La Ley de Bioclimatización de los colegios de Andalucía fue aprobada este miércoles por unanimidad en el Parlamento. La norma, que impulsó la pasada legislatura Adelante Andalucía, después de que el calor dificultase el cierre del curso en el año 2017, recibió además del partido promotor los apoyos de Vox, PP, Ciudadanos, PSOE.

Esta es la primera ley que la oposición logra sacar adelante en Andalucía desde la Ley de Senderos en la pasada legislatura. No es frecuente que los Gobiernos se obliguen a aceptar normas que vienen de lugares muy diferentes, pero en este caso, tanto PP como Ciudadanos tienen vínculos con la norma, porque la apoyaron desde el principio de su tramitación.

El impulso de la plataforma Escuelas de Calor ha sido decisivo para que Adelante no se ‘olvidara’ de la ley. En su defensa, el diputado José Ignacio García, dijo en la tribuna: "Es un avance para la educación pero no es la solución para todos los problemas. Genera un derecho y es el principio del camino". 

El ámbito de la nueva norma abarca todos los colegios públicos de Andalucía, que en un plazo máximo de 6 años –18 meses los que se consideren prioritarios– deberán contar con una auditoría energética ejecutada, pero también permite actuaciones en los colegios privados y concertados.

García señaló que le gustaría que las auditorías energéticas" que la norma contempla "se hicieran desde lo público", o que hubiera "más elementos de participación de la comunidad educativa", así como que "garantizara una figura como la del coordinador medioambiental en los centros educativos".

Energía renovable

El objetivo de cualquier "actuación edificatoria", es decir, de cualquier obra será "la renovación del aire y mantener la temperatura interior de los espacios habitables en un intervalo de temperatura" que garantice "el confort adaptativo térmico".

La ley prevé que "la energía requerida procederá preferentemente de fuentes renovables", pero podrá provenir de otras también. La Consejería de Educación tendrá que elaborar una guía técnica que asegure "que la construcción de nuevos edificios educativos se lleve a cabo con técnicas de bioclimatización y el uso de renovables".

La norma habilita a la Junta para la creación de un equipo de "gestores energéticos", que asesorarán a los centros educativos sobre un consumo energético sostenible, "independiente de los centros educativos", que será seleccionado o bien "entre empleados públicos" de la Consejería de Educación o bien de "entidades instrumentales dependientes" o bien entre "personal externo habilitado". Anualmente, la Junta de Andalucía formará al personal educativo en gestión energética.

Todas estas actuaciones "se financiarán preferentemente con fondos europeos y transferencias finalistas del Estado", se lee en la ley, "sin perjuicio de que para garantizar el cumplimiento de sus objetivos puedan utilizarse otros fondos de la Junta de Andalucía".