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

1.885 plazas de Primaria

La oferta de empleo público se ha negociado en tiempo récord con los cinco sindicatos mayoritarios de la enseñanza —1.885 plazas de maestro de Primaria, casi un tercio (1.227) corresponderán a especialidades de Inglés (625) y Francés (602)— y la fecha de los exámenes se ha fijado para el próximo mes de junio. "Aquí habrá oposiciones sí o sí. Yo no acepto chantajes. Ahora, si Rajoy acude a los tribunales para impugnar la convocatoria se las verá con los casi 30.000 aspirantes a una plaza de maestro", advierten desde la Junta.

Además de la oferta de empleo en educación, Andalucía ofertará 3.532 plazas más de funcionarios en sanidad y servicios sociales (ambas respetando la tasa de reposición del 100%) y administración general (con un topo del 50%). La consejería de Hacienda asegura que todos sus informes jurídicos avalan una oferta global de empleo público de 8.000 puestos de trabajo este año, "sin poner en riesgo el cumplimiento del déficit".

El Ejecutivo de Susana Díaz cree ajustarse a la ley y no teme que Hacienda le tumbe las oposiciones, pero lo cierto es que esto ya ha ocurrido en el pasado. En 2012 la Junta ya tuvo que suspender unas oposiciones y devolver las tasas de exámenes a 33.000 opositores porque sacó una oferta superior a la tasa de reposición impuesta por el Gobierno central y éste la recurrió ante el Tribunal Constitucional, con lo que fueron paralizadas.

Sin embargo, en aquella ocasión Hacienda impugnó la oferta de empleo público de Andalucía, porque era superior a la tasa de reposición que fijaron los Presupuestos Generales de aquel año. Esta vez, el Gobierno central no ha amagado en ningún momento con volver a bajar el límite a la contratación (de hecho el año pasado, con las elecciones generales de fondo, lo subió del 50 al 100%). La Junta está convencida de que “no hay argumentos jurídicos” para que Rajoy frene sus oposiciones en los tribunales, de ahí el órdago que le ha lanzado la presidenta. Los Presupuestos de 2016 se prorrogan automáticamente si el Gobierno no ha presentado un proyecto de ley para 2017 antes de septiembre del año pasado (como así ocurrió), pero el Ministerio de Hacienda defiende que la prórroga de los Presupuestos “no es la prórroga de la ley de Presupuestos íntegra”. Según esta lectura, la Junta interpreta que “no habría ninguna tasa de reposición, ningún límite a la contratación pública, por tanto podríamos fichar a más empleados, pero nunca a menos”.

Hasta el momento, siete comunidades han anunciado que aplazarán a 2018 las oposiciones de Infantil y Primaria ante la incertidumbre de que la convocatoria no pueda realizarse porque no hay Presupuestos Generales este año (Castilla La Mancha, Extremadura, Aragón, Castilla y León, La Rioja, Comunidad Valenciana y Murcia).

Otras tantas regiones aún no han decidido qué harán. Díaz ha hablado con algunos barones territoriales socialistas instándoles sin éxito a convocar las oposiciones de maestros, sobre todo en las regiones vecinas a Andalucía, porque si no hay oferta de empleo allí, se producirá un "efecto llamada" de opositores del resto de España a esta comunidad. Sin embargo, los presidentes autonómicos socialistas de Extremadura, Castilla La Mancha o Aragón dependen del frágil apoyo de Podemos en sus regiones, y no cuentan con un gobierno tan estable como el de Díaz en Andalucía, que fue la primera en aprobar los Presupuestos Autonómicos de 2017 gracias al apoyo de sus socios (Ciudadanos).

Díaz siempre se ha reivindicado

Hasta las elecciones autonómicas del año pasado, el Gobierno andaluz era el único que ejercía como alternativa a las políticas del Ejecutivo central, tildadas por el PSOE de "austericidas". Los socialistas andaluces gobernaban una comunidad de 8,4 millones de habitantes, un punto rojo en medio de un mapa azul, rodeado de comunidades dirigidas por el PP. La presidenta Díaz utilizó este contraste para reivindicar que se podía gestionar la crisis desde la izquierda, sin necesidad de aplicar drásticos recortes en el gasto social ni privatizar servicios fundamentales.

En Andalucía, como en el resto de territorios, hubo recortes impuestos por el Gobierno y recortes propios. Menguaron las plantillas de médicos y de profesores. Se ajustaron los salarios de los funcionarios, se aumentaron las horas de trabajo, se incrementaron las horas de espera en los centros de salud, se prescindió de miles de maestros interinos y se sacrificó al personal de refuerzo para alumnos con problemas de aprendizaje.

Pero también se adoptaron otras medidas de contención para amortiguar el impacto de los recortes: no se privatizaron hospitales ni servicios auxiliares, no se aumentó la ratio de alumnos por clase (aunque ya estaba en su nivel máximo), no se subió el precio de las matrículas universitarias (las más baratas de España), no se eliminó el gasto en dependencia (la Junta asumió el 75% cuando el Gobierno dejó de aportar su 50%).

Susana Díaz también usó en su provecho este relato para reivindicarse a sí misma, a través de una serie de actos públicos en Madrid que empezaron a cimentar su figura de "mujer de Estado", líder de facto y referente fundamental en el PSOE, incluso por encima del entonces secretario general, Pedro Sánchez. Pero esa es otra historia cuyo final está aún por escribir.