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Anticorrupción sale al quite del presidente de Murcia: ellos no le acusan

La Fiscalía opone a investigarlo porque no llegó a contratar con la trama Púnica. El juez instructor considera que no hubo tales pagos “al explotar” la operación policial y judicial del caso.

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El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, durante la rueda de prensa que ha ofrecido tras conocer el auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que ha abierto una causa contra él y la senadora Pilar Barreiro. EFE/Marcial Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha salido al quite del actual presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, después de que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco haya dictado un auto en el que acuerda que debe ser investigado por los supuestos delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada en la contratación de una empresa de la trama Púnica.

El ministerio público se opone a investigar al presidente de Murcia porque considera que no llegó a contratar con la trama, en concreto con el conseguidor Alejandro De Pedro cuando era consejero de Educación. En cambio, solicita elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo para investigar a la senadora Pilar Barreiro.

Sin embargo, el juez central de instrucción 6 sostiene en el auto en el que conforma la piza separada sobre estos dos aforados que no hubo tales pagos porque "explotó" la operación del caso Púnica.

Tanto el caso de Pedro Antonio Sánchez como de Pilar Barreiro gira en torno a los amaños para contratar servicios de publicidad personal destinados a lograr una buena reputación on line que fueron camuflados como de contratos de formación de la consejería de Educación, dirigida entonces por el actual presidente de Murcia.

En una nota de prensa, la Fiscalía asegura que “más allá de la dificultad de deslindar los contratos de publicidad institucional y los de buena reputación política y personal de los cargos públicos, cuya línea divisoria es ciertamente tenue” entiende que en el caso de la senadora su participación “aparece sustentada en diversos indicios que merecen ser investigados”.

"Distinta valoración merece la conducta del otro aforado, D. Pedro Antonio Sánchez, por entender que no llegaron a formalizarse contratos de publicidad y no se ha producido perjuicio alguno para las arcas públicas", expone el ministerio público en la nota de prensa.

La exposición razonada sobre Barreiro -con los indicios que existen respecto a ella- se debe elevar al Tribunal Supremo, donde está aforada al ser senadora. En cambio, la de Sánchez se eleva ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.

Por el contrario, el juez Eloy Velasco expone en su auto que estos trabajos ascendían a 4.600 euros para los dos políticos, "los cuales se pactó se pagaran a través de facturación de la Consejería de Educación de la Región de Murcia, mediante el concepto -nada que ver con la realidad de la reputación personal-. de formación". Y así figura en los "informes de preventa" descubiertos en el registro de las empresas de Alejandro de Pedro.

Estas trabajos "no se llegaron a cobrar -se iban a comenzar a facturar en noviembre de 2014 hasta mayo de 2015- al explotar la operación policial y judicial de esta llamada 'Operación Púnica' que lo abortó, sostiene el juez Velasco en su auto.

El juez considera también "significativo" el comentario que hace De Pedro a su empleada Sara Gargallo: "a ver si para mayo pudiera tener eso limpio, sabiendo que tiene Web, Youtube y que es un tío que genera mucho contenido", trabajos que, insiste el juez, "serían facturados bajo conceptos relacionados con la 'formación' y que incluirían" la promoción de Barreiro, entonces alcaldesa de Cartagena.

Esta promoción de la reputación de Pedro Antonio Sánchez iba a arrancar en noviembre de 2014, con una duración de siete meses, y se iba a realizar en la precampaña electoral en la que el político concurrió como candidato a la presidencia de Murcia.

Pocos días antes del inicio de este trabajo, el 27 de octubre de 2014, la Guardia Civil detenía a los integrantes de esta trama que adjudicó 250 millones de euros en contratos públicos a cambio de mordidas del 2 y 3%.

Entre los detenidos se encontraba el propio De Pedro y también Francisco Granados, ex número dos del Gobierno de Esperanza Aguirre y a cuyo apellido alude el nombre de la operación (granada, punica granatum).