Foto de familia, aplausos, besos y abrazos ha sido lo que han hecho los diputados de JxCat, ERC, Comuns y PSC, junto con entidades sociales, una vez aprobada, finalmente, la ley sobre las lenguas en la escuela con la que el Govern quiere driblar la sentencia del 25% de castellano en las aulas.

Con 102 votos a favor, 29 en contra y una abstención, se trata de una ley que llega tarde. Primero, por las dificultades en la negociación -JxCat se desmarcó de un acuerdo previo, alcanzado en marzo-, y después por los intentos de obstrucción de Vox, PP y Ciudadanos, que la enviaron al Consejo de Garantías Estatutarias. El ente parlamentario la validó este martes, confirmando que se adecuaba al marco legislativo vigente. Más de una semana más tarde, eso sí, y una vez superado el plazo que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) había dado a la Generalitat para cumplir la sentencia.

Esta ley es la herramienta principal, pero no la única, con la que el Govern ha dado respuesta a la sentencia del TSJC con la intención de no cumplir porcentajes. La segunda se trata de un decreto-ley aprobado la semana pasada, que esquiva la aplicación de parámetros numéricos y establece que el Departament d'Educació es el responsable último de los proyectos lingüísticos de cada escuela.

Hacia el Tribunal Constitucional

La ley se ha aprobado en el Parlament tras dos horas de debate, muy crispado por parte de las formaciones españolistas, que han acusado a los partidos impulsores de la norma -no todos ellos independentistas- de legislar a favor del "monolingüismo" y contra el castellano. "Defender el catalán no es atacar al castellano, que también es lengua materna de muchos catalanes", les ha recordado el presidente del grupo del PSC, Salvador Illa.

Las tres formaciones ya habían anunciado, y han reiterado, que se querellarán contra los responsables de desobediencia por "incumplir la sentencia" y también que llevarán la nueva norma al Tribunal Constitucional. El PSC, de nuevo, esta vez por voz de la portavoz del grupo, Alicia Romero, ha defendido que no hay nada en el texto que contradiga ni el Estatut d'Autonomia ni la Constitución, ni tampoco que vaya contra el castellano. La ley reconoce por primera vez su rol dentro del sistema educativo otorgándole el calificativo de "lengua de uso curricular".

Sin embargo, el PSC sí ha reprochado al Govern "no haber preservado el consenso" con el impulso del decreto-ley, que consideran "desafiante" porque establece que no se aplicará ningún tipo de porcentaje ni hace mención al uso curricular del castellano. "Pensamos que esto no es respetar los acuerdos y representa una mirada estrecha", ha criticado Romero.

En conjunto, los cuatro partidos impulsores han celebrado el trabajo realizado que ha permitido llegar a un acuerdo "de consenso", una cuestión especialmente destacada por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha hecho una intervención que no estaba prevista.

Aragonès ha hecho hincapié en que las negociaciones han requerido "aceptar matices y no ir a la velocidad a la que se hubiera querido", pero ha puesto en valor el "gran acuerdo de consenso" que está abierto a que los que no lo han hecho se puedan sumar más adelante. "No dimitimos de nuestra responsabilidad de legislar en las cuestiones de país", ha aseverado. Los Comunes, por su parte, se han felicitado por "blindar la inmersión pese al ruido y la crispación", en palabras de la presidenta del grupo, Jéssica Albiach.

Interpretaciones divergentes

La ley siempre ha tenido interpretaciones diferenciadas por parte de los propios impulsores. El PSC afirma que "reconoce por primera vez al castellano" en la escuela, un diagnóstico que comparte con la CUP, que ha ejercido una oposición frontal por este motivo. "Se trata del primer paso para introducir el bilingüismo en las escuelas catalanas", ha denunciado el diputado Carles Riera, quien ha criticado también la "falta de consenso real" con las entidades y el sector educativo. JxCat, ERC y Comuns, por su parte, no comparten esta visión y defienden que el texto engloba una "proposición de consenso" en cuanto a los usos lingüísticos.