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Operación Lezo Anticorrupción pide prisión incondicional para Ignacio González, que lo niega todo

El expresidente autonómico, detenido el pasado miércoles, ha declarado durante dos horas y cuarenta y cinco minutos ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Niega ante el juez todas las supuestas irregularidades que le imputa.

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El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González es trasladado desde la Comandancia General de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid) a la Audiencia Nacional para prestar declaración ante el juez Eloy Velasco en la operación Lezo que investiga la corrupción en el Canal de Isabel II. EFE/Santi Donaire

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado prisión sin fianza para el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, tras su declaración ante el juez Velasco por su implicación en la trama presuntamente corrupta desarticulada en la Operación Lezo, por presunta corrupción en la gestión del Canal de Isabel II, han informado fuentes jurídicas..

González ha negado ante el juez todas las supuestas irregularidades que le imputa el magistrado, según han informado fuentes jurídicas. Durante el interrogatorio se han reproducido varias conversaciones pinchadas en las que aparece González de interlocutor. Las mismas fuentes han indicado que algunas de las preguntas que le han hecho han versado sobre por qué no denunció ciertas irregularidades a su llegada al organismo en 2003.

Detenido el pasado miércoles, González ha declarado durante dos horas y cuarenta y cinco minutos ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Antes de él han pasado a disposición judicial su hermano Pablo y su cuñado José Juan Caballero, que se ha negado a declarar.

La defensa de González hasta este viernes ha sido ejercida por el letrado Gonzalo Rodríguez Morurullo, que acompañó a su cliente durante los registros en su despacho y su domicilio. No obstante, en las últimas horas el exmandatario ha cambiado de abogado y durante la declaración fue asistido por Esteban Mestre.

El resto de detenidos en la operación pendientes de declarar este viernes ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6 son el consejero de OHL Javier López Madrid y el que fuera consejero delegado de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás, que está previsto que sean interrogados en las próximas horas.

A las siete de la tarde aún estaba pendiente de conocerse de forma oficial la decisión que adoptará el juez Velasco respecto del expresidente ejecutivo ejecutivo de la Empresa Interamericana de Aguas y Servicios (Inassa), filial del Canal de Isabel II (actual consejero delegado de la empresa editora de La Razón) para quien la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado prisión incondicional tras oírle en declaración.

Antes de él, la primera en pasar a disposición del instructor del caso ha sido la exsecretaria de Sobrino, Clarisa Guerra, quien ha quedado en libertad aunque con la obligación de comparecer mensualmente en el Juzgado. El magistrado investiga, entre otras operaciones presuntamente fraudulentas, el desvío de fondos del Canal de Isabel II por importe de 25 millones de euros a través de sociedades y filiales en Latinoamérica.

Velasco decretó anoche el ingreso en prisión provisional eludible bajo el pago de una fianza de 4 millones de euros para la exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond y de 100.000 euros para el exgerente Adrián Martín --que ya ha prestado aval- y que fueron los primeros en pasar a disposición del juez en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la empresa pública de gestión del agua.

Además el juez también tomó declaración el jueves en calidad de investigado al empresario Adrián de la Joya por su implicación en la trama relacionada con el cobro de una comisión de la multinacional OHL, y le ha dejado en libertad sin medidas cautelares.

La operación Lezo estalló este miércoles y llevó inicialmente a la detención de 12 personas, de las que tres fueron puestas en libertad en las siguientes horas. Además del registro en las dependencias del Canal de Isabel II, la operación que desarrolla la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado también a la intervención en las sedes de OHL, Indra, Saerco y Licuas, además de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) de la Comunidad de Madrid.

Además, los agentes solicitaron en la sede de la consultora PriceWaterhouseCooper (PWC) los contratos de esta compañía con Agencia de Informática y Comunicación del Gobierno autonómico.