MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito este lunes ante el juez de Instrucción número 31 de Madrid, que investiga al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y a su asesor fiscal por delitos fiscales y de blanqueo de capitales solicitando que el caso se lleve en la Audiencia Nacional, al existir indicios de la comisión de delitos cometidos en el extranjero.

En dicho escrito señala el fiscal que, como resultado de un informe remitido por la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF) al Juzgado el 21 de julio pasado -un día antes de ser citado Rato a declarar, si bien se negó a hacerlo-, han surgido nuevos datos indiciarios de la comisión de un presunto blanqueo cometido en el extranjero, resultante de las inversiones efectuadas por Rato, mediante la sociedad alemana Bagerpleta GmbH, propietaria de un hotel en Berlín, de la que Rato ha sido administrador hasta abril de 2015.

Considera la Fiscalía que las inversiones en dicha sociedad alemana se habrían llevado a cabo a través de la sociedad Kradonara, SL, cuya matriz es la sociedad británica Vivaway Ltd, propiedad, a su vez, de RATO. Los flujos de dinero que Kradonara ha remitido a Bagerpleta GmbH entre 2011 a 2014 tienen un presunto origen ilícito, dimanante de delitos de corrupción entre particulares y delito fiscal.

De acuerdo con el artículo 65. 1 e) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, LOPJ, la competencia corresponde a la Audiencia Nacional, según el Ministerio Público, que pide al instructor de la causa que se inhiba en favor de la Audiencia Nacional.

"Los flujos de dinero que Kradonara ha remitido a Bagerpleta GmbH entre 2011 a 2014 tienen un presunto origen ilícito, origen de delitos de corrupción entre particulares y delito fiscal", subraya para reclamar al juez de Madrid Antonio Serrano-Arnal que se inhiba en favor de la Audiencia Nacional por considerarlo el tribunal competente.

Un delito que, al principio, no estaba "mínimamente aquilatado" para Anticorrupción", una situación que ha cambiado con el nuevo informe que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) ha enviado al Juzgado el pasado 21 de julio.

En el primero, la ONIF dedicaba buena parte de su documento a la sociedad Kradonara, que fue constituida en noviembre de 2001, y con la que presuntamente Rato no declaró en el Impuesto de Sociedades de 2011 a 2013, con lo que podría haber defraudado más de un millón de euros.

Además, relataba que el que fuera llamado a suceder a José María Aznar al frente del PP donó en julio de 2013 a sus hijos sus participaciones de las sociedades Aurosur, Rodanman Gestión, Explotaciones Carabaña y Rafi por valor de 2,6 millones, que después recompró mediante ampliaciones de capital utilizando Kradonara.

Un año después vendió sus participaciones en Kradonara a Vivaway, que pasó a ser su socio único. A ello unía la posibilidad de que Rato facturara sus servicios a Telefónica o al Banco de Santander a través de esta mercantil "al objeto de evitar su tributación en el IRPF".